POR: ORLANDO AMORES TERÁN
El año 2000, el Concejo Municipal resolvió por unanimidad, pedir al Tribunal Provincial Electoral de Pichincha (TPEP) que convoque a Consulta Popular para que Santo Domingo se pronuncie si desea ser provincia. La pregunta fue mal planteada y la solicitud archivada. En noviembre de 2005, se reestructuró el Cuarto Comité de Provincialización, bajo la coordinación de Víctor Hugo Torres, integrado por Víctor Manuel Quirola, Leonardo López, Héctor Aguavil, monseñor Wilson Moncayo.
La vieja guardia de provincializadores, propuso la independencia del Proyecto; la corriente legalista, liderada por Amores Terán y apoyada por monseñor Moncayo, argumentó la necesidad de contar con un órgano público que legitime la interlocución con el Estado y proponga la Consulta, para alcanzar nuestra provincialización, a través de un mandato; sugirió que integren el Cuarto Comité de Provincialización, los concejales y lo presida el alcalde y se cree un Comité Ejecutivo de ciudadanos independientes, que impulsen el proyecto.
La municipalidad volvió a pedir la Consulta al TPEP, sin cumplir requisitos legales. El TPEP, volvió a rechazar la solicitud. El 3 de abril de 2006, por pedido del presidente del Comité Ejecutivo, el concejal Espín, se creó la Comisión Jurídica, integrada por: Orlando Amores Terán, quien la preside, Vinicio del Pozo, Byron Guerrero, Diego Montalbán, Lenin Pazmiño y Juan Ignacio Velasco, encargada de asesorar el proceso. La Comisión Jurídica pidió al Concejo: 1. Solicitar al TPEP se consulte a los ciudadanos que habitamos en el cantón Santo Domingo: ¿Está usted de acuerdo que Santo Domingo sea elevado a la categoría de provincia con la actual jurisdicción territorial del cantón del mismo nombre?. 2. Autorizar al alcalde, se transfieran a la cuenta del TSE, el valor total del presupuesto que dicho Tribunal expida para la Consulta. 3. Aprobar y ratificar las resoluciones. El 2 de junio del 2006, el Concejo, aprobó las actas de las sesiones del 19 de abril y 23 de mayo y entregó la solicitud de Consulta al TPEP, con la documentación de soporte y argumentación realizada por la Comisión Jurídica.
El 18 de septiembre de 2006, la Comisión Jurídica con el apoyo de la transportación, paralizó al país por 12 horas y exigió al TPEP que califique la pregunta y admita a trámite la Consulta. El 20 de septiembre, el TPEP, calificó la pregunta y admitió a trámite, estableciendo que convocará para después de las elecciones; lo cual violaba el trámite. La Comisión Jurídica sugiere: 1. Enjuiciar por prevaricato a los vocales del TPEP. 2. Desobediencia civil hasta cuando el TPEP elabore la pro forma presupuestaria, la apruebe el TSE, y convoque a Consulta para el 26 de noviembre del 2006. 3. Demandar al TPEP, ante el Jefe de la Misión de la OEA, por violación de DDHH.
El 6 de octubre el TPEP, aprobó la pro forma presupuestaria para la Consulta. La Comisión Económica el 17 de octubre recomendó al TSE la aprobación de la pro forma presupuestaria para la Consulta. El 19 de octubre el TSE la aprobó. El 26 de octubre el Comité Ejecutivo de Provincialización, por recomendación de la Comisión Jurídica anunció paro indefinido desde el 6 de noviembre si es que el TPEP no convoca a Consulta a Santo Domingo, para el 26 de noviembre. El 31 de octubre el TPEP resolvió que la Consulta se realizará el 26 de noviembre y que la convocatoria la hará el 9 de noviembre, el pleno del TPEP, en Santo Domingo. La estrategia armada por la Comisión Jurídica exigía que la Consulta se realice en elecciones, para ello utilizó tácticas de presión social, jurídica y política, adoptadas de modo consensuado en las asambleas, sin dejar entrometerse a electoreristas o partidos políticos y sin recurrir a la dirección personalizada, oportunista, que deviene vanidosa. Siete virtudes tiene esta jornada: 1. Que el Concejo resolvió pedir Consulta Popular. 2. Que el 3 de abril de 2006 se integró el Cuarto Comité de Provincialización con la Municipalidad que lo presidió, y aceptó sin objeciones las recomendaciones de la Comisión Jurídica. 3. Que cada ciudadano que participó en este proceso, era reconocido como líder autónomo, que aportaba con lo que podía y sabía, a la gran causa: Consulta el 26 de noviembre. 4. Que se generaron liderazgos ganados con legitimidad en el trabajo permanente en las calles y en los foros. 5. Que se valoró a nuestra gente, porque esta batalla jurídica, la libraron abogados santodominguenses. 6. Que no se hizo ninguna colecta pública de dinero, que ensucie el proceso cívico. 7. Que se recuperó la confianza de la gente, porque se concluyó victoriosamente el proceso con indeclinable persistencia, sin permitirle a nadie dubitaciones en la marcha y peor la entrega de territorio, a cambio de ser provincia.
Resultado
Como producto de esta gestión cívica, el 6 de noviembre de 2007, con la publicación en el Registro Oficial N.- 205, se logró la creación de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Nunca antes, en la historia de Santo Domingo, tan pocos, hicieron tanto, en beneficio de todos.
POR: ORLANDO AMORES TERÁN
El año 2000, el Concejo Municipal resolvió por unanimidad, pedir al Tribunal Provincial Electoral de Pichincha (TPEP) que convoque a Consulta Popular para que Santo Domingo se pronuncie si desea ser provincia. La pregunta fue mal planteada y la solicitud archivada. En noviembre de 2005, se reestructuró el Cuarto Comité de Provincialización, bajo la coordinación de Víctor Hugo Torres, integrado por Víctor Manuel Quirola, Leonardo López, Héctor Aguavil, monseñor Wilson Moncayo.
La vieja guardia de provincializadores, propuso la independencia del Proyecto; la corriente legalista, liderada por Amores Terán y apoyada por monseñor Moncayo, argumentó la necesidad de contar con un órgano público que legitime la interlocución con el Estado y proponga la Consulta, para alcanzar nuestra provincialización, a través de un mandato; sugirió que integren el Cuarto Comité de Provincialización, los concejales y lo presida el alcalde y se cree un Comité Ejecutivo de ciudadanos independientes, que impulsen el proyecto.
La municipalidad volvió a pedir la Consulta al TPEP, sin cumplir requisitos legales. El TPEP, volvió a rechazar la solicitud. El 3 de abril de 2006, por pedido del presidente del Comité Ejecutivo, el concejal Espín, se creó la Comisión Jurídica, integrada por: Orlando Amores Terán, quien la preside, Vinicio del Pozo, Byron Guerrero, Diego Montalbán, Lenin Pazmiño y Juan Ignacio Velasco, encargada de asesorar el proceso. La Comisión Jurídica pidió al Concejo: 1. Solicitar al TPEP se consulte a los ciudadanos que habitamos en el cantón Santo Domingo: ¿Está usted de acuerdo que Santo Domingo sea elevado a la categoría de provincia con la actual jurisdicción territorial del cantón del mismo nombre?. 2. Autorizar al alcalde, se transfieran a la cuenta del TSE, el valor total del presupuesto que dicho Tribunal expida para la Consulta. 3. Aprobar y ratificar las resoluciones. El 2 de junio del 2006, el Concejo, aprobó las actas de las sesiones del 19 de abril y 23 de mayo y entregó la solicitud de Consulta al TPEP, con la documentación de soporte y argumentación realizada por la Comisión Jurídica.
El 18 de septiembre de 2006, la Comisión Jurídica con el apoyo de la transportación, paralizó al país por 12 horas y exigió al TPEP que califique la pregunta y admita a trámite la Consulta. El 20 de septiembre, el TPEP, calificó la pregunta y admitió a trámite, estableciendo que convocará para después de las elecciones; lo cual violaba el trámite. La Comisión Jurídica sugiere: 1. Enjuiciar por prevaricato a los vocales del TPEP. 2. Desobediencia civil hasta cuando el TPEP elabore la pro forma presupuestaria, la apruebe el TSE, y convoque a Consulta para el 26 de noviembre del 2006. 3. Demandar al TPEP, ante el Jefe de la Misión de la OEA, por violación de DDHH.
El 6 de octubre el TPEP, aprobó la pro forma presupuestaria para la Consulta. La Comisión Económica el 17 de octubre recomendó al TSE la aprobación de la pro forma presupuestaria para la Consulta. El 19 de octubre el TSE la aprobó. El 26 de octubre el Comité Ejecutivo de Provincialización, por recomendación de la Comisión Jurídica anunció paro indefinido desde el 6 de noviembre si es que el TPEP no convoca a Consulta a Santo Domingo, para el 26 de noviembre. El 31 de octubre el TPEP resolvió que la Consulta se realizará el 26 de noviembre y que la convocatoria la hará el 9 de noviembre, el pleno del TPEP, en Santo Domingo. La estrategia armada por la Comisión Jurídica exigía que la Consulta se realice en elecciones, para ello utilizó tácticas de presión social, jurídica y política, adoptadas de modo consensuado en las asambleas, sin dejar entrometerse a electoreristas o partidos políticos y sin recurrir a la dirección personalizada, oportunista, que deviene vanidosa. Siete virtudes tiene esta jornada: 1. Que el Concejo resolvió pedir Consulta Popular. 2. Que el 3 de abril de 2006 se integró el Cuarto Comité de Provincialización con la Municipalidad que lo presidió, y aceptó sin objeciones las recomendaciones de la Comisión Jurídica. 3. Que cada ciudadano que participó en este proceso, era reconocido como líder autónomo, que aportaba con lo que podía y sabía, a la gran causa: Consulta el 26 de noviembre. 4. Que se generaron liderazgos ganados con legitimidad en el trabajo permanente en las calles y en los foros. 5. Que se valoró a nuestra gente, porque esta batalla jurídica, la libraron abogados santodominguenses. 6. Que no se hizo ninguna colecta pública de dinero, que ensucie el proceso cívico. 7. Que se recuperó la confianza de la gente, porque se concluyó victoriosamente el proceso con indeclinable persistencia, sin permitirle a nadie dubitaciones en la marcha y peor la entrega de territorio, a cambio de ser provincia.
Resultado
Como producto de esta gestión cívica, el 6 de noviembre de 2007, con la publicación en el Registro Oficial N.- 205, se logró la creación de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Nunca antes, en la historia de Santo Domingo, tan pocos, hicieron tanto, en beneficio de todos.
POR: ORLANDO AMORES TERÁN
El año 2000, el Concejo Municipal resolvió por unanimidad, pedir al Tribunal Provincial Electoral de Pichincha (TPEP) que convoque a Consulta Popular para que Santo Domingo se pronuncie si desea ser provincia. La pregunta fue mal planteada y la solicitud archivada. En noviembre de 2005, se reestructuró el Cuarto Comité de Provincialización, bajo la coordinación de Víctor Hugo Torres, integrado por Víctor Manuel Quirola, Leonardo López, Héctor Aguavil, monseñor Wilson Moncayo.
La vieja guardia de provincializadores, propuso la independencia del Proyecto; la corriente legalista, liderada por Amores Terán y apoyada por monseñor Moncayo, argumentó la necesidad de contar con un órgano público que legitime la interlocución con el Estado y proponga la Consulta, para alcanzar nuestra provincialización, a través de un mandato; sugirió que integren el Cuarto Comité de Provincialización, los concejales y lo presida el alcalde y se cree un Comité Ejecutivo de ciudadanos independientes, que impulsen el proyecto.
La municipalidad volvió a pedir la Consulta al TPEP, sin cumplir requisitos legales. El TPEP, volvió a rechazar la solicitud. El 3 de abril de 2006, por pedido del presidente del Comité Ejecutivo, el concejal Espín, se creó la Comisión Jurídica, integrada por: Orlando Amores Terán, quien la preside, Vinicio del Pozo, Byron Guerrero, Diego Montalbán, Lenin Pazmiño y Juan Ignacio Velasco, encargada de asesorar el proceso. La Comisión Jurídica pidió al Concejo: 1. Solicitar al TPEP se consulte a los ciudadanos que habitamos en el cantón Santo Domingo: ¿Está usted de acuerdo que Santo Domingo sea elevado a la categoría de provincia con la actual jurisdicción territorial del cantón del mismo nombre?. 2. Autorizar al alcalde, se transfieran a la cuenta del TSE, el valor total del presupuesto que dicho Tribunal expida para la Consulta. 3. Aprobar y ratificar las resoluciones. El 2 de junio del 2006, el Concejo, aprobó las actas de las sesiones del 19 de abril y 23 de mayo y entregó la solicitud de Consulta al TPEP, con la documentación de soporte y argumentación realizada por la Comisión Jurídica.
El 18 de septiembre de 2006, la Comisión Jurídica con el apoyo de la transportación, paralizó al país por 12 horas y exigió al TPEP que califique la pregunta y admita a trámite la Consulta. El 20 de septiembre, el TPEP, calificó la pregunta y admitió a trámite, estableciendo que convocará para después de las elecciones; lo cual violaba el trámite. La Comisión Jurídica sugiere: 1. Enjuiciar por prevaricato a los vocales del TPEP. 2. Desobediencia civil hasta cuando el TPEP elabore la pro forma presupuestaria, la apruebe el TSE, y convoque a Consulta para el 26 de noviembre del 2006. 3. Demandar al TPEP, ante el Jefe de la Misión de la OEA, por violación de DDHH.
El 6 de octubre el TPEP, aprobó la pro forma presupuestaria para la Consulta. La Comisión Económica el 17 de octubre recomendó al TSE la aprobación de la pro forma presupuestaria para la Consulta. El 19 de octubre el TSE la aprobó. El 26 de octubre el Comité Ejecutivo de Provincialización, por recomendación de la Comisión Jurídica anunció paro indefinido desde el 6 de noviembre si es que el TPEP no convoca a Consulta a Santo Domingo, para el 26 de noviembre. El 31 de octubre el TPEP resolvió que la Consulta se realizará el 26 de noviembre y que la convocatoria la hará el 9 de noviembre, el pleno del TPEP, en Santo Domingo. La estrategia armada por la Comisión Jurídica exigía que la Consulta se realice en elecciones, para ello utilizó tácticas de presión social, jurídica y política, adoptadas de modo consensuado en las asambleas, sin dejar entrometerse a electoreristas o partidos políticos y sin recurrir a la dirección personalizada, oportunista, que deviene vanidosa. Siete virtudes tiene esta jornada: 1. Que el Concejo resolvió pedir Consulta Popular. 2. Que el 3 de abril de 2006 se integró el Cuarto Comité de Provincialización con la Municipalidad que lo presidió, y aceptó sin objeciones las recomendaciones de la Comisión Jurídica. 3. Que cada ciudadano que participó en este proceso, era reconocido como líder autónomo, que aportaba con lo que podía y sabía, a la gran causa: Consulta el 26 de noviembre. 4. Que se generaron liderazgos ganados con legitimidad en el trabajo permanente en las calles y en los foros. 5. Que se valoró a nuestra gente, porque esta batalla jurídica, la libraron abogados santodominguenses. 6. Que no se hizo ninguna colecta pública de dinero, que ensucie el proceso cívico. 7. Que se recuperó la confianza de la gente, porque se concluyó victoriosamente el proceso con indeclinable persistencia, sin permitirle a nadie dubitaciones en la marcha y peor la entrega de territorio, a cambio de ser provincia.
Resultado
Como producto de esta gestión cívica, el 6 de noviembre de 2007, con la publicación en el Registro Oficial N.- 205, se logró la creación de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Nunca antes, en la historia de Santo Domingo, tan pocos, hicieron tanto, en beneficio de todos.
POR: ORLANDO AMORES TERÁN
El año 2000, el Concejo Municipal resolvió por unanimidad, pedir al Tribunal Provincial Electoral de Pichincha (TPEP) que convoque a Consulta Popular para que Santo Domingo se pronuncie si desea ser provincia. La pregunta fue mal planteada y la solicitud archivada. En noviembre de 2005, se reestructuró el Cuarto Comité de Provincialización, bajo la coordinación de Víctor Hugo Torres, integrado por Víctor Manuel Quirola, Leonardo López, Héctor Aguavil, monseñor Wilson Moncayo.
La vieja guardia de provincializadores, propuso la independencia del Proyecto; la corriente legalista, liderada por Amores Terán y apoyada por monseñor Moncayo, argumentó la necesidad de contar con un órgano público que legitime la interlocución con el Estado y proponga la Consulta, para alcanzar nuestra provincialización, a través de un mandato; sugirió que integren el Cuarto Comité de Provincialización, los concejales y lo presida el alcalde y se cree un Comité Ejecutivo de ciudadanos independientes, que impulsen el proyecto.
La municipalidad volvió a pedir la Consulta al TPEP, sin cumplir requisitos legales. El TPEP, volvió a rechazar la solicitud. El 3 de abril de 2006, por pedido del presidente del Comité Ejecutivo, el concejal Espín, se creó la Comisión Jurídica, integrada por: Orlando Amores Terán, quien la preside, Vinicio del Pozo, Byron Guerrero, Diego Montalbán, Lenin Pazmiño y Juan Ignacio Velasco, encargada de asesorar el proceso. La Comisión Jurídica pidió al Concejo: 1. Solicitar al TPEP se consulte a los ciudadanos que habitamos en el cantón Santo Domingo: ¿Está usted de acuerdo que Santo Domingo sea elevado a la categoría de provincia con la actual jurisdicción territorial del cantón del mismo nombre?. 2. Autorizar al alcalde, se transfieran a la cuenta del TSE, el valor total del presupuesto que dicho Tribunal expida para la Consulta. 3. Aprobar y ratificar las resoluciones. El 2 de junio del 2006, el Concejo, aprobó las actas de las sesiones del 19 de abril y 23 de mayo y entregó la solicitud de Consulta al TPEP, con la documentación de soporte y argumentación realizada por la Comisión Jurídica.
El 18 de septiembre de 2006, la Comisión Jurídica con el apoyo de la transportación, paralizó al país por 12 horas y exigió al TPEP que califique la pregunta y admita a trámite la Consulta. El 20 de septiembre, el TPEP, calificó la pregunta y admitió a trámite, estableciendo que convocará para después de las elecciones; lo cual violaba el trámite. La Comisión Jurídica sugiere: 1. Enjuiciar por prevaricato a los vocales del TPEP. 2. Desobediencia civil hasta cuando el TPEP elabore la pro forma presupuestaria, la apruebe el TSE, y convoque a Consulta para el 26 de noviembre del 2006. 3. Demandar al TPEP, ante el Jefe de la Misión de la OEA, por violación de DDHH.
El 6 de octubre el TPEP, aprobó la pro forma presupuestaria para la Consulta. La Comisión Económica el 17 de octubre recomendó al TSE la aprobación de la pro forma presupuestaria para la Consulta. El 19 de octubre el TSE la aprobó. El 26 de octubre el Comité Ejecutivo de Provincialización, por recomendación de la Comisión Jurídica anunció paro indefinido desde el 6 de noviembre si es que el TPEP no convoca a Consulta a Santo Domingo, para el 26 de noviembre. El 31 de octubre el TPEP resolvió que la Consulta se realizará el 26 de noviembre y que la convocatoria la hará el 9 de noviembre, el pleno del TPEP, en Santo Domingo. La estrategia armada por la Comisión Jurídica exigía que la Consulta se realice en elecciones, para ello utilizó tácticas de presión social, jurídica y política, adoptadas de modo consensuado en las asambleas, sin dejar entrometerse a electoreristas o partidos políticos y sin recurrir a la dirección personalizada, oportunista, que deviene vanidosa. Siete virtudes tiene esta jornada: 1. Que el Concejo resolvió pedir Consulta Popular. 2. Que el 3 de abril de 2006 se integró el Cuarto Comité de Provincialización con la Municipalidad que lo presidió, y aceptó sin objeciones las recomendaciones de la Comisión Jurídica. 3. Que cada ciudadano que participó en este proceso, era reconocido como líder autónomo, que aportaba con lo que podía y sabía, a la gran causa: Consulta el 26 de noviembre. 4. Que se generaron liderazgos ganados con legitimidad en el trabajo permanente en las calles y en los foros. 5. Que se valoró a nuestra gente, porque esta batalla jurídica, la libraron abogados santodominguenses. 6. Que no se hizo ninguna colecta pública de dinero, que ensucie el proceso cívico. 7. Que se recuperó la confianza de la gente, porque se concluyó victoriosamente el proceso con indeclinable persistencia, sin permitirle a nadie dubitaciones en la marcha y peor la entrega de territorio, a cambio de ser provincia.
Resultado
Como producto de esta gestión cívica, el 6 de noviembre de 2007, con la publicación en el Registro Oficial N.- 205, se logró la creación de la provincia Santo Domingo de los Tsáchilas. Nunca antes, en la historia de Santo Domingo, tan pocos, hicieron tanto, en beneficio de todos.