Juan Sebastián Vargas
Horrorizados hemos palpado los asesinatos suscitados en la Penitenciaria del Litoral y en la Cárcel de Latacunga, el caso más infame fue el de Guayaquil en donde hasta incineraron a un interno y asesinaron despiadadamente a unos cuantos más y es que las imágenes que circulaban eran totalmente grotescas, la sobrepoblación carcelaria ha superado el 160% y ha convertido a estos centros de rehabilitación en verdaderas escuelas del crimen, los presos cuentan con acceso a drogas, armas y teléfonos celulares, se han formado mafias internas quienes justamente son los que controlan estos centros, quizá hasta la misma policía le da temor entrar a los pabellones donde se encuentran los delincuentes más peligrosos, el hacinamiento ha llegado al 40%, según datos de la cárcel de Latacunga; semanalmente llegan entre 50 y 100 nuevos detenidos y a la fecha ya no hay ni recursos ni infraestructura para tanta gente, de hecho hay centros que carecen de sistemas de videovigilancia y otros que se encuentran en “mantenimiento”, fugarse de estos lugares es sumamente fácil para los delincuentes más avezados, según un informe de la Defensoría del Pueblo una de las razones para que se incremente la población carcelaria es justamente el uso excesivo de la prisión preventiva, de lo que se conoce existe un mecanismo para reducir esta problemática y es justamente las “solicitudes de prelibertad” es decir, según la norma las personas que cumplieron el 60% de sentencia podrían acogerse a este beneficio pero lamentablemente aquí viene otra problemática, y es que probablemente esta gente que puede acogerse a la prelibertad no son individuos totalmente rehabilitados sino que en su gran mayoría regresan a cometer delitos, que peligroso puede ser que por el hecho de reducir la población carcelaria se agiliten boletas de libertad sin un procedimiento riguroso.
La situación es muy grave y la delincuencia sigue creciendo, hay que adicionar que lamentablemente en la migración por la crisis venezolana no solo entran refugiados sino también malhechores y eso agudiza el problema. Invertir en seguridad debe ser siempre una prioridad del estado y los ciudadanos debemos exigir este derecho básico.