Ugo Stornaiolo
Cuando Rafael Correa anunció su “metida de mano en la justicia”, sabía lo que hacía. La consulta de 2011, con el voto popular (y todo el aparato de propaganda correísta) le permitió lograr el objetivo. Se conformó el Consejo de la Judicatura de transición.
Ese Consejo nombró a los 21 jueces definitivos de la Corte Nacional de Justicia (CNJ) con períodos de 9 años y la injerencia de Gustavo Jalkh, quien entonces dirigía la Judicatura. Con eso manejaron cortes provinciales, tribunales y juzgados.
Las sabatinas decretaban lo que los operadores de justicia debían hacer los lunes, con reformas judiciales a medida del exmandatario, para perseguir a sus opositores. Tampoco se puede olvidar la influencia que ejercía el exsecretario jurídico Alexis Mera. La rama judicial fue el “brazo represivo del Gobierno” según el jurista Luis Pásara, en su informe de 2014.
Año 2019: el exsecretario de la Administración, Vinicio Alvarado, rendirá versión vía Skype desde Venezuela; Mera logró medidas sustitutivas a la prisión y regresó a Guayaquil con grillete; y el exsecretario de Comunicación, Fernando Alvarado, burló la vigilancia, se extrajo su grillete y huyó del país.
La Fiscalía, la Contraloría y la Procuraduría presentaron una queja ante la Judicatura contra los jueces que ordenaron que Mera abandone la cárcel y guarde prisión domiciliaria. “Voy a salir inocente de esto, no hay pruebas”, dijo Mera. Juezas de la CNJ levantaron la orden de prisión de Vinicio Alvarado. Tampoco se hace mucho para repatriar a su hermano Fernando.
Los peces gordos gozan de los privilegios que tuvieron en la década del terror. Algunos están a buen recaudo en ‘paraísos del socialismo del siglo XXI’, hay los que desalojaron sus cómodas estancias en Bélgica y de otros no se sabe nada. Se vuelve a generar la duda: ¿Siguen metiendo la mano en la justicia? ¿Por qué ciertos jueces desoyen las pruebas de la Contraloría y la Fiscalía? Urge sanear la Justicia.