Pablo Escandón Montenegro
Mi padre, hombre comprometido con las luchas sociales, siempre ha reivindicado que no todos tienen que ir a la universidad. Él no fue un universitario titulado por razones socioeconómicas que se lo impidieron, pero defendía ese precepto: gratuita sí, pero no para todos. Asistimos al declive de los títulos universitarios, gracias a esa masificación y sobredimensión del acceso y a la titulación descontrolada de profesionales homogéneos sin especialización puntual.
La mayoría de profesionales universitarios son reflexivos, críticos (lo que antes no eran en gran cantidad) y sin habilidades concretas para resolver problemas puntuales (lo que antes abundaba en los oficiales y aprendices). Según cifras oficiales, tenemos 31 universidades públicas nacionales, 2 de carácter público con estatus internacional, 8 cofinanciadas por el Estado y 19 particulares con fondos propios, un total de 60 universidades.
Los institutos superiores tecnológicos, que ofrecen carreras similares a las de las universidades, son en total 135 y de ellos, apenas hay una vigencia de 35 carreras, en los ámbitos más variados, pero el que más se repite es el de Técnico en Seguridad Ciudadana y Orden Público, lo que nos muestra una clara paradoja de lo que ocurre en el país.
¿Qué sucede con los oficios más requeridos: gasfitería, sastrería, zapatería, peluquería, albañilería, cerrajería? Ni se diga de las certificaciones profesionales y técnicas. ¿Por qué no atender a ese tipo de formaciones necesarias y calificar la mano de obra? ¿Todos quieren tener un título universitario para ser jefes? Nuestro país necesita educación técnica, con gente que solucionen los problemas domésticos. Allí está la verdadera forma del emprendimiento con formación y no con más universitarios desempleados.