En la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio por presuntos cobros ilegales a transportistas a cambio de regularización a taxis informales, la Fiscalía decidió acusar al exconcejal Eddy Sánchez y a otras siete personas.
En la investigación también estuvo involucrado el exconcejal Sergio Garnica, a quien se le emitió un dictamen abstentivo.
Al final de la audiencia, el juez Julio Arrieta anunció que su pronunciamiento lo dará el próximo viernes, a las 16;00.
La defensa de Sánchez y de los otros siete involucrados solicitó la nulidad del proceso.
El pedido se formuló en el tercer piso de la Corte de Pichincha.
Pablo Encalada, defensor del exconcejal, dijo que en esta primera etapa de control de legalidad se mencionaron argumentos para que Arrieta declarara la nulidad del proceso.
Señalando que no existe una materialidad del delito, el abogado dijo que la Fiscalía no puede justificar un supuesto perjuicio de $80 millones, que se mencionó al inicio de la investigación. “Hasta ahora no hay ninguna concesión de un permiso para el taxismo. Son simplemente conjeturas de la Fiscalía”.
Supuestas irregularidades
Encalada aseguró que los supuestos vicios procesales motivaron a una afectación al derecho a la defensa, al no notificarles de la investigación. Manifestó que se atentó contra el fuero de corte, del que gozaba Sánchez, al asignar la causa a un Juez de primera instancia que no era competente para conocer el proceso.
“Pedimos que se declare nulo todo el proceso, desde el inicio de la investigación, por afectación a los derechos de defensa”, dijo.
Emiliano Donoso, defensor de otro de los involucrados, coincidió en que los jueces que permitieron que se hagan escuchas telefónicas no eran los autorizados para ordenar esa medida. Eso, dijo, desencadenó en la violación de un fuero de corte.
Agregó que se formularon cargos por tipos penales que la Fiscalía no solicitó, denunció además que en reiteradas ocasiones a la defensa se le impidió acceder a los expedientes.
“Este es un caso que trata de funcionarios con fuero de corte, que tuvo que haber sido conocido por el Fiscal Provincial de Pichincha y no por el Fiscal Provincial del Carchi”, cuestionó.
Posición de Fiscalía
El fiscal Santiago Mozo aseguró que en el proceso no se vulneró el derecho a la defensa de los procesados. Argumentó que la investigación siempre estuvo a disposición de las partes y concluyó que no existe ningún vicio de procedimiento.
El funcionario agregó que en el momento procesal oportuno se demostrará que todo lo actuado por la Fiscalía estuvo enmarcado en la Ley. (DLH)
Antecedentes
° El 19 de abril del año pasado, la Policía detuvo a los entonces concejales Eddy Sánchez y Sergio Garnica con fines investigativos. Los agentes y la Fiscalía allanaron las oficinas del Municipio en busca de indicios de la existencia de una supuesta red que cobraba por legalizar unidades de taxis irregulares. En total hubo seis detenidos por el caso, en el transcurso del proceso se vincularon a dos personas más.