Ángel Polibio Chaves
En los próximos días, la Asamblea Nacional abordará el tema de reformas y enmiendas a la Constitución de la República de la más variada naturaleza; desde el recorte a las facultades del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, hasta la reducción del número de miembros de la Asamblea, pasando por la distribución de recursos para los gobiernos seccionales autónomos y desde luego, mecanismos para frenar la hasta ahora incontenible corrupción.
El primer paso que debe dar el CAL, será determinar de tales propuestas cuáles implican reformas constitucionales y cuales, podrían considerarse como enmiendas, pues de ello depende el procedimiento que debe seguirse en cada caso.
En cuanto a la limitación de las facultades del Consejo de Participación Ciudadana, parecería que si el cambio se restringiría a quitar al Consejo la facultad de designar a las autoridades de control y pasarlas a la Asamblea, se trataría de una enmienda, y por lo tanto su tratamiento sería relativamente más simple y de corta duración.
Sin duda, la Asamblea es la representación más auténtica de la voluntad popular, por lo que el cambio planteado aparece como una buena corrección al procedimiento originalmente establecido que derivó en convertir a tal Consejo en la oficina de personal de la Presidencia de la República; no obstante será necesario diseñar un procedimiento previo a la decisión legislativa, para una adecuada conformación de ternas, y evitar de este modo que las designaciones sean producto de acuerdos, muchas veces coyunturales, que no garantizan necesariamente la idoneidad de los candidatos.
Por ello, al tiempo que se discuta sobre la eliminación de la facultad nominadora del Consejo, sería conveniente que se establezcan reglas claras para la conformación de ternas, de modo de garantizar que sean elegidas las personas más idóneas para las distintas funciones de control.