Noticias   /   País

Disminución de infractores por minería ilegal

NOV, 10, 2019 |

CONDICIÓN. En el país, 16 provincias son vulnerables a la minería ilegal.

De enero a octubre, la Agencia de Regulación y Control Minero (Arcom), en coordinación con la Unidad de Delitos Mineros de la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, realizó 418 operativos en todo el país. Como resultado, según las autoridades, se redujo en un 60% el número de infractores por minería ilegal, en comparación a 2018. 

En total, durante este año, la Policía ha detenido a 182 personas presuntamente involucradas en actividades de minería ilegal. Fueron puestas a disposición de la Fiscalía, para la apertura de los procesos judiciales correspondientes.

El Código Integral Penal, en su artículo 260, sanciona a la minería ilegal con pena privativa de libertad de cinco a siete años “a quien extraiga, explote, explore, aproveche, transforme, transporte, comercialice o almacene recursos mineros sin los permisos requeridos por la Ley”. Cuando se trata de minería artesanal ilegal, la sanción es de uno a tres años.
 

Más resultados

Además, se han incautado 628 toneladas de roca mineralizada. Este material será entregado a la Empresa Nacional Minera (Enami) para su procesamiento y comercialización. Los recursos que se obtengan de la venta irán a la cuenta del Tesoro Nacional.
 

3.365
 concesiones mineras legales de todo tipo hay en el país. 
El artículo 57 de la Ley de Minería establece que: “los bienes, maquinaria, equipos, insumos y vehículos que sean utilizados en actividades ilegales o no autorizadas de explotación, beneficio o procesamiento, fundición, refinación y comercialización clandestina de sustancias minerales, serán objeto de: decomiso especial, incautación, inmovilización, destrucción, demolición, inutilización o neutralización”.

Además, la Arcom ha decomisado 49 máquinas utilizadas en actividades ilícitas, de las cuales 31 fueron destruidas e inmovilizadas.

A la par de los operativos, también se han realizado 2.707 inspecciones técnicas de seguimiento a titulares de derechos mineros y concesionarios de pequeña, mediana y gran minería, con el objetivo de promover que las actividades mineras cumplan con la normativa legal vigente. (JS)