Por primera vez, Ecuador pondrá en marcha un instrumento que guíe los protocolos para la defensa de los derechos de niños y adolescentes que están en el Sistema Nacional de Protección a Víctimas y Testigos. La medida se aplicará después de que ayer, la ministra de Inclusión Económica y Social, Berenice Cordero, firmó un convenio con la fiscal general del Estado, Diana Salazar.
Según Cordero, actualmente, hay 321 niños y adolescentes en las unidades de atención de acogimiento institucional del Ministerio de Inclusión Económica y Social (MIES) que se beneficiarán del fortalecimiento de servicios. Se pretende mejorar los procesos de coordinación, seguimiento, tratamiento terapeútico y seguridad dentro del servicio, durante el tiempo en que dure la medida de protección emitida por juez o jueza.
Para ello, se ha dispuesto que las dos instituciones trabajen, a través de equipos técnicos conformados por sicólogos, trabajadores sociales y abogados. El acogimiento institucional, o cualquier medida que aleje a los niños de sus familias, están consideradas, en el Código de la Niñez y Adolescencia, como últimas y excepcionales opciones para la Justicia. (PCV)