Cuando el Gobierno volvió la mirada al FMI, se sabía que su apoyo para reducir la brecha fiscal se condicionaría a que Ecuador cumpla uno de los siguientes requisitos: Subir impuestos; o, eliminar subsidios.
El Gobierno, como parte de su estrategia, filtró la semana pasada el mensaje de que se subiría el IVA al 15% para sondear la percepción ciudadana. Este globo de ensayo le permitió conocer el masivo rechazo a un impuesto que es regresivo, y que afecta de forma inmediata a los precios, ya que se transfiere al consumidor. Con ese antecedente, la otra opción era eliminar los subsidios, enfocándose en los combustibles, situación que finalmente se confirmó el día martes 1 de octubre, y oficializado a través de decreto ejecutivo al día siguiente.
La eliminación del subsidio de los combustibles le ahorraría al País aproximadamente 1.400 millones de dólares, mientras que un IVA del 15% le hubiera permitido recaudar aproximadamente 1.500 millones de dólares al año, lo que quiere decir que sus efectos monetarios para el fisco son similares. Sin embargo, la medida nos tomó de sorpresa ya que se había alimentado el rumor del incremento del impuesto, por lo que la percepción ciudadana no termina de definir el real impacto de esta decisión sobre los costos de los bienes y servicios. Hábil maniobra del Gobierno.
Los que si se esperaba que reaccionen son los transportistas, mientras que los colectivos sociales y los actores políticos guardan una extraña calma e indiferencia. De allí que desde anoche se realiza una paralización y obstaculización de la movilidad en casi todas las ciudades del País por parte de transportistas.
Comparto las medidas, ya que son necesarias. Lo malo es que se realizan tarde, y por parte de un Gobierno sin credibilidad.