Roque Rivas Zambrano
Lo que queda del ex Registro Civil, ubicado en Turubamba, en el sur de Quito, apenas se puede divisar entre los huecos del saquillo verde que cubre las rejas. El cerramiento de cemento, cubierto en su totalidad de grafitis, huele a orina. En la parte frontal, una familia de indigentes comparte la visera con cuatro perros grandes. Dos hombres, una mujer y un niño, ocupan colchones desgastados por el uso y combaten el frío con mantas térmicas. Han improvisado un baño en una esquina y los canes arrastran sobras de comida hasta el lugar para compartir con estas personas, a las que han adoptado como dueños.
En 2010 el panorama era distinto. Entonces Correa inauguraba, con bombos y platillos, las instalaciones remodeladas, una obra que costó 2’472.000, que incluía el diseño de oficinas y sistemas de redes. Tres años después, un informe reconoció que la zona es históricamente inestable. La agencia representaba un riesgo inminente, debido a la falla geológica que afecta el sector. Como consecuencia, el edificio sufrió cuarteamientos, movimientos de vigas y hundimientos lentos. El peligro era el colapso de la infraestructura, que ponía en riesgo a usuarios y funcionarios.
La imagen actual del ex Registro Civil es una metáfora visual de lo que sucede con el Estado: el resquebrajamiento de las instituciones expone a la sociedad a un cataclismo casi inevitable. La crisis migratoria, que ha provocado que, al menos, 2.000 venezolanos ingresen al día al país a través de la frontera norte, ha agudizado las condiciones de pobreza, desempleo y mendicidad. Lamentablemente, en este caso, no hay solución fácil. No se puede “reubicar” esta problemática, que es la constancia de un éxodo que no va a disminuir sino, al contrario, va a incrementarse progresivamente…