Giovanni Carrión Cevallos
El reciente anuncio realizado por Luciano Marín Arango, más conocido como Iván Márquez, en el sentido que las FARC-EP retomarán las armas, poniendo -de esa manera- fin al acuerdo de paz alcanzado en 2016 con el estado colombiano, abre enormes interrogantes y preocupaciones no solamente en el hermano país vecino que ha debido soportar una cruenta guerra civil sino también en la región, dado el impacto que tendría la escalada de violencia, especialmente para los estados cercanos a la zona de conflicto.
Sin duda, se trata de un duro golpe a las iniciativas por pacificar a una nación que por más de medio siglo se ha visto teñida de sangre y muerte, a manos de narcoterroristas escudados en falsas ideologías de izquierda y derecha que los presentan como revolucionarios o paramilitares.
Este solo anuncio ha levantado, y con razón, la alerta general, sobre todo en pueblos fronterizos, como el caso de Ecuador, donde la seguridad externa e interna deberá ser reforzada, ante la inminente amenaza de expandirse la violencia allende las fronteras.
El peligro del rearme de FARC-EP es evidente. Estimaciones hablan de al menos 23 grupos disidentes que agruparían al menos un 25% del número de combatientes (terroristas) que logró agrupar históricamente este ejército irregular.
En el caso de Ecuador, el costo que le ha representado el conflicto armado colombiano es inmenso. No solamente por la oleada de refugiados, sino también por el incremento del crimen organizado y el narcotráfico, bestias apocalípticas que destruyen la tranquilidad de una sociedad que tiene derecho a vivir en paz.
Pero es claro que la zona de frontera no solamente se resguarda con balas y helicópteros. Ante todo se debe trabajar en políticas económicas y sociales que ayuden a estas comunidades a alcanzar su desarrollo. (O)