Mariana Velasco
Las elecciones no resuelven los conflictos de una nación atribulada, pero los ciudadanos deben ser el contrapeso del poder para caminar hacia una democracia madura. La llama de vigilancia social debe encender las alarmas, a través de una presión organizada y pacífica, que permita logros colectivos en beneficio de los habitantes de un país.
El proyecto de reforma al Código de la Democracia (78 artículos) permanece en la Asamblea Nacional, sin fecha para el segundo debate. A los ecuatorianos, mal acostumbrados a vivir de coyuntura en coyuntura, les tocó el turno de lo político-electoral. No en pocos sectores, está despierta la urgente necesidad de hacer cambios al conjunto de normas.
Algunas de las propuestas que reposan en la función legislativa, son iniciativas de actores políticos, autoridades electorales o instancias de la sociedad civil. Desde el ámbito ciudadano, surge la duda: si se trata de colocar parches, hacer una reforma integral o dejarla como está. Hay evidencias de que en la normativa electoral persisten vacíos: excesivo número de candidatos, presuntas aportaciones ilegales a campañas electorales, financiamiento de organizaciones políticas, retrasos en posesión de autoridades, entre otras.
Si las nuevas propuestas deben ser o no incorporadas al informe para segundo debate, será prueba de fuego para César Litardo, Consejo Administrativo de la Legislatura, Comisión de Justicia y el pleno de la Asamblea. Mecanismos jurídicos hay, voluntad política, pongo en duda.
Es obligación de los ecuatorianos de a pie, ser el contrapeso instrumental de la democracia para desechar compadrazgos, amiguismos y ciertas tentaciones regresivas que aún rondan en el territorio nacional.
Queda poco tiempo para viabilizar las reformas y nadie debe adueñarse de ellas. Son los ciudadanos, convertidos en custodios sociales, quienes deben exigir para el país, una reforma electoral basada en principios éticos y democráticos. Esa sería una conquista colectiva.