¿Qué ha pasado con los fondos para la reconstrucción de Manabí y Esmeraldas, tras el terremoto del 16 de abril de 2016? La pregunta se responde con sospechas y algunas evidencias de que no habrían sido destinados únicamente para ese fin.
La Contraloría inició más de 91 exámenes especiales. En uno de ellos estableció una glosa de 6 millones de dólares por irregularidades en 11 instituciones, especialmente en el Ministerio de Finanzas. El ente de control encontró, por ejemplo, la entrega de 26 millones de dólares por devoluciones del IVA a municipios.
El Dato
En 2018, se entregaron 77 obras a cargo de 18 entidades, por 266 millones. Además, a diciembre de ese año estaban en ejecución 93 intervenciones por más de 900 millones. El Consejo de Participación Ciudadana Transitorio presentó este año una denuncia por el presunto cometimiento de los delitos de peculado, testaferrismo, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias para, entre otras cosas, favorecer contratos a empresas con vínculos familiares de funcionarios públicos y adjudicar obras con incremento de costos por millones de dólares.
Además, la Fiscalía tiene abiertas varias indagaciones previas. La más reciente comenzó esta semana para investigar la presunta responsabilidad de 12 personas en supuestas irregularidades identificadas por la Contraloría en la contratación de obras.
Allí se incluyen el exvicepresidente Jorge Glas, el exgerente general (s) de la Empresa Pública de Desarrollo Estratégico ‘Ecuador Estratégico’, Pablo Ortiz, y el exsecretario técnico del Comité para la Reconstrucción y Reactivación Productiva, Carlos Bernal.
El informe del ente de control analizó, entre otras, la vía de acceso al puerto de Manta y la construcción del parque Las Vegas, en Portoviejo, y concluyó que Ortiz utilizó los fondos específicos para “enfrentar las consecuencias del terremoto”, en “una vía que no estuvo afectada y un parque que no existía al momento del evento sísmico, sin la justificación de su contratación”.
Los recursos
Los fondos recaudados para la reconstrucción de las dos provincias, donde fallecieron 671 personas, correspondían a lo dispuesto por la Ley de Solidaridad y Corresponsabilidad Ciudadana, aprobada por la Asamblea Nacional en 2016. Una de las medidas fue el incremento del IVA del 12% al 14%. También se recibieron donaciones.
45 mil
soluciones habitacionales para los damnificados era la meta del Plan de Reconstrucción y Reactivación. De acuerdo con el informe del Comité de Reconstrucción y Reactivación Productiva, entregado a la Asamblea Nacional en febrero de este año, el presupuesto planificado para el periodo 2016-2021 es de 2.894 millones de dólares.
Pero el dinero no se mantuvo en la cuenta específica del Presupuesto General del Estado, como establecía la disposición general tercera de la Ley. En julio de 2016, durante el gobierno del expresidente Rafael Correa, un oficio reservado de la Secretaría del Tesoro Nacional evidenció una transferencia de 120 millones de dólares.
Algo similar ocurrió el 29 de diciembre de 2017 cuando el exministro de Finanzas Carlos de la Torre traspasó 300 millones de dólares a esa cuenta, para cubrir la iliquidez del país. A pesar de que el dinero fue devuelto el 10 de enero de 2018, De la Torre atravesó un juicio político, que no fue aprobado, y el exasambleísta Andrés Paéz le denunció en la Fiscalía.
La asambleísta esmeraldeña Mae Montaño confirmó que “siempre hubo el presentimiento” del presunto uso irregular del dinero. “Al pueblo ecuatoriano no le queda más que indignarse terriblemente de esta corrupción por todos lados”, de la que “no se escaparon los fondos de Esmeraldas y Manabí, cuando todavía hay personas que viven en carpas, que no recibieron la ayuda necesaria”, criticó.
Por eso manifestó su respaldo a la investigación de Fiscalía, al igual que el integrante de la Comisión Nacional Anticorrupción, Germán Rodas, quien señaló que la filial de Manabí, hace más de dos años, denunció la existencia del problema.
“El régimen anterior no reparó sobre el drama y el dolor humano que significó el terremoto y, efectivamente, han usado esos recursos como les dio la gana en beneficio de sus intereses”, puntualizó. (AGO)