M. está casado y tiene cinco hijos. Ninguno cuenta con cédula de identidad, ninguno existe para Ecuador. El miércoles de esta semana los sacaron del campamento de una de las haciendas de Furukawa Plantaciones C.A. con el argumento de que no tenían papeles. De Santo Domingo los llevaron a Esmeraldas y tuvieron que arrendar un sitio donde vivir.
Desde esa provincia, vía telefónica, el hombre que trabajó para la compañía por más de 15 años contó que no sabía a qué se dedicará ahora. A pesar de que, desde febrero, en el informe de verificación de la Defensoría del Pueblo sobre lo que se ha nombrado públicamente como esclavitud moderna o servidumbre de la gleba, se exhortó, entre otras instituciones, al Registro Civil para que se encargara de cedular a las personas que vivían sin registro.
M. confirmó que llegaron funcionarios a pedirles sus datos. Los documentos aún no llegan. Situaciones como las de él y su familia hicieron que ayer, representantes de la Comisión Ecuménica de Derechos Humanos (Cedhu), del Centro de Derechos Económicos y Sociales (CDES) y de los trabajadores de Furukawa denuncien que la empresa exportadora de fibra de abacá está desalojando y amedrentando a las familias que viven y trabajan en las haciendas.
Métodos
Solo en esta semana, Cedhu ha registrado el desalojo de cuatro familias, a las cuales las habrían sacado por la noche y con promesas de pagar unos meses de arriendo. La abogada de la Comisión, Patricia Carrión, explicó que la compañía ha utilizado al menos cuatro métodos para tratar de persuadir a las personas que no tienen cómo sustentarse.
El Dato
El 15 de este mes, el Comité de solidaridad con los trabajadores de Furukawa y un grupo de asambleístas acudirán a la línea 42 de las empresas en Los Ríos. Desde las primeras medidas en las que se plantearon mesas de negociación, se habrían vulnerado los derechos de los trabajadores al enfrentarlos a los representantes de la empresa cuando muchos no saben leer ni escribir. Después, junto con autoridades del Ministerio del Trabajo, en la Notaría 4 de Santo Domingo, algunos de los afectados fueron convocados para firmar documentos de los cuales se desconoce su contenido porque no se los entregaron, pero que por las versiones se presume que eran declaraciones de que nunca tuvieron vínculo con Furukawa.
Omisión y complicidad
La presidenta de Cedhu, Elsie Monge, recalcó que la compañía está actuando en “complicidad del Estado” y calificó a los desalojos como abuso de poder. En representación de CDES, Sofía Jarrín expuso que en las tierras de Furukawa se ha corroborado que existe trabajo infantil, que el 82% de la población vive en pobreza extrema, el 17% en pobreza y solo el 1% es no pobre.
Diario La Hora ha solicitado durante esta semana una respuesta de los representantes legales de Furukawa, pero la entrevista aún no se ha concretado. La semana anterior, se le consultó directamente al Ministro del Trabajo, Andrés Madero, sobre el caso y respondió que habría ya dos acuerdos con los grupos de trabajadores que querían seguir vinculados a la compañía y con los que no.
Prometió que se garantizaría que se les paguen las liquidaciones. Sin embargo, las organizaciones mencionaron que estas respuestas y otras publicaciones en las que las instituciones aseguraban que habrían cumplido con sus obligaciones solo responden a una campaña que intenta ocultar el problema. (PCV)