Vivimos una época de crisis, tanto en el ámbito público como en el privado. El cuidado de los recursos en las familias se realiza casi al centavo, ante la imposibilidad de contar con un flujo normal de dinero, producto del trabajo o del negocio propio, que permita atender las necesidades básicas de alimentación y salud. Si las familias estamos cuidando nuestros recursos, con mayor razón deben hacerlo aquellas personas que, por el ejercicio de sus funciones públicas, manejan y deciden sobre el dinero que nos pertenece a todos, y que debe destinarse a las apremiantes necesidades derivadas de la pandemia. Indignan las fundadas sospechas sobre los procedimientos de contratación seguidos en algunas entidades públicas, precisamente relacionadas con la salud, en donde se han comprado, o pretendido comprar, insumos como mascarillas o bolsas para cadáveres (tan necesarios en esta dolorosa época) a precios exorbitantes, muy superiores a los que se cotizan en el mercado. Cierto es que en situaciones emergentes, y ante la urgencia de contar con esos insumos en el menor tiempo posible, los precios pueden subir, pero pretender adquirir fundas para cadáveres a casi 150 dólares por unidad, cuando en el mercado el precio es de 50, resulta inadmisible. La autoridad encargada del proceso de contratación se ha justificado afirmando que hubo cuatro cotizaciones, y que se decidieron por la menor, pero la sospecha radica en la existencia de un presunto acuerdo colusorio entre los oferentes para presentar las ofertas para cumplir con la formalidad, a sabiendas que será escogida la “menor”, que también registra un enorme sobreprecio. ¿Será posible que existan personas que, además de corruptas, no tengan el más mínimo sentido de humanidad, y pretendan medrar de la crisis y enriquecerse sin pudor? ¿Hasta dónde puede llegar la miseria humana? Ya se han efectuado allanamientos para recabar evidencias, y existen detenidos con presunciones de participación en los ilícitos, por lo que le corresponde a la Fiscalía, a la Función Judicial y a la Contraloría General del Estado actuar sin miramientos, para que estos execrables delitos no queden en la impunidad.
