Mediante una rueda de prensa, las autoridades del Comité Empresarial Ecuatoriano (CEE), Cámara de Comercio de Quito (CCQ), Cámara de Minería del Ecuador (CME) y la Cámara de Industrias y Producción (CIP), se pronunciaron respecto a los pedidos de consulta popular que pretenden limitar el desarrollo de sectores de interés nacional como la minería. Al pronunciamiento se unieron los estudiantes de la Universidad De Azuay (UDA).
El 24 mayo de 2019 durante el Informe a la Nación el presidente Lenín Moreno manifestó el respaldo a una actividad minera que respete la naturaleza y fuentes de agua, enfatizando la necesidad que tiene el Ecuador de los recursos provenientes de este sector; en esa misma línea se ha pronunciado el vicepresidente Otto Sonnenhozlner, expresando públicamente que se debe dar paso a una minería formal y técnica, para que se limite a la minería ilegal que deja destrucción a su paso.
“No se puede limitar las inversiones que van a llegar al país a través de una actividad que trabaja con altos estándares de responsabilidad ambiental, por intereses políticos”, aseguró Patricio Alarcón, presidente del Comité Empresarial Ecuatoriano.
Además, agregó que en este periodo donde el empleo se ha vuelto precario, sectores como la minería pretenden aportar significativamente al país.
Como presidente de la Federación de las Cámaras de Industrias del país y de la Cámara de Industrias y Producción, Pablo Zambrano, hizo un llamado a los jueces para precautelar la seguridad jurídica. “El país necesita reactivarse económicamente, no se pueden frenar actividades lícitas y productivas porque esto puede desencadenar un caos. Miles de familias viven históricamente de la minería y esta actividad es el inicio de grandes cosas, como por ejemplo el desarrollo tecnológico y la infraestructura en general”, aseveró.
A esta rueda de prensa se unieron los estudiantes de la Escuela de Ingeniería y Minas de la UDA. Mateo Carpio, dirigente estudiantil, expresó que la academia es ajena a intereses políticos y se enfoca en una actividad cuidadosamente manejada a través de profesionales éticos. “Somos formados para desarrollar las aptitudes necesarias para ejercer la minería de manera responsable; primando la protección a la naturaleza y manejando la biodiversidad con criterios técnicos y científicos”, afirmó.
El Art. 206 Numeral 11 de la Constitución de la República, especifica que, el Estado tiene competencia sobre: “Los recursos energéticos, minerales, hidrocarburos, hídricos, biodiversidad y recursos forestales”, añadió Zambrano. Por lo tanto la realización de consultas locales además de ser un tema que quiere ser politizado, transgrede la Ley.
La situación, según Alarcón, es preocupante porque los lugares en donde se quiere limitar la minería legal, técnica y controlada se encuentran amenazados y acorralados por mineros ilegales, que pretenden obtener los recursos sin control ambiental y sin pagar ningún tipo de regalías al Estado.
33.000 fuentes de empleo
David Larenas, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador, destacó las cifras y ventajas que respaldan a la minería con responsabilidad. “En el 2018 nuestro sector representó el 53% de captación de inversión extranjera, en la actualidad la minería legal genera un promedio de 33.000 fuentes de empleo; entre el 2019 y el 2021 la inversión del sector será de aproximadamente 2.757 millones de dólares y si las actividades mineras continúan su normal desarrollo, esperamos que en este mismo periodo el PIB actual del 1.63% suba al 4%”, recalcó. (JS)