El Comité por la Institucionalidad Democrática solicitó ayer a la Corte Constitucional (CC) que determine la vía para eliminar al Consejo de Participación Ciudadana (CPC) y que sus competencias sean asumidas por la Asamblea Nacional.
Lo hizo ingresando dos preguntas para que los jueces constitucionales califiquen y determinen si se debería plantear una enmienda constitucional o una reforma parcial, la cual implica una consulta popular.
Con pancartas, un grupo de ciudadanos se concentró ayer en los exteriores de la CC. El exconsejero de Participación transitorio Pablo Dávila fue el encargado de entregar el documento, con el que se busca, además, que la Asamblea sea bicameral y que la Fiscalía sea independiente frente a la Función Judicial.
Lo que se busca, explicó Dávila, es “rescatar una verdadera auditoría social y control en la asignación de autoridades, reforzar los mecanismos de concursos de méritos y oposición, y los procesos de veeduría e impugnación ciudadana”.
Estas funciones del CPC pasarían a una Asamblea bicameral para que las dos cámaras “se controlen mutuamente y ejerzan acciones diferenciadas”. Así, por ejemplo, en la designación de autoridades de control, la cámara de representantes organizaría el concurso y la de senadores haría la designación final. Mientras que la fiscalización ya no sería responsabilidad de una sola comisión sino de todos los asambleístas.
El Comité considera que la vía para hacer esto es la reforma parcial, explicó el abogado Hernán Pérez, integrante de la organización. Estiman que, si la Corte califica, se reúnan más de 200 mil firmas en un plazo de tres meses. (AGO)