Resulta desesperante y peligroso el estado de Anomia, en que nos encontramos los ecuatorianos. No se trata únicamente de observar y maldecir, en las redes sociales, la putrefactante corrupción que ahora sabemos cubre como con un manto de impunidad a toda la administración pública. No, no es solo eso. Es también la simpatía que produce en el ciudadano ecuatoriano esa práctica social, que bien puede llamarse deporte nacional, de inobservar la ética y las buenas prácticas que dignifican la vida cotidiana de una sociedad.
Las leyes son el instrumento que construyó, a lo largo de la historia, la especie humana para poder medir la corrección de las relaciones sociales; por eso, todos estamos llamados a cumplirla, aún en el caso de que fuera en contra de nosotros o no fuera de nuestro agrado.
La semana pasada, la prensa nacional daba a conocer una serie de actos que al estar reñidos con la ley, constituyen un paradigma de lo incorrecto, de lo tramposo, de un atentado contra una civilizada convivencia.
A la Corte Constitucional, llamada a proteger la Constitución, no le está permitido el legislar ni el interpretarla. Cuando la redacción de un artículo es clara y taxativa, los jueces de esta Corte no pueden distorsionar su accionar, aprobando resoluciones que no coinciden con la letra y espíritu de la Constitución. Sin embargo, 5 jueces aprobaron una resolución que interpreta y modifica lo que manda la Ley.
Dice la Constitución, en el Art. 67, que:.- “Se reconoce la familia en sus diversos tipos. El Estado la protegerá como núcleo fundamental de la sociedad y garantizará condiciones que favorezcan integralmente la consecución de sus fines. Estas se constituirán por vínculos jurídicos o de hecho y se basarán en la igualdad de derechos y oportunidades de sus integrantes”. Y continúa: “El matrimonio es la unión entre hombre y mujer, se fundará en el libre consentimiento de las personas contrayentes y en la igualdad de sus derechos, obligaciones y capacidad legal.
Si la sociedad quiere cambiar este concepto, debe proceder conforme lo manda la propia Constitución, es decir, convocando a una nueva Constituyente o convocando a un referéndum. Pero la Corte Constitucional no está facultada para modificarla; al haberlo hecho, mediante una resolución, los jueces han caído en un delito de prevaricato, y deben ser destituidos de sus cargos.
Pero, lo más grave, es la anomia en la que ha caído la sociedad ecuatoriana. No han normas que se respeten y nadie hace nada por defenderlas.