Quito, EFE
La Fiscalía General del Estado convocó al presidente de Ecuador, Lenín Moreno, para que el próximo miércoles rinda su testimonio en el caso del informático sueco Ola Bini, amigo de Julian Assange y en prisión por su supuesta participación en una red de espionaje, informó este viernes el letrado Carlos Soria.
Soria, abogado del informático detenido en Quito, confirmó que Moreno fue convocado a partir de las 09.00, mientras que la ministra del Interior, María Paula Romo, deberá comparecer un poco más tarde ese mismo día.
Se trata de versiones «libres y voluntarias», puntualizó el defensor de Bini, quien aseguró que aún desconoce las razones por las cuales su cliente fue detenido el pasado 11 de abril cuando se aprestaba a salir del país con destino a Japón.
Ese mismo día, el Gobierno ecuatoriano le retiró el asilo del que gozaba desde 2012 el fundador de WikiLeaks, quien se encuentra ahora detenido en el Reino Unido a la espera de una posible extradición a Suecia o EE.UU.
Soria sostiene que la detención de Bini se produjo «sin que se emita una acusación formal».
También explicó que su cliente ha solicitado rendir su versión antes de conocer las supuestas pruebas que lo incriminan como «hacker».
La semana pasada se llevó a cabo la audiencia de caución solicitada por la defensa de Bini para que sea dejado en libertad bajo fianza.
En esa vista, la jueza Marisol Proaño negó la solicitud de fianza, alegando que la Fiscalía al momento «no ha logrado determinar el perjuicio que realizó Bini en contra del Estado» y que, por lo tanto, no se podía determinar un monto.
El pasado 7 de mayo, un Grupo de Trabajo de la ONU sobre Detención Arbitraria solicitó al Estado ecuatoriano que proporcione información sobre la detención y advirtió de que expresará públicamente sus «preocupaciones» sobre el caso.
El escrito, remitido al representante ecuatoriano ante la Oficina de la ONU y otras organizaciones internacionales en Ginebra, llama a a Ecuador a aclarar las causas que llevaron a la detención del sueco así como las medidas adoptadas para «identificar y remediar cualquier violación» de sus derechos humanos.
Sobre ello, el Gobierno ecuatoriano ha afirmado que responderá al requerimiento porque dice no tener nada que esconder.