Los puntos que el Estado Ecuatoriano aún tiene que cumplir del Acuerdo de Solución Amistosa por el caso Karina Montenegro Tania Cerón, Nancy Quiroga y Leonor Briones, quienes estaban embarazadas cuando fueron detenidas arbitrariamente, entre 2002 y 2003,  se analizará el viernes en la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en Washington, Estados Unidos. 

Al encuentro asistirán representantes de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) y delegados del Gobierno. Los últimos tendrán que responder a cuestionamientos de los comisionados internacionales.

Mónica Vera, presidenta de Inredh, explicó que en la cita se discutirán las vías de cumplimiento de las tres cláusulas que se encuentran parcialmente ejecutadas, según el informe anual de seguimiento que realizó la CIDH, en 2018. De acuerdo con la Comisión, el caso se ha solucionado solo en 33%. 

Las embarazadas y Martha Cecilia Cadena, quien tenía 68 años cuando fue encarcelada, sufrieron una serie de vulneraciones a sus derechos y los de sus hijos, quienes nacieron en prisión. Por esto, la CIDH determinó que cada una recibiera una indemnización de 20 mil dólares, más 15 mil dólares por cada menor de edad. Esta medida además de la capacitación de funcionarios de distintas instituciones estatales y la creación de un programa especial de atención médica a las embarazadas, sus hijos, y las personas de la tercera edad, son las que se han cumplido, desde 2008  en que se firmó el acuerdo, que se publicó en 2013.
 

Lo que está pendiente
Vera afirmó que las víctimas actualmente están en libertad, pero que Martha Cecilia Cadena está con su salud deteriorada, por lo que se insistirá en que se revise el punto dos del acuerdo, que estaría parcialmente cumplido y en el que se dispone que el Estado le provea atención médica inmediata y la traslade a una casa de prisión o prisión correccional.  

La CIDH también pidió a Ecuador que dotara de personal e insumos para que el arresto domiciliario tenga garantía de cumplimiento; que creara una casa de prisión o prisión correccional, que proveyera material para las guarderías existentes e implementara estos centros en las prisiones en las que no existieran. Además solicitó que la Procuraduría General del Estado y otras entidades emprendieran acciones en contra de los responsables de las acciones extrajudiciales y que los sancionaran con procesos administrativos y civiles de repetición. Todas esas medidas se han cumplido parcialmente. (PCV)