MESÍAS MESTANZA SOLANO
La inseguridad ciudadana es una preocupación permanente de los órganos de la administración de justicia, a cuyo cargo está la aplicación regulada, mesurada y equilibrada del poder punitivo del Estado en los términos de lo que establece nuestra Constitución y el Código Orgánico Integral Penal. Cómo entender el funcionamiento racional de la sociedad compuesta por seres humanos, si el Estado no ejerce el control de la delincuencia y garantiza los derechos de las personas con normas preestablecidas y órganos de la administración pública dotados de las herramientas legales e implementos para su prevención y sanción.
La tranquilidad y paz social no está únicamente en manos de la Fiscalía y de los jueces, sino de todos los ciudadanos que debemos coadyuvar y prestar nuestro contingente para la prevención del delito y el combate a la corrupción, y lo que es más, los operadores de justicia deben estar dotados de leyes que no permitan con facilidad la impunidad.
El país está inundado de droga y de consumidores que frente al policía están drogándose, y, de paso protestan por cualquier llamado de atención de los agentes del orden; hasta portan el examen psicosomático propio del consumidor. Gente en estas condiciones, por el mínimo hecho reacciona violentamente, sin medir las consecuencias, adecuando su conducta a cualquier tipo penal e ir a formar parte de los reclusos, cuyas cárceles están repletas de aquellos antisociales peligrosos. Los Derechos Humanos son los defensores que han bregado mucho para favorecer a quienes están al margen de la ley.
Quizá con las pocas reformas de estos días sean un aporte para que fiscales y jueces coadyuven a mejorar la administración de justicia. Claro está que nuestras leyes han sido hechas para favorecer a los procesados, ya que permiten con mucha facilidad dejar en la impunidad muchos delitos. Como nunca, nuestro COIP es el mejor instrumento legal de la impunidad, y no se diga nuestra Constitución garantista de los derechos de los reos; pues faltó al redactarlo, un capítulo que garantice los derechos de las víctimas. [email protected]