Los últimos hechos de violencia en la cárcel de Guayaquil ponen nuevamente en duda las medidas que se han tomado desde el 16 de mayo, cuando se decretó Estado de Excepción. Para el experto en seguridad, Lautaro Ojeda, la principal falencia es que no se ha atacado el problema estructural ni se ha logrado recuperar el control al interior de las cárceles, que está en manos de grupos de delincuencia organizada que se comunican desde el exterior.
Según su análisis, las Fuerzas Armadas y la Policía han estado cumpliendo un “papel obligado”, pues no están capacitados para controlar el sistema carcelario. Sostiene que es urgente que se prepare a agentes penitenciarios a largo plazo como se lo hace en Chile, donde la formación dura dos años. Además, dice que la violencia continuará porque las disputas son entre las bandas y no contra el Gobierno.
Ricardo Camacho, también experto en seguridad, critica principalmente que hasta ahora no se conozca una planificación concreta sobre las acciones y el destino que tendrá el presupuesto que se transfiera para la emergencia. Menciona que los errores han ido hasta el extremo de “desprestigiar” al Grupo de Intervención y Rescate (GIR), que ahora se mancha por los agentes que fueron secuestrados el martes y que entraron armados, cuando está prohibido que lo hagan.
Sobre los cambios en la estructura desde la desaparición del Ministerio de Justicia, Camacho dice que “todo se fue a cero” y que también la renuncia de Ernesto Pazmiño a la dirección del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad y Adolescentes Infractores (SNAI) fue tardía y dejó la situación en el “abismo”.
Falta de coordinación
Otra de las críticas de Camacho es que no se ha logrado concretar un trabajo coordinado que debería tener como cabeza a un organismo técnico, dispuesto en el artículo 202 de la Constitución.
EL DATO
Ayer inició el diálogo por la seguridad ciudadana que incluye un eje de Rehabilitación Social.El defensor del Pueblo, Freddy Carrión, también insistió en su solicitud al Gobierno para que convoque urgente a este organismo, “para controlar la situación” y que se presenten alternativas a la crisis del sistema penitenciario.
Al inicio de la emergencia, las autoridades incluso hicieron un llamado al Consejo de la Judicatura para que revisara el abuso de la prisión preventiva y a otras instituciones, pero aún no ha habido una respuesta. Ayer, diferentes autoridades se pronunciaron sobre el tema, entre ellos Santiago Cuesta, consejero presidencial, quien cuestionó que el 5% de los policías estén cuidando las cárceles en vez de estar en las calles protegiendo a la ciudadanía. Dijo que el problema es muy antiguo.
¿Quién responde por las muertes?
En lo que va del año, cerca de 10 personas han sido asesinadas en el interior de las cárceles. Billy Navarrete, secretario del Comité permanente por la defensa de los Derechos Humanos, explica que quien tiene que responder por las muertes es el Estado, porque se han dada bajo su custodia.
El activista critica que aún no haya un mecanismo que garantice la vida de los presos dentro de las prisiones y que no exista información oficial sobre las cifras reales ni de investigaciones al respecto. (PCV)
Asesinados en Estado de Excepción
Cronología
°Mayo 19. Penitenciaría del Litoral. Mueren dos hombres que compartían celda. Según el parte policial, Renzo de Jesús Romero Llapa disparó dos veces a la cabeza de Luis Miguel Pincay Gómez y lo mató. Después, Romero habría ido a su celda y otros reclusos lo apuñalaron, murió en el hospital.
° Mayo 30. Penitenciaría del Litoral. Seis presos de distintos pabellones mueren durante una balacera, a uno lo incineran. Gobierno cambia al director Alfredo Muñoz por Héctor Reyna Vivar.
° Junio 11. Cárcel Regional Guayaquil. Asesinan a Humberto P., alias ‘Cubano’. Lo cortan en partes y lo graban en video. Hay una balacera y secuestran a agentes del Grupo de Intervención y Rescate (GIR).
° Cárcel de Turi. Reos del pabellón Tomebamba protestan por aislamiento y un hombre resulta herido en una riña.