La Fiscalía General del Estado dispuso ayer el inicio de una investigación previa en contra de cuatro de los siete integrantes del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (Cpccs), quienes fueron acusados del delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
Las denuncias fueron presentadas ayer ante la Fiscalía por Geovanni Atarihuana, de la Unidad Popular; Ramiro García, del Colegio de Abogados de Pichincha, y los legisladores Jeaninne Cruz, de CREO; y Raúl Tello, del BADI,
Una vez que el Cpccs decidió romper el candado constitucional y conformar una comisión especializada para revisar la designación de los integrantes de la Corte Constitucional (CC) en el periodo del Consejo transitorio, la Justicia le puso un alto a esas pretensiones.
La jueza Irene Pérez (Unidad de lo Penal de Pichincha) aceptó ayer el pedido de medidas cautelares, presentadas por el asambleísta Fabricio Villamar.
Por tanto, dispuso que el Cpccs, en la persona de su presidente, José Carlos Tuárez Zambrano, “se abstenga de conformar la comisión especializada”. Y además que, de haberse conformado la comisión, se suspenda de manera inmediata las funciones de la misma.
Adicionalmente, la jueza determinó que se investiguen a cuatro miembros de la Cpccs: José Carlos Tuárez, Walter Gómez Ronquillo, María Rosa Chalá y Victoria Desintonio Malavé que decidieron conformar la referida comisión. Christian Cruz y María Fernanda Rivadeneira votaron en contra. La consejera Sofía Almeida no acudió a la referida votación.
Argumentos legales
En la resolución se indica que el Cpccs transitorio fue investido de atribuciones, normativas y competencias extraordinarias otorgadas por el mandato de una Consulta Popular y referéndum, realizado el 4 de febrero de 2018. (SE)