RICARDO VERA CALDERÓN
Nuestra ciudad se dinamiza por el comercio, ya que 6 de cada 10 dólares que circulan, se derivan de esa actividad. De ese porcentaje, un valor relevante corresponde al comercio informal y al comercio migrante. El primero es aquel que no está regularizado y se ubica bajo el concepto de subempleo; el segundo, se refiere a las actividades de compra y venta que realizan actores que no residen en el lugar, pero que vienen de manera cíclica y regular a ejecutar sus negocios, luego de su cual regresan a su lugar de origen.
El comercio, en sí, es una forma legítima de generar ingresos para las familias. Sin embargo, si una ciudad depende de esa macro actividad para su crecimiento, limita de gran manera su desarrollo, ya que el comercio por sí solo no genera riqueza. A esto se suma que el comercio informal crece de manera acelerada, y que el comercio migrante no paga sus tributos locales ni nacionales en este territorio, pero si usa sus servicios básicos, sus calles, su sistema de salud, etc.
En Santo Domingo el tema de la regulación, control y ordenamiento del comercio informal y autónomo ha sido manejado de manera superficial y clientelar por parte de las autoridades competentes. Todos queremos el ordenamiento respetando los derechos, lo que hasta ahora no sucede. Proyectos van y vienen, unos se victimizan, otros establecen la estrategia defensiva del más bravo, y otros sacan provecho de ese caos.
No obstante, esta problemática no es solo responsabilidad del GADM local, sino del Gobierno central, ya que el comercio informal y migrante se deriva de la falta de oportunidades formales para emprender, del escaso empleo nuevo, y de la lentitud de la reactivación de la macroeconomía. Entonces no vale solo reclamar aquí. Los de arriba también tienen su parte.