‘Humo blanco’ salió del mezanine del edificio de la Procuraduría General, en Quito. Ayer inició del proceso para la reparación integral que exige el país a la empresa Odebrecht por los casos de corrupción que, además, involucran a exfuncionarios del Gobierno de Rafael Correa.
El equipo negociador ecuatoriano lo integran el procurador Íñigo Salvador (vocero); la fiscal general, Diana Salazar; el secretario Anticorrupción, Iván Granda; y el contralor general, Pablo Celi.
Las cuatro instituciones estatales buscan que la constructora brasileña asuma los daños que Ecuador sufrió por toda la trama de corrupción investigada desde diciembre de 2016.
En el primer acercamiento se definieron tres ejes para el resarcimiento. Salvador explicó que en la primera etapa se fijarán los parámetros reparatorios, en la segunda fase se cuantificarán los rubros acordados por las dos partes y en la última se establecerá el procedimiento de reparación.
“El compromiso de la compañía de reparar integralmente los daños causados al Ecuador deberá abarcar las obligaciones derivadas de la totalidad de las operaciones de Odebrecht en Ecuador”, dijo el Procurador.
Sin establecer montos, Salvador agregó que el acuerdo no solo debe incluir una reparación económica, sino también por los daños en “la cohesión social, moral y política” que acarrearon los actos de corrupción.
Enfatizó también que en estos acuerdos reparatorios no se incluirán los procesos judiciales que impulsa la Fiscalía ni los procesos de la Contraloría que están en marcha. Es decir, las negociaciones no interferirán con la justicia.
Llegaron a saldar cuentas
Félix Martins, director regional de Odebrecht para América Latina, Thiago Ribeiro y Sebastián Valle, conforman el equipo negociador de la constructora. Ellos llegaron la mañana de ayer a la Procuraduría para escuchar las demandas del Estado.
Martins reconoció los errores de la compañía en la pasada administración y ofreció un proceso de reparación transparente enmarcado en las leyes ecuatorianas y prácticas internacionales.
“Tenemos nuestro firme compromiso y contamos con buena disposición para un proceso con transparencia y resultados”, señaló.
La trama
La presencia de la constructora brasileña tiene una data de casi 30 años en Ecuador, pero los escándalos de corrupción empezaron a ‘salpicar’ al gobierno de Rafael Correa.
Uno de los primeros casos se dio cuando, en 2007, se detectaron al menos 253 fallas estructurales en la empresa Hidroeléctrica San Francisco, construcción que estuvo a cargo de Odebrecht. A pocos meses de su inauguración, su operación fue paralizada.
Una investigación hecha por el Departamento de Justicia de Estados Unidos reveló el pago de 33,5 millones de dólares en sobornos a funcionarios ecuatorianos entre 2007 y 2016. La constructora habría desembolsado rubros para beneficiarse de contratos en obras públicas.
Según esa investigación, Odebrecht habría actuado de esa forma en al menos 12 países. Los procesos de reparación ya fueron hechos en Guatemala, Perú, Brasil, República Dominicana y Panamá.
Por esta trama de corrupción en Ecuador, el exvicepresidente y encargado del sector estratégico, Jorge Glas, permanece recluido en la cárcel de Latacunga. El exsecretario jurídico de la Presidencia de Rafael Correa, Alexis Mera; y la exministra de Transporte y Obras Públicas, María de los Ángeles Duarte en ese mismo mandato, son procesados por la justicia y actualmente guardan arresto domiciliario. La Fiscalía también abrió procesos en contra de empresas que habrían servido para lavar dinero proveniente de Odebrecht. (FLC)