Con media hora de retraso, porque ‘los asambleístas deben llegar de provincia’, la Comisión de Fiscalización escuchó ayer las seis razones por las que tres interpelantes de un juicio político solicitaron la censura y destitución de cuatro integrantes del Consejo de Participación Ciudadana (CPC).
El proceso de investigación en contra del presidente del CPC, José Carlos Tuárez, y de los consejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, inició con la exposición de los argumentos por los que podrían enfrentar un juicio político.
Los asambleístas Jeannine Cruz (CREO) y Raúl Tello (BADI), quienes presentaron una solicitud en conjunto, plantearon el desacato como causal fundamental. Mientras que Fabricio Villamar (Ahora) indicó cuatro razones.
Pero todos, antes de iniciar sus intervenciones, sostuvieron que existe suficiente sustento legal para que la Asamblea Nacional fiscalice el trabajo de los miembros del CPC y los lleve a juicio político.
Desacato
Dos ‘tuits’ y dos videos fueron parte de las pruebas que presentó Cruz para sostener que los cuatro consejeros incumplieron la Constitución y desobedecieron un dictamen de la Corte Constitucional (CC).
El 7 de mayo, los jueces dictaminaron que el CPC “no ostenta las competencias extraordinarias”, que tenía la institución transitoria. Por lo que no podía revisar ninguna resolución de ese régimen de transición.
Sin embargo, de las sesiones del 4 y 7 de julio se evidenciaría “el claro cometimiento del delito de desacato”, que inició con la intención de evaluar las decisiones mediante la conformación de una comisión, dijo Cruz.
Los cuatro consejeros después se retractaron, pero con un procedimiento inexistente en la Ley, por lo que “la decisión está en plena vigencia”, señaló Tello y recalcó que fue una “actuación dolosa”.
El legislador también argumentó que Tuárez tuvo una “actitud desafiante” y una “actuación absolutamente ilegal”, cuando se negó a entregar información a la Comisión de Participación. Esa Mesa también solicitó un juicio político, pero todavía no es calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL).
Villamar, por su parte, explicó que de acuerdo a la Ley Orgánica del Consejo de Participación, sus miembros pueden ser cesados mediante juicio político cuando han incurrido en una o varias prohibiciones de ese cuerpo legal. Una de ellas es no representar a ningún culto religioso.
“Tuárez sigue siendo cura y está inmerso en la prohibición”. Esto lo probó con un documento emitido por la Provincia Catalina de Siena, Orden de Predicadores del Ecuador, en el que certifica que Tuárez es “un fraile presbítero (sacerdote)”.
La segunda causal está concatenada, pues los consejeros deben mantener una ética laica e independencia, lo cual también se habría incumplido.
La medida cautelar presentada por Tuárez fue aceptada a trámite, por lo que las partes serán escuchadas en audiencia pública mañana, 24 de julio, a las 10:30. (AGO)