En medio de la expectativa general, hoy en la Asamblea se cumplirá el juicio político en contra del presidente del Consejo de Participación Ciudadana, José Carlos Tuárez; y de los consejeros Rosa Chalá, Victoria Desintonio y Walter Gómez, bajo la causal de incumplimiento de funciones.
El juicio político es impulsado por los legisladores Jeannine Cruz (CREO), Raúl Tello (Unidos por Pastaza) y Fabricio Villamar (Ahora), quienes explican lo que les llevó a presentar este proceso de interpelación. Desde el otro lado de la “orilla” el legislador correísta Franklin Samaniego considera que es una persecución política ya que los consejeros, dice, no piensan igual que su Gobierno. Aquí sus criterios. (HCR)
‘Fue evidente la violación a la Constitución’
Jeannine Cruz (CREO)
° “Nos convoca a este juicio político el poder censurar a funcionarios que han incumplido y tuvieron la pésima decisión de no acatar lo que reza el dictamen de la Corte Constitucional. El anterior presidente del Consejo transitorio, Julio César Trujillo, tenía toda la facultad legal para evaluar y sancionar a autoridades, ya que el 4 de febrero de 2018 el pueblo le dio esa potestad extraordinaria. Trujillo le consultó a la Corte Constitucional si tenía el poder de evaluar y sancionar y la Corte emitió un dictamen donde consta que el Consejo transitorio tenía todas las garantías para elaborar su plan de trabajo y la censura a los funcionarios. Lo que llama la atención es que el actual Consejo de Participación Ciudadana quería desobedecer ese dictamen y ahí es donde se da el incumplimiento de funciones y lleva a cabo una votación para formar una comisión de especialistas y revisar lo actuado por el Consejo transitorio. Es evidente que fue una violación a la Constitución, a la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, a la Ley de Servicio Público, a la propia Ley de Participación Ciudadana”.
‘Querían regresar al Estado de impunidad’
Raúl Tello (Unidos por Pastaza)
° “Lo que sucedió con el Consejo de Participación Ciudadana, especialmente con su decisión tomada en la sesión número cuatro, no fue una casualidad. Respondía a algo preconcebido que se expresó incluso en medio de la campaña cuando determinados candidatos hablaban de revisar las decisiones del Consejo transitorio. La decisión que tomaron los cuatro consejeros se enmarca en el objetivo que tenían ellos: regresar al Estado de impunidad, poder nombrar a las autoridades que les garanticen impunidad a Rafael Correa y a todos los que están siendo procesados en diferentes ámbitos de la justicia y por diferentes motivos. Lo que intentaban es sacar de sus cargos a funcionarios que están realizando el seguimiento a los hechos de corrupción que se dieron en los 10 años del correísmo. Iniciaron una resolución tendiente a formar una comisión para revisar los nombramientos de los jueces de la Corte Constitucional; a partir de ello querían extender a los demás funcionarios, tanto es así que inclusive tenían borradores de resoluciones al respecto, por ejemplo, del propio Contralor del Estado”.
‘Tuárez no está apto para su cargo’
Fabricio Villamar (Ahora)
° “El religioso José Tuárez fue acusado de cuatro temas específicos por mi parte y que se sustentan en la prohibición específica que tiene de acuerdo al Artículo 21 de Ley Orgánica del Consejo de Participación Ciudadana que impide que quienes sean representantes de una iglesia puedan ser miembros del Consejo. Otro argumento es haber puesto en riesgo la separación Iglesia-Estado. Esto se pone en riesgo cuando un religioso toma los hábitos y hace un voto de obediencia que implica que obedecerá a la Iglesia y por lo tanto no puede obedecer las normas del Estado cuando las dos entren en conflicto. La tercera causal es su incumplimiento de funciones en el momento en que se le hizo denuncias respecto a si había o no falsificado información para poder ser calificado, las que debían ser investigadas por el Consejo, lo que no sucedió. La cuarta causal en la que se sustenta todo es la falta de probidad. Si es que Tuárez es capaz de mentir y falsificar, evidentemente no está apto para ocupar un espacio de representación”.
‘No es más que una persecución política’
Franklin Samaniego (R. Ciudadana)
° “Nosotros no vamos a apoyar violaciones a la Constitución y a la Ley. No vamos a apoyar violaciones al mandato de la ciudadanía; no vamos a apoyar que las coyunturas vayan resolviendo temas legales y constitucionales y además la voluntad del pueblo. Hacen todo esto cuando no tienen una mayoría (en el Consejo) que fue electa por el pueblo y se irrespeta su voluntad, ya que determinó quiénes vayan. Ellos (consejeros) tienen una postura distinta al Gobierno y eso es lo que ha encaminado este juicio político. Al Consejo le ha tocado vivir en una persecución y en un linchamiento mediático complejo, por lo que en vez de evacuar y programar inmediatamente (sus funciones), lo que se ha dedicado es a responder todo el ataque por parte del Gobierno. Sin embargo, este juicio político no es más que una desinstitucionalización y una persecución política. Hay una sola causal y es el incumplimiento de funciones, vamos a ver cuáles son los argumentos. Se quiere sostener que con una resolución incumplieron sus funciones, una resolución que nunca causó efecto”.