El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley enviado por la Asamblea Nacional sobre el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
En 14 páginas, el Gobierno formuló observaciones en nueve artículos. En cinco puntos, explicó que, el mecanismo propuesto por el Legislativo para la creación de este registro, “contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado contemplados en la Constitución…”.
La propuesta aprobada por unanimidad por los asambleístas sugiere elaborar un listado de las personas que tengan sentencia ejecutoriada por haber cometido delitos relacionados con violaciones y agresiones sexuales en donde figuren como víctimas a niños, niñas y adolescentes.
Este registro tiene como objetivo inhabilitar a estos sujetos para que ejerzan profesión, cargo, empleo o voluntariados que involucre relación directa con este grupo vulnerable.
Para el Ejecutivo, esta propuesta acarrea contravenciones en los derechos y garantías de las personas, entre estos el derecho al trabajo y a que ningún individuo puede ser discriminado por su pasado judicial, como se estipula en el artículo 11 de la Constitución.
También cita el acápite 66 del mismo cuerpo legal, donde “se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure el trabajo, el empleo, la seguridad social…”.
Respuesta
La legisladora Lourdes Cuesta, quien impulso esta iniciativa, calificó el veto del Ejecutivo como “impresentable”.
EL DATO
Este 1 de octubre, el Pleno aprobó el proyecto de ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según dijo, la propuesta aprobada de forma unánime por 110 asambleístas, no tiene fines discriminativos, aunque sí se hace una distinción para aquellas personas a quienes la Justicia haya sentenciado por incurrir en agresiones de carácter sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Agregó que, el proyecto de ley no busca mermar el derecho al trabajo de los infractores. Aclaró que, únicamente se pretende que ellos no vuelvan a tener contacto con grupos relacionados a las víctimas, pero sí en otros campos laborales.
Es decir, si el agresor fue docente de una institución educativa, este ya no podría, según este proyecto de ley, ejercer la docencia. “Quien cumple una condena y sale en libertad puede trabajar en donde quiera. La restricción es a no trabajar directo con niñas, niños y adolescentes”, aclaró.
¿Represalia política?
A criterio de la asambleísta, integrante de la Comisión de Justicia, el veto del Ejecutivo tiene que ver con una represalia política en su contra por haber denunciado en agosto pasado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y al entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, por un supuesto mal uso de aeronaves de uso policial.
“A través de este veto quieren afectarme a mí por haber impulsado un juicio político a la Ministra de Gobierno”, concluyó la asambleísta independiente. (FLC)
El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley enviado por la Asamblea Nacional sobre el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
En 14 páginas, el Gobierno formuló observaciones en nueve artículos. En cinco puntos, explicó que, el mecanismo propuesto por el Legislativo para la creación de este registro, “contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado contemplados en la Constitución…”.
La propuesta aprobada por unanimidad por los asambleístas sugiere elaborar un listado de las personas que tengan sentencia ejecutoriada por haber cometido delitos relacionados con violaciones y agresiones sexuales en donde figuren como víctimas a niños, niñas y adolescentes.
Este registro tiene como objetivo inhabilitar a estos sujetos para que ejerzan profesión, cargo, empleo o voluntariados que involucre relación directa con este grupo vulnerable.
Para el Ejecutivo, esta propuesta acarrea contravenciones en los derechos y garantías de las personas, entre estos el derecho al trabajo y a que ningún individuo puede ser discriminado por su pasado judicial, como se estipula en el artículo 11 de la Constitución.
También cita el acápite 66 del mismo cuerpo legal, donde “se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure el trabajo, el empleo, la seguridad social…”.
Respuesta
La legisladora Lourdes Cuesta, quien impulso esta iniciativa, calificó el veto del Ejecutivo como “impresentable”.
EL DATO
Este 1 de octubre, el Pleno aprobó el proyecto de ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según dijo, la propuesta aprobada de forma unánime por 110 asambleístas, no tiene fines discriminativos, aunque sí se hace una distinción para aquellas personas a quienes la Justicia haya sentenciado por incurrir en agresiones de carácter sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Agregó que, el proyecto de ley no busca mermar el derecho al trabajo de los infractores. Aclaró que, únicamente se pretende que ellos no vuelvan a tener contacto con grupos relacionados a las víctimas, pero sí en otros campos laborales.
Es decir, si el agresor fue docente de una institución educativa, este ya no podría, según este proyecto de ley, ejercer la docencia. “Quien cumple una condena y sale en libertad puede trabajar en donde quiera. La restricción es a no trabajar directo con niñas, niños y adolescentes”, aclaró.
¿Represalia política?
A criterio de la asambleísta, integrante de la Comisión de Justicia, el veto del Ejecutivo tiene que ver con una represalia política en su contra por haber denunciado en agosto pasado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y al entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, por un supuesto mal uso de aeronaves de uso policial.
“A través de este veto quieren afectarme a mí por haber impulsado un juicio político a la Ministra de Gobierno”, concluyó la asambleísta independiente. (FLC)
El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley enviado por la Asamblea Nacional sobre el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
En 14 páginas, el Gobierno formuló observaciones en nueve artículos. En cinco puntos, explicó que, el mecanismo propuesto por el Legislativo para la creación de este registro, “contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado contemplados en la Constitución…”.
La propuesta aprobada por unanimidad por los asambleístas sugiere elaborar un listado de las personas que tengan sentencia ejecutoriada por haber cometido delitos relacionados con violaciones y agresiones sexuales en donde figuren como víctimas a niños, niñas y adolescentes.
Este registro tiene como objetivo inhabilitar a estos sujetos para que ejerzan profesión, cargo, empleo o voluntariados que involucre relación directa con este grupo vulnerable.
Para el Ejecutivo, esta propuesta acarrea contravenciones en los derechos y garantías de las personas, entre estos el derecho al trabajo y a que ningún individuo puede ser discriminado por su pasado judicial, como se estipula en el artículo 11 de la Constitución.
También cita el acápite 66 del mismo cuerpo legal, donde “se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure el trabajo, el empleo, la seguridad social…”.
Respuesta
La legisladora Lourdes Cuesta, quien impulso esta iniciativa, calificó el veto del Ejecutivo como “impresentable”.
EL DATO
Este 1 de octubre, el Pleno aprobó el proyecto de ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según dijo, la propuesta aprobada de forma unánime por 110 asambleístas, no tiene fines discriminativos, aunque sí se hace una distinción para aquellas personas a quienes la Justicia haya sentenciado por incurrir en agresiones de carácter sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Agregó que, el proyecto de ley no busca mermar el derecho al trabajo de los infractores. Aclaró que, únicamente se pretende que ellos no vuelvan a tener contacto con grupos relacionados a las víctimas, pero sí en otros campos laborales.
Es decir, si el agresor fue docente de una institución educativa, este ya no podría, según este proyecto de ley, ejercer la docencia. “Quien cumple una condena y sale en libertad puede trabajar en donde quiera. La restricción es a no trabajar directo con niñas, niños y adolescentes”, aclaró.
¿Represalia política?
A criterio de la asambleísta, integrante de la Comisión de Justicia, el veto del Ejecutivo tiene que ver con una represalia política en su contra por haber denunciado en agosto pasado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y al entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, por un supuesto mal uso de aeronaves de uso policial.
“A través de este veto quieren afectarme a mí por haber impulsado un juicio político a la Ministra de Gobierno”, concluyó la asambleísta independiente. (FLC)
El Ejecutivo vetó parcialmente el proyecto de ley enviado por la Asamblea Nacional sobre el Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
En 14 páginas, el Gobierno formuló observaciones en nueve artículos. En cinco puntos, explicó que, el mecanismo propuesto por el Legislativo para la creación de este registro, “contraviene derechos y garantías de las personas y deberes primordiales del Estado contemplados en la Constitución…”.
La propuesta aprobada por unanimidad por los asambleístas sugiere elaborar un listado de las personas que tengan sentencia ejecutoriada por haber cometido delitos relacionados con violaciones y agresiones sexuales en donde figuren como víctimas a niños, niñas y adolescentes.
Este registro tiene como objetivo inhabilitar a estos sujetos para que ejerzan profesión, cargo, empleo o voluntariados que involucre relación directa con este grupo vulnerable.
Para el Ejecutivo, esta propuesta acarrea contravenciones en los derechos y garantías de las personas, entre estos el derecho al trabajo y a que ningún individuo puede ser discriminado por su pasado judicial, como se estipula en el artículo 11 de la Constitución.
También cita el acápite 66 del mismo cuerpo legal, donde “se reconoce y garantiza a las personas el derecho a una vida digna que asegure el trabajo, el empleo, la seguridad social…”.
Respuesta
La legisladora Lourdes Cuesta, quien impulso esta iniciativa, calificó el veto del Ejecutivo como “impresentable”.
EL DATO
Este 1 de octubre, el Pleno aprobó el proyecto de ley de Registro Ecuatoriano de Violadores, Abusadores y Agresores Sexuales de Niñas, Niños y Adolescentes.
Según dijo, la propuesta aprobada de forma unánime por 110 asambleístas, no tiene fines discriminativos, aunque sí se hace una distinción para aquellas personas a quienes la Justicia haya sentenciado por incurrir en agresiones de carácter sexual contra niños, niñas y adolescentes.
Agregó que, el proyecto de ley no busca mermar el derecho al trabajo de los infractores. Aclaró que, únicamente se pretende que ellos no vuelvan a tener contacto con grupos relacionados a las víctimas, pero sí en otros campos laborales.
Es decir, si el agresor fue docente de una institución educativa, este ya no podría, según este proyecto de ley, ejercer la docencia. “Quien cumple una condena y sale en libertad puede trabajar en donde quiera. La restricción es a no trabajar directo con niñas, niños y adolescentes”, aclaró.
¿Represalia política?
A criterio de la asambleísta, integrante de la Comisión de Justicia, el veto del Ejecutivo tiene que ver con una represalia política en su contra por haber denunciado en agosto pasado a la ministra de Gobierno, María Paula Romo y al entonces secretario Anticorrupción, Iván Granda, por un supuesto mal uso de aeronaves de uso policial.
“A través de este veto quieren afectarme a mí por haber impulsado un juicio político a la Ministra de Gobierno”, concluyó la asambleísta independiente. (FLC)