La Corte Provincial de Pastaza ratificó que en 2012 el Estado ecuatoriano no realizó el debido proceso de Consulta previa para la realización de actividades de licitación, exploración o explotación de hidrocarburos en las 180.00 hectáreas que conforman el denominado bloque 22. Por esta razón, el veredicto de la Corte protege a la zona de la perforación petrolera y reconoce el derecho de los Waorani a ejercer autoridad en su territorio colectivo.
Además, la Corte dispuso la capacitación de los funcionarios del Ministerio de Recursos Naturales No Renovables y del Ministerio del Ambiente sobre los derechos de autodeterminación y consulta previa en procesos hidrocarburíferos que involucren comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas; así como la investigación, determinación de responsabilidades y sanción en contra de los funcionarios encargados del proceso de consulta previa.
En un comunicado, las comunidades indican que esta decisión “también deberá entenderse aplicable para todas las demás comunidades indígenas afectadas por la denominada Ronda Suroriente y sobre cuyos territorios se imponen 16 Bloques petroleros que cubren más de 3 millones de hectáreas”.
Lina María Espinosa, defensora de derechos humanos y abogada de las comunidades Waorani afirmó que la sentencia “muestra que el gobierno ecuatoriano ha estado violando los derechos a Consulta y Autodeterminación de manera sistemática y voluntaria durante décadas para imponer su propia agenda extractiva”.