En el cuarto día de audiencia de juicio directo, Fiscalía y los abogados de los procesados por el delito de paralización de servicios públicos terminaron de dar los alegatos finales.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos por el delito de paralización de servicio público en contra del asambleísta del bloque Revolución Ciudadana, Yofre Poma. También lo hizo para el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y otras siete personas más.
La audiencia se realizó desde las 09:00 de ayer en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia en calidad de reservada, por considerarse que los hechos que se investigan afectan a la seguridad y estructura del Estado.
Junto a Toainga estuvo Marco Prado, procurador de Petroecuador. En esta causa, la estatal petrolera figura como acusadora particular.
De acuerdo a la teoría fiscal, el legislador habría ingresado con otras personas a las instalaciones de un pozo petrolero de Petroamazonas con la intención de paralizar el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), entre las 18:06 y 20:25 del 7 de octubre pasado, cuando fueron detenidos por la fuerza pública.
Sin embargo, Gustavo García, abogado de Poma, aseguró que Fiscalía no tiene elementos para probar que el legislador estuvo en la casa de máquinas del pozo y que su defendido no incurrió en ningún acto que se refiera a paralización de servicios públicos.
A las 14:00, el conjuez David Jacho dio un receso en la audiencia para reinstalarla a las 16:00. Hasta el cierre de esta edición se exponían los últimos alegatos y la réplica de Fiscalía. Se espera que el magistrado emita hoy su resolución hoy sobre una posible sentencia en contra los imputados.
Pedidos negados
El miércoles pasado, el tribunal penal presidido por la jueza, Rosa Merchán, rechazó el pedido de hábeas corpus solicitado por la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.
Algo similar ocurrió la tarde del último lunes, cuando el juez nacional Iván Saquicela, en audiencia reservada, negó la apelación a la prisión preventiva para cuatro de los nueve procesados. (FLC)
En el cuarto día de audiencia de juicio directo, Fiscalía y los abogados de los procesados por el delito de paralización de servicios públicos terminaron de dar los alegatos finales.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos por el delito de paralización de servicio público en contra del asambleísta del bloque Revolución Ciudadana, Yofre Poma. También lo hizo para el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y otras siete personas más.
La audiencia se realizó desde las 09:00 de ayer en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia en calidad de reservada, por considerarse que los hechos que se investigan afectan a la seguridad y estructura del Estado.
Junto a Toainga estuvo Marco Prado, procurador de Petroecuador. En esta causa, la estatal petrolera figura como acusadora particular.
De acuerdo a la teoría fiscal, el legislador habría ingresado con otras personas a las instalaciones de un pozo petrolero de Petroamazonas con la intención de paralizar el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), entre las 18:06 y 20:25 del 7 de octubre pasado, cuando fueron detenidos por la fuerza pública.
Sin embargo, Gustavo García, abogado de Poma, aseguró que Fiscalía no tiene elementos para probar que el legislador estuvo en la casa de máquinas del pozo y que su defendido no incurrió en ningún acto que se refiera a paralización de servicios públicos.
A las 14:00, el conjuez David Jacho dio un receso en la audiencia para reinstalarla a las 16:00. Hasta el cierre de esta edición se exponían los últimos alegatos y la réplica de Fiscalía. Se espera que el magistrado emita hoy su resolución hoy sobre una posible sentencia en contra los imputados.
Pedidos negados
El miércoles pasado, el tribunal penal presidido por la jueza, Rosa Merchán, rechazó el pedido de hábeas corpus solicitado por la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.
Algo similar ocurrió la tarde del último lunes, cuando el juez nacional Iván Saquicela, en audiencia reservada, negó la apelación a la prisión preventiva para cuatro de los nueve procesados. (FLC)
En el cuarto día de audiencia de juicio directo, Fiscalía y los abogados de los procesados por el delito de paralización de servicios públicos terminaron de dar los alegatos finales.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos por el delito de paralización de servicio público en contra del asambleísta del bloque Revolución Ciudadana, Yofre Poma. También lo hizo para el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y otras siete personas más.
La audiencia se realizó desde las 09:00 de ayer en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia en calidad de reservada, por considerarse que los hechos que se investigan afectan a la seguridad y estructura del Estado.
Junto a Toainga estuvo Marco Prado, procurador de Petroecuador. En esta causa, la estatal petrolera figura como acusadora particular.
De acuerdo a la teoría fiscal, el legislador habría ingresado con otras personas a las instalaciones de un pozo petrolero de Petroamazonas con la intención de paralizar el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), entre las 18:06 y 20:25 del 7 de octubre pasado, cuando fueron detenidos por la fuerza pública.
Sin embargo, Gustavo García, abogado de Poma, aseguró que Fiscalía no tiene elementos para probar que el legislador estuvo en la casa de máquinas del pozo y que su defendido no incurrió en ningún acto que se refiera a paralización de servicios públicos.
A las 14:00, el conjuez David Jacho dio un receso en la audiencia para reinstalarla a las 16:00. Hasta el cierre de esta edición se exponían los últimos alegatos y la réplica de Fiscalía. Se espera que el magistrado emita hoy su resolución hoy sobre una posible sentencia en contra los imputados.
Pedidos negados
El miércoles pasado, el tribunal penal presidido por la jueza, Rosa Merchán, rechazó el pedido de hábeas corpus solicitado por la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.
Algo similar ocurrió la tarde del último lunes, cuando el juez nacional Iván Saquicela, en audiencia reservada, negó la apelación a la prisión preventiva para cuatro de los nueve procesados. (FLC)
En el cuarto día de audiencia de juicio directo, Fiscalía y los abogados de los procesados por el delito de paralización de servicios públicos terminaron de dar los alegatos finales.
El fiscal subrogante, Wilson Toainga, formuló cargos por el delito de paralización de servicio público en contra del asambleísta del bloque Revolución Ciudadana, Yofre Poma. También lo hizo para el prefecto de Sucumbíos, Amado Chávez y otras siete personas más.
La audiencia se realizó desde las 09:00 de ayer en el octavo piso de la Corte Nacional de Justicia en calidad de reservada, por considerarse que los hechos que se investigan afectan a la seguridad y estructura del Estado.
Junto a Toainga estuvo Marco Prado, procurador de Petroecuador. En esta causa, la estatal petrolera figura como acusadora particular.
De acuerdo a la teoría fiscal, el legislador habría ingresado con otras personas a las instalaciones de un pozo petrolero de Petroamazonas con la intención de paralizar el bombeo de crudo a través del Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE), entre las 18:06 y 20:25 del 7 de octubre pasado, cuando fueron detenidos por la fuerza pública.
Sin embargo, Gustavo García, abogado de Poma, aseguró que Fiscalía no tiene elementos para probar que el legislador estuvo en la casa de máquinas del pozo y que su defendido no incurrió en ningún acto que se refiera a paralización de servicios públicos.
A las 14:00, el conjuez David Jacho dio un receso en la audiencia para reinstalarla a las 16:00. Hasta el cierre de esta edición se exponían los últimos alegatos y la réplica de Fiscalía. Se espera que el magistrado emita hoy su resolución hoy sobre una posible sentencia en contra los imputados.
Pedidos negados
El miércoles pasado, el tribunal penal presidido por la jueza, Rosa Merchán, rechazó el pedido de hábeas corpus solicitado por la Defensoría del Pueblo de Sucumbíos.
Algo similar ocurrió la tarde del último lunes, cuando el juez nacional Iván Saquicela, en audiencia reservada, negó la apelación a la prisión preventiva para cuatro de los nueve procesados. (FLC)