Las reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) que aprobó la Asamblea y que esperan el veto o sanción favorable del Ejecutivo, no atacan los problemas de fondo de la rehabilitación social y de la crisis penitenciaria del país.

Esto lo señalan el director del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica, Mario Melo, y el exsubecretario de Rehabilitación Social, Ricardo Camacho, al analizar los posibles alcances de las normas modificadas la semana pasada.

Las críticas de los analistas apuntan a los cambios introducidos a la figura legal de la libertad controlada o ‘prelibertad’, para que los reos que cumplieron 60% de la sentencia condenatoria puedan salir con grillete electrónico y a las órdenes de cumplir actividades de inserción laboral, social y familiar. 

Con las reformas de esta semana, los condenados por 18 tipos de delitos entre los que se encuentran violación, secuestro con muerte, sicariato, femicidio, homicido y asesinato ya no accederían a estos beneficios.
 

Argumentos
Melo explica que la aplicación de la prelibertad suponía el cumplimiento de un determinado tiempo de condena y que los reos hayan participado en verdaderos programas de rehabilitación social. “Esto no ha sucedido y se ha optado por la vía más fácil que es la de eliminar la prelibertad”.

Con una visión similar y tras destacar los altos niveles de reincidencia en el cometimiento de delitos, que llegan casi al 80%, Camacho insiste en la necesidad de que se defina un programa de Estado, a largo plazo, para la rehabilitación social.

Camacho acota que tras la decisión de la Asamblea, el país vuelve a ver un tema que sigue demandando soluciones urgentes y que no se han podido dar con la declaratoria de emergencia de las cárceles en el primer semestre de este año: el hacinamiento. Actualmente hay 40.064 reos en todo el país (ver recuadro). (JCER)