Agresión a corruptos

ORLANDO AMORES TERÁN

Las garantías constitucionales, instituidas para amparar a las personas, frente a actos que violen sus derechos, son todos los días vulneradas, a través de normas subordinadas. Existe la percepción que de nada sirven principios y derechos, porque su admisión depende de la trascendencia política del asunto, o del grado de aceptación que tenga el bufete que patrocina el caso, dejando en absoluta indefensión, a miles de personas.

La inadmisión de recursos, vulnera el derecho de acceso a la justicia, preceptuado en el Art. 75 de la CR, privilegiando la formalidad, por sobre derechos constitucionales. Lo cual es una aberración que transgrede, tanto el principio de eficacia, como la premisa constitucional: “No se sacrificará la justicia por la omisión de formalidades.”; y el argumento: «la Constitución y los tratados internacionales reconocen que el fin del Estado es el goce de los derechos de los seres humanos… para tal efecto, deben existir recursos rápidos… frente a actos que violen sus derechos…”. En un régimen de hamponería, los esbirros narco-comunistas, hacen lo imposible porque la Constitución no funcione, para cuestionar la legitimidad de quien exige derechos.

Ante tanta injusticia, muchos crápulas vinculados a la potestad para juzgar, se debe incluir el prevaricato dentro de los delitos imprescriptibles. Cuando se han agotado los medios legales para obtener justicia y no se logra, los ciudadanos perjudicados por resoluciones oprobiosas, deberían organizarse para responder a los corruptos, en el mismo nivel de su ataque moral, para que entiendan que no pueden hacer lo que les venga en gana. A este respecto, Duterte, presidente filipino, insta a agredir a funcionarios corruptos, como un mecanismo cívico, para controlar la impunidad. Ante la insolente corrupción, tenemos el ineludible derecho a defendernos; así se entiende en países democráticos, el ejercicio de defensa de la dignidad: la Corte Suprema de EEUU, rechazó el derecho a controlar la posesión de armas de fuego. En cambio, en regímenes narco-comunistas, es prohibido portar armas, para imponer temor a la población, ante el hampa común y estatal.

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