Una vez revisado el ‘Informe Final de la Metodología de Evaluación Integral de los Jueces y Conjueces de la Corte Nacional de Justicia (CNJ)’, por parte del Consejo de la Judicatura (CJ), la titular de la Corte, Paulina Aguirre Suárez, dio su respuesta en un oficio de 20 páginas, donde emite el análisis jurídico sobre el tema.
El pasado 04 de julio, el director del CJ, Pedro Crespo, detalló los parámetros de evaluación. Ante esto, el oficio del CNJ expresa que los magistrados están conscientes que, como servidores públicos, tienen “la obligación de rendir cuentas” de su desempeño, pero recalcan que este debe ser un proceso donde se “valore la conducta, idoneidad y desempeño del juez como funcionario público”.
Para el Alto Tribunal, la evaluación debe entenderse como una “herramienta para mejorar la actividad judicial”, por lo que el desempeño de los jueces “no pueden estar vinculados con procedimientos disciplinarios que pretendan acabar en remociones”.
Contexto
La metodología que evaluará a los jueces y conjueces del Alto Tribunal contempla cuatro parámetros de valoración: cualitativos, cuantitativos, de legitimidad y transparencia.
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catedráticos avalaron a la metodología propuesta.Esta propuesta es vista ‘con buenos ojos’ por la presidenta del CJ, María del Carmen Maldonado, quien la exalta, al recordar que un comité de expertos, conformado por 6 docentes universitarios, la avaló.
Una de las preocupaciones de la CNJ, es lo referente a la evaluación de la legitimidad y la transparencia. Para la primera, se mezclarían procedimientos de evaluación y disciplinarios; con la transparencia, un comité no sería el ente indicado de valoración, pues la facultad le corresponde a la Contraloría.
“Aplicar un proceso objetivo de evaluación a la CNJ puede ser la oportunidad para hacer los verdaderos cambios que el sistema requiere o por el contrario, perpetuar las prácticas de injerencia en la administración de justicia”, concluye el documento firmado por Aguirre, con fecha 8 de julio. (DVD)