Santiago Armijos Valdivieso
Se dice con razón que los datos personales constituyen el nuevo tesoro de la sociedad en el siglo XXI. Con estos se ganan elecciones presidenciales, se construyen emporios económicos y un sinnúmero de adelantos sociales, médicos, científicos, comunicacionales y de bienestar colectivo como por ejemplo las redes sociales, que tanto han facilitado la comunicación.
Lamentablemente, como los avances tecnológicos también están al servicio del mal, esos mismos datos, también son utilizados para cometer abusos, crímenes y otro tipo de barbaridades.
A propósito de ello, recientemente conocimos, a través de los medios de comunicación, la realización de un masivo robo de datos personales perpetrado por traficantes digitales de información, lo cual, como no podía ser de otra manera, nos ha puesto los pelos de punta.
Frente a ello, el Gobierno Nacional está impulsando la creación de una ley de datos, que de alguna manera, permitiría controlar excesos en su utilización y una mejor seguridad en la custodia. Es de esperar que la iniciativa no se convierta en un nuevo palo de ciego estatizante en el que el remedio resulta peor que en la enfermedad; para evitar aquello se debería iniciar por una seria socialización con todos los estamentos de la sociedad.
Más allá de aquello, considero que cualquier cuerpo legal, nunca será suficiente para evitar el tráfico inescrupuloso de datos si es que no goza de una cuidadosa administración por parte de los titulares, que somos los ciudadanos. Bien podríamos empezar con la publicación en redes sociales de la información estrictamente necesaria, cambiar permanentemente las claves de acceso a nuestras cuentas electrónicas (de correo y bancarias)-aunque esto resulte molestoso-, y regularmente tratar de auto capacitarnos sobre las bondades y amenazas que marcan a la tecnología. (O)