El valor que les ofrecieron a los trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. por hasta tres décadas de explotación laboral, no superó los 5.500 dólares. De forma individual, 36 personas fueron convocadas para exponerles la oferta en un proceso de mediación que se realizó en las oficinas del Ministerio del Trabajo, en Santo Domingo, a mediados de este mes.
La abogada que lleva el caso desde la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), Patricia Carrión, explicó que no aceptaron, pues esas no eran las condiciones que se habían planteado cuando salió a la luz su caso, que ha sido catalogado como esclavitud moderna o servidumbre de la gleba.
Este intento de negociación fue el segundo que no tuvo resultados. En el primero, la propuesta de la empresa fue entregar parcelas, en Esmeraldas, que al momento están improductivas y necesitarían más de cinco años para recuperarse.
Ayer un grupo llegó a Quito para una reunión con el defensor del Pueblo, Freddy Carrión. Los representantes definieron las mesas en las que participaron como una burla, que las autoridades al inicio estuvieron dispuestas a garantizar la liquidación y la reparación integral con la entrega de al menos cinco hectáreas de terreno para cada familia. Sin embargo, eso no se cumplió.
Sin respuestas
En febrero, cuando la Defensoría del Pueblo presentó públicamente su informe, los trabajadores que reclamaban eran más de 100, pero con el paso de los meses esa cantidad se fue reduciendo. Los delegados de quienes aún no han aceptado ningún trato reconocen que algunas personas no tuvieron más opción que recibir lo que les ofrecían porque estaban muy endeudadas y no tenían cómo mantener a su familia.
A la par de estas acciones, la Defensoría del Pueblo y la Comisión de Derechos Colectivos de la Asamblea se encuentran analizando los elementos para emitir sus informes.
EL DATO
Hasta febrero, la empresa reconocía solo a 198 empleados directos.El 5 de julio, la Cedhu y el Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) presentaron una carta dirigida al presidente de la Comisión, en la que puntualizaron que las instituciones estatales que tienen competencia en el caso –Ministerios del Trabajo, de Agricultura y Ganadería, de Inclusión Económica y Social, Fiscalía General del Estado, Servicio de Rentas Internas- no han cumplido a cabalidad.
A pesar de que las haciendas fueron clausuradas por 60 días y, según se informó en ese momento, la sanción iba a ser de 42.880 dólares en multas. La medida ya se cumplió el 21 de abril y el ministro del Trabajo, Andrés Madero, respondió que por primera vez en la historia se sancionó a la compañía “con más de 170.000 dólares” y cerca de 90 días de clausura hasta que cumplieran las condiciones.
Madero habló del tema en un evento en el que entregó documentos a organizaciones laborales y sociales esta semana. Sobre la situación de los trabajadores dijo que se llegó a un acuerdo para que Furukawa contrate directamente a quienes decidieron seguir vinculados y que “el Ministerio velará por el pago de liquidaciones”, de los que no.
Decepción
Los trabajadores no estuvieron de acuerdo con esas declaraciones pues dijeron que el Ministro nunca ha hablado con ellos y que se ha intentado negociar favoreciendo a la empresa.
Su abogada denunció, además, que la cartera de Estado no ha querido presentar el documento de sanción a la empresa por intermediación laboral y afirmó que están evaluando acciones jurídicas para continuar con la lucha de los afectados.
1.000
personas se calcula que hay en las haciendas de abacá en tres provincias.En este año, nueve procedimientos especiales de la Organización de Naciones Unidas habrían solicitado información sobre el estado del caso, a través de la Cancillería, pero esto no se ha hecho público, según se alertó en la carta de Cedhu y CDES. Se cuestionó que no se haya legalizado la preasociación Esperanza de un Nuevo Amanecer, que conformaron inicialmente 406 personas.
De acuerdo con los delegados de los trabajadores, solo en la línea 42 de las haciendas de Santo Domingo se mantiene el campamento con unas 30 personas, las demás instalaciones fueron demolidas y la gente tuvo que buscar viviendas en los alrededores, sin que se les garantizara la movilización hasta las plantas de producción. Ellos temen que si las acciones no se agilizan, una cuarta generación de las familias será explotada en las mismas condiciones de hace 50 años. (PCV)
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