Santiago Armijos Valdivieso
Desde 1979, es decir hace 40 años, nuestra Función Legislativa actúa bajo la estructura unicameral, es decir, con la existencia de un solo órgano legislativo. Lamentablemente, en las últimas décadas de nuestra vulnerable democracia, esta modalidad ha generado abusos, baja calidad jurídica en las leyes expedidas e impunidad política. De ahí, nace la necesidad de que el país cuente con una modalidad parlamentaria diferente que bien podría ser la bicameralidad, en la que el poder legislativo sea compartido en dos cámaras: la de los diputados y la de los senadores. La primera controlando a la segunda y la segunda controlando a la primera, en una especie de sistema de poder compartido y de contrapesos, en el que la sagrada caja que contiene el poder de la legislatura sea abierta con dos llaves y no con una sola.
La integración de la cámara de diputados (hoy asambleístas) debería ser reducida a 70 miembros y la cámara de los senadores estaría integrada por 30 integrantes quienes deberían cumplir exigentes requisitos de probidad, preparación jurídica y experiencia: 26 elegidos por votación popular (1 por provincia más 2 por Guayas y 2 por Pichincha), 1 Ex Ministro de Corte Nacional de Justicia designado por su pleno, 1 Ex Procurador General del Estado y, 1 Ex Magistrado del Corte Constitucional nombrados por su pleno. En esa aspiración, resulta plausible la propuesta del Comité por la Institucionalización Democrática, fundado por el Dr. Julio César Trujillo y actualmente liderado por Pablo Dávila, para vía consulta popular, implementar cambios en las funciones Legislativa, Judicial y de Transparencia, entre éstas, eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y cambiar la estructura de la Asamblea Nacional a la bicameralidad. Claro está que la bicameralidad ya existió, pero la nueva sería mejorada gracias a la forma de designación de senadores y a los requisitos para serlo. (O)