40 años han transcurrido desde lo que llamamos “retorno a la democracia”, y todavía soportamos que el relato oficial de turno se burle de nosotros. Una mañana, millones de ecuatorianos y ecuatorianas amanecemos con un SMS del Gobierno en nuestros celulares: mal escrito, confuso y sin que le autorizáramos usar nuestros datos personales.
Dejamos pasar 40 años de descalificaciones desde balcones, sillas acolchonadas, tarimas y púlpitos de sabatinas litúrgicas criminalizaron a diestra y siniestra. Cuando debimos frenar al poder como los demócratas que decimos ser, callamos. Preferimos rendir pleitesía para acomodarnos hasta que pasara el huracán. No advertimos que lo más peligroso de hacerle el juego al poder viene después.
Ahora, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, inculpa a las universidades quiteñas durante el paro de la primera quincena de octubre, sin pruebas. Esas autoridades obligadas a preservar y practicar los principios democráticos vinculan a rectores, profesores, estudiantes, madres y padres de familia, con la delincuencia común. ¿En qué clase de democracia cree quien embarra de culpa a inocentes para encubrir sus responsabilidades sobre los muertos de las protestas? ¿En qué democracia creerán los niños, niñas y adolescentes, cuando hoy las palabras de sus mayores son un lavamanos?
Mientras el mundo discute sobre las verdaderas ciberamenazas a la democracia, funcionarios fugaces adiestran a un poco de asalariados para lavarse las manos en internet. Etiquetas como #EstoNoEsUnParo #CeroImpunidad #DecididosACrecer no hacen un #EcuadorPaisDePaz.
Unos insultan detrás de cuentas falsas y otros envían mensajitos oficiales de madrugada para exculparse. ¿Es eso democrático? No. ¡Es también “violencia sin precedentes” que, en la práctica, promueve despotismo.
Cuando el poderoso conoce la calaña moral de aquel con quien pudo pactar, ya lo ha sometido a sus designios. Incriminar a inocentes no es democrático. Hacerle el juego a cualquier poder, tampoco. La lambisconería digital solo aviva el odio y abona la impunidad.
40 años han transcurrido desde lo que llamamos “retorno a la democracia”, y todavía soportamos que el relato oficial de turno se burle de nosotros. Una mañana, millones de ecuatorianos y ecuatorianas amanecemos con un SMS del Gobierno en nuestros celulares: mal escrito, confuso y sin que le autorizáramos usar nuestros datos personales.
Dejamos pasar 40 años de descalificaciones desde balcones, sillas acolchonadas, tarimas y púlpitos de sabatinas litúrgicas criminalizaron a diestra y siniestra. Cuando debimos frenar al poder como los demócratas que decimos ser, callamos. Preferimos rendir pleitesía para acomodarnos hasta que pasara el huracán. No advertimos que lo más peligroso de hacerle el juego al poder viene después.
Ahora, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, inculpa a las universidades quiteñas durante el paro de la primera quincena de octubre, sin pruebas. Esas autoridades obligadas a preservar y practicar los principios democráticos vinculan a rectores, profesores, estudiantes, madres y padres de familia, con la delincuencia común. ¿En qué clase de democracia cree quien embarra de culpa a inocentes para encubrir sus responsabilidades sobre los muertos de las protestas? ¿En qué democracia creerán los niños, niñas y adolescentes, cuando hoy las palabras de sus mayores son un lavamanos?
Mientras el mundo discute sobre las verdaderas ciberamenazas a la democracia, funcionarios fugaces adiestran a un poco de asalariados para lavarse las manos en internet. Etiquetas como #EstoNoEsUnParo #CeroImpunidad #DecididosACrecer no hacen un #EcuadorPaisDePaz.
Unos insultan detrás de cuentas falsas y otros envían mensajitos oficiales de madrugada para exculparse. ¿Es eso democrático? No. ¡Es también “violencia sin precedentes” que, en la práctica, promueve despotismo.
Cuando el poderoso conoce la calaña moral de aquel con quien pudo pactar, ya lo ha sometido a sus designios. Incriminar a inocentes no es democrático. Hacerle el juego a cualquier poder, tampoco. La lambisconería digital solo aviva el odio y abona la impunidad.
40 años han transcurrido desde lo que llamamos “retorno a la democracia”, y todavía soportamos que el relato oficial de turno se burle de nosotros. Una mañana, millones de ecuatorianos y ecuatorianas amanecemos con un SMS del Gobierno en nuestros celulares: mal escrito, confuso y sin que le autorizáramos usar nuestros datos personales.
Dejamos pasar 40 años de descalificaciones desde balcones, sillas acolchonadas, tarimas y púlpitos de sabatinas litúrgicas criminalizaron a diestra y siniestra. Cuando debimos frenar al poder como los demócratas que decimos ser, callamos. Preferimos rendir pleitesía para acomodarnos hasta que pasara el huracán. No advertimos que lo más peligroso de hacerle el juego al poder viene después.
Ahora, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, inculpa a las universidades quiteñas durante el paro de la primera quincena de octubre, sin pruebas. Esas autoridades obligadas a preservar y practicar los principios democráticos vinculan a rectores, profesores, estudiantes, madres y padres de familia, con la delincuencia común. ¿En qué clase de democracia cree quien embarra de culpa a inocentes para encubrir sus responsabilidades sobre los muertos de las protestas? ¿En qué democracia creerán los niños, niñas y adolescentes, cuando hoy las palabras de sus mayores son un lavamanos?
Mientras el mundo discute sobre las verdaderas ciberamenazas a la democracia, funcionarios fugaces adiestran a un poco de asalariados para lavarse las manos en internet. Etiquetas como #EstoNoEsUnParo #CeroImpunidad #DecididosACrecer no hacen un #EcuadorPaisDePaz.
Unos insultan detrás de cuentas falsas y otros envían mensajitos oficiales de madrugada para exculparse. ¿Es eso democrático? No. ¡Es también “violencia sin precedentes” que, en la práctica, promueve despotismo.
Cuando el poderoso conoce la calaña moral de aquel con quien pudo pactar, ya lo ha sometido a sus designios. Incriminar a inocentes no es democrático. Hacerle el juego a cualquier poder, tampoco. La lambisconería digital solo aviva el odio y abona la impunidad.
40 años han transcurrido desde lo que llamamos “retorno a la democracia”, y todavía soportamos que el relato oficial de turno se burle de nosotros. Una mañana, millones de ecuatorianos y ecuatorianas amanecemos con un SMS del Gobierno en nuestros celulares: mal escrito, confuso y sin que le autorizáramos usar nuestros datos personales.
Dejamos pasar 40 años de descalificaciones desde balcones, sillas acolchonadas, tarimas y púlpitos de sabatinas litúrgicas criminalizaron a diestra y siniestra. Cuando debimos frenar al poder como los demócratas que decimos ser, callamos. Preferimos rendir pleitesía para acomodarnos hasta que pasara el huracán. No advertimos que lo más peligroso de hacerle el juego al poder viene después.
Ahora, el ministro de Defensa, Oswaldo Jarrín, inculpa a las universidades quiteñas durante el paro de la primera quincena de octubre, sin pruebas. Esas autoridades obligadas a preservar y practicar los principios democráticos vinculan a rectores, profesores, estudiantes, madres y padres de familia, con la delincuencia común. ¿En qué clase de democracia cree quien embarra de culpa a inocentes para encubrir sus responsabilidades sobre los muertos de las protestas? ¿En qué democracia creerán los niños, niñas y adolescentes, cuando hoy las palabras de sus mayores son un lavamanos?
Mientras el mundo discute sobre las verdaderas ciberamenazas a la democracia, funcionarios fugaces adiestran a un poco de asalariados para lavarse las manos en internet. Etiquetas como #EstoNoEsUnParo #CeroImpunidad #DecididosACrecer no hacen un #EcuadorPaisDePaz.
Unos insultan detrás de cuentas falsas y otros envían mensajitos oficiales de madrugada para exculparse. ¿Es eso democrático? No. ¡Es también “violencia sin precedentes” que, en la práctica, promueve despotismo.
Cuando el poderoso conoce la calaña moral de aquel con quien pudo pactar, ya lo ha sometido a sus designios. Incriminar a inocentes no es democrático. Hacerle el juego a cualquier poder, tampoco. La lambisconería digital solo aviva el odio y abona la impunidad.