Redacción QUITO
Por un presunto incumplimiento de la Constitución y de un dictamen de la Corte Constitucional (CC), Jeannine Cruz (CREO) solicitó hoy, lunes 22 de julio de 2019, que el presidente del Consejo de Participación Ciudadana (CPC), José Carlos Tuárez, y los consejeros Walter Gómez, Rosa Chalá y Victoria Desintonio sean censurados y destituidos.
Lo hizo en la Comisión de Fiscalización donde, desde hoy, se tramita el proceso de juicio político en contra de los cuatro miembros del CPC. Media hora tarde y con un quórum de siete asambleístas, la Mesa se instaló a las 16:30, para recibir a los tres interpelantes de dos pedidos de juicio político, que se unificaron.
De acuerdo con Cruz, desde el 4 de julio de 2018, se evidenció que los cuatro integrantes del CPC tuvieron la intención de incumplir con un dictamen de la Corte Constitucional (CC) que les impedía revisar lo decidido por el Consejo de Participación Ciudadana transitorio (Cpccs-t).
Desde esa fecha, explicó, la consejera Chalá solicitó a las autoridades nombradas por el Cpccs-t que presentaran documentos de su nombramiento. Además, el 10 de julio conformaron una comisión para revisar las resoluciones de sus antecesores. Y la anterior semana (18 de julio) intentaron retirar esa resolución, pero sin cumplir la norma, por lo que la decisión seguiría vigente.
«Ellos desobedecieron claramente la Constitución. Se ve el cometimiento del delito de desacato», dijo en su intervención de 25 minutos.
El mismo criterio fue compartido por Raúl Tello (BADI) puesto que la solicitud fue ingresada en conjunto por los dos asambleístas.
Más razones
Fabricio Villamar (Ahora) fue el segundo interpelante en explicar las causales para que se censure y destituya a Tuárez. Su pedido fue exclusivamente en contra de él.
De acuerdo con las pruebas recolectadas, Tuárez habría incurrido en cuatro causales de incumplimiento de sus funciones por acción y omisión. Primero, ejerce como consejero siendo cura cuando existe una prohibición expresa de la Ley Orgánica del Consejero de Participación de que los integrantes sean representantes de un culto religioso.
Segundo, no cumple con aplicar una ética laica, como establece el mismo cuerpo legal. Además, no estaría dando seguimiento a las denuncias ciudadanas y, cuarto, no contaría con probidad por presuntamente haber falsificado información en su postulación.
Los asambleístas de la Mesa no tuvieron preguntas para ninguno de los tres interpelantes, por lo que la sesión se cerró a las 17:44.
Para mañana está previsto que comparezca el abogado Ramiro García. Mientras que las comparecencias de los cuatro interpelados se trasladaron del jueves al próximo lunes porque los legisladores sesionarán en Guayaquil ese día.