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Justicia deja sin efecto integración de comisión

JUL, 16, 2019 |

Fiscalía. Cuatro denuncias penales se presentaron a raíz de la decisión de la mayoría de formar la comisión. (Archivo)

La decisión del Consejo de Participación Ciudadana de integrar una comisión para que revise el proceso cumplido por el organismo transitorio para designar a la Corte Constitucional se quedó sin sustento, tras dos resoluciones judiciales aceptando medidas cautelares solicitadas por el asambleísta Fabricio Villamar (Ahora) y por el presidente del Colegio de Abogados de Pichincha, Ramiro García.  

El juez Miguel Ángel Michuy, que tramitó la solicitud de García, ordenó al Consejo que Participación que se “abstenga de realizar todo acto tendiente a revisar el proceso de selección y designación de miembros de la actual Corte Constitucional, y al haberse designado dicha comisión, se dispone la suspensión inmediata de las funciones de la misma”. 

Para García, las facultades extraordinarias otorgadas al transitorio fueron producto de la consulta popular de febrero de 2018 y con base en ese mandato se designó, además de la Corte, a la Fiscal General, al Procurador, al Defensor del Pueblo y al Consejo de Judicatura. 

“Todos estos procesos se los realizó por mandato constitucional, por lo tanto no fueron simples actos administrativos que pueden estar sujetos a auto tutela y revisión administrativa”, dijo el dirigente del gremio. Por lo que con la medida cautelar el Consejo de Participación no puede continuar con el intento de revisar el proceso sino que también queda sin efecto la conformación de la comisión, concluyó. 
 

Los efectos 
Para el constitucionalista Stalin Raza las medidas cautelares son de cumplimiento obligatorio para el Consejo de Participación, e indefinidas hasta que los jueces consideren que ya no existen razones para seguir manteniéndolas. “Los miembros de la comisión no podrán posesionarse y consecuentemente no se podrá realizar el proceso de revisión del concurso de designación de la Corte Constitucional”, dijo Raza. 

EL DATO
El CPC pidió un informe sobre la situación del contralor subrogante Pablo Celi.
Considera también que al haberse suspendido la conformación de la comisión, ya no tendría sustento la denuncia que se interpuso en la Fiscalía  contra los consejeros Walter Gómez, Victoria Desintonio, Rosa Chalá y José Carlos Tuárez, quienes votaron a favor de la integración de dicha instancia. “La denuncia era para investigar el incumplimiento de la sentencia de la Corte Constitucional, al no consumarse ese incumplimiento ya no tiene mucho sentido que se siga investigando en la Fiscalía por esa razón”, aseguró. Lo que sí debería continuar bajo investigación penal, añadió, es lo relacionado a los presuntos documentos adulterados que habría presentado Tuárez al momento de postular su candidatura. 

Sin embargo, García considera que el tipo penal ya se configuró al momento en que el Consejo nombró la comisión, por lo que es un proceso que deberá seguir en la Fiscalía con su trámite regular.

Por su parte, Gómez manifestó que acatarán las resoluciones de los jueces, ya que son respetuosos de las decisiones judiciales. “Se tendría que desmantelar la comisión que elegimos en el pleno”, manifestó. Pero no descartó buscar un mecanismo para ver cómo se realizó el proceso, lo que deberá ser resuelto por el Pleno del Consejo. (HCR)

Juicio político contra Tuárez suma respaldos
° La propuesta de juicio político en contra del presidente del CPC, José Carlos Tuárez; y del consejero Walter Gómez, va sumando respaldo en la Asamblea. El legislador Fernando Flores (CREO) manifestó que es necesario que los proponentes demuestren  que hubo incumplimiento de funciones por parte de las autoridades y adelantó que su bancada está dispuesta a apoyar el proceso, ya que resultó evidente que el Consejo no quiso  entregar información a la Asamblea, y terminó siendo un organismo politizado. Freddy Alarcón (PSP) también se mostró a favor de la interpelación ante la negativa de proporcionar información en el Pleno de la Comisión de Participación Ciudadana. Alarcón añadió que Tuárez ha demostrado que, más allá de haber usado la sotana como plataforma política, no evidencia una actitud de servicio y disposición para dialogar. El presidente de esa Comisión, Raúl Tello (Unidos por Pastaza), tiene previsto presentar hoy la solicitud con las respectivas firmas de respaldo, con lo que serían dos pedidos de juicio político contra Tuárez, ya que la semana pasada lo presentó su colega Fabricio Villamar (Ahora). 

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