POR: Fausto Jaramillo Y.
En todo colectivo humano siempre existirán miembros dignos, responsables, honestos y honrados, cumplidores de su deber y atentos a compartir soluciones a los problemas de su comunidad.
Pero también habrá de los otros, los indignos, irresponsables, deshonestos, pillos, vacíos de inteligencia y llenos de corrupción.
Esta dicotomía ha estado siempre presente en la historia de la especie humana y no debe sorprendernos que continuará presente en los siglos por venir.
En el Ecuador, luego del triunfo del liberalismo y por consiguiente la llegada del laicismo, la separación del Estado de la Iglesia marcó un rumbo muy diferente al que hasta ese momento imperaba en el país. La Iglesia, el clero regular y el clero conventual dejaron a un lado funciones propias del Estado, para ejercer las tareas propias de su ministerio espiritual.
El Estado y la Iglesia empezaron a marchar por distintos senderos. La administración de las instituciones estatales quedó bajo responsabilidad de hombres y mujeres alejadas de las tareas del culto religioso.
Sin embargo, ocasionalmente, algunos sacerdotes o monjas cumplieron, por muy poco tiempo, funciones propias de ciudadanos civiles.
En la última eta constitucionalista hemos visto como dos sacerdotes, el uno del clero regular y el otro de una orden religiosa, han desempeñado funciones políticas – administrativas del aparato estatal; y los resultados no han sido muy dignificantes que digamos.
El presidente Gustavo Noboa nombró director de Aduanas a un sacerdote: el Padre Flores, pensando quizás que su formación ética sería muro infranqueable contra la corrupción enquistada en esa institución. Lastimosamente, tiempo después se comprobó la equivocación de este argumento y el Padre Flores fue acusado, procesado y condenado a cárcel por la ausencia de la ética en el cumplimiento de sus funciones.
En estos días, otro sacerdote, de comunidad en este caso, participó en unas elecciones y ganó el derecho de trabajar en una función del Estado. También en este caso, debemos lamentar la falta de comportamiento ético de parte de este sacerdote que, hoy lo sabemos, mintió al momento de postularse, pues sus documentos fueron falsos. Tampoco cumplió con el mandato constitucional de no pertenecer a un culto religioso.
En ambos casos resulta doloroso el comprobar que la formación religiosa no constituye una barrera ética, al momento de cumplir con la Ley y con las aspiraciones de honestidad y honradez que reclama nuestro pueblo.