Aún hay vías para insistir en registro de violadores

Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.
Medida. La Corte Constitucional se pronunció sobre el registro de violadores tras tres meses de análisis.

Pese a que la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea archivar el proyecto de ley que buscaba establecer un registro de personas sentenciadas por violar a niños, todavía hay caminos para lograr reformas legales en este ámbito.

La presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Verónica Moya; el presidente del Foro de la Niñez, Manuel Martínez; y la representante del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos de Mujeres, Surkuna, Ana Cristina Vera sostienen que en las reformas al Código de la Niñez se puede establecer no solo un registro sino un sistema de información sobre responsables de violación y otros delitos contra la niñez.

Agregan que esto debe articularse con el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.

“Esta articulación dará más sentido y más fuerza para que la iniciativa de registro no quede archivada”, dice Martínez.

Señala que con una adecuada técnica legislativa, dicho sistema garantizaría el interés superior del niño por sobre los derechos legítimos de rehacer su vida de quienes, en teoría, salieron rehabilitados tras cumplir condenas por violación.

Argumentos

Vera considera que la Corte no valoró el derecho superior del niño ni los criterios científicos al calificar el registro como una “diferenciación no justificada”. Ella plantea hacer un nuevo proyecto mucho más concreto y con criterios claros de constitucionalidad, señalando “para que servirá el registro, con qué fines y quién lo administraría sin discriminación”.

La activista además pide a los asambleísta corregir el error de destinar recursos irrisorios para la prevención de violencia a los niños en el Presupuesto General del Estado.

Moya puntualiza que la alternativa que le quedaría a la Asamblea es incluir, en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo registro en el que consten todos los sentenciados por violación de niños y no únicamente, como planteaba el proyecto de Ley, a personas que laboran o tienen relación directa con menores.

En espera

La proponente del proyecto de Ley, Lourdes Cuesta; y la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, esperan conocer la motivación de la Corte Constitucional para archivar la iniciativa.

Ambas anticiparon que estudiarán el texto del fallo para pronunciarse sobre posibles alternativas de legislación. “Si efectivamente es de obligatorio cumplimiento, por ser el organismo máximo de interpretación de la Ley, no hay nada que hacer. No obstante, en mi opinión, la Corte no tiene un análisis adecuado de lo que se debería hacer porque este registro no necesariamente es discriminatorio”.

“No hay otra opción que conocer el dictamen, archivar y esperar que los violadores de niños sean los profesores de las escuelas de nuestros niños, que quien ha salido de la cárcel por haber violado a una niña le enseñe ballet”, cuestiona Cuesta al recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad por todos los bloques legislativos.

También critica el argumento de la Corte de una discriminación por el pasado judicial de los violadores. “Con ese argumento se pone en entredicho el mandato de la consulta popular de que los corruptos no vuelvan a trabajar en el Estado”. (JCER)

El contexto

La norma que establecía el registro fue aprobada en agosto anterior tras lo cual el presidente Lenín Moreno la vetó parcialmente y el cuerpo ingresó a la Corte Constitucional para un fallo definitivo y en última instancia.

Pese a que la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea archivar el proyecto de ley que buscaba establecer un registro de personas sentenciadas por violar a niños, todavía hay caminos para lograr reformas legales en este ámbito.

La presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Verónica Moya; el presidente del Foro de la Niñez, Manuel Martínez; y la representante del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos de Mujeres, Surkuna, Ana Cristina Vera sostienen que en las reformas al Código de la Niñez se puede establecer no solo un registro sino un sistema de información sobre responsables de violación y otros delitos contra la niñez.

Agregan que esto debe articularse con el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.

“Esta articulación dará más sentido y más fuerza para que la iniciativa de registro no quede archivada”, dice Martínez.

Señala que con una adecuada técnica legislativa, dicho sistema garantizaría el interés superior del niño por sobre los derechos legítimos de rehacer su vida de quienes, en teoría, salieron rehabilitados tras cumplir condenas por violación.

Argumentos

Vera considera que la Corte no valoró el derecho superior del niño ni los criterios científicos al calificar el registro como una “diferenciación no justificada”. Ella plantea hacer un nuevo proyecto mucho más concreto y con criterios claros de constitucionalidad, señalando “para que servirá el registro, con qué fines y quién lo administraría sin discriminación”.

La activista además pide a los asambleísta corregir el error de destinar recursos irrisorios para la prevención de violencia a los niños en el Presupuesto General del Estado.

Moya puntualiza que la alternativa que le quedaría a la Asamblea es incluir, en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo registro en el que consten todos los sentenciados por violación de niños y no únicamente, como planteaba el proyecto de Ley, a personas que laboran o tienen relación directa con menores.

En espera

La proponente del proyecto de Ley, Lourdes Cuesta; y la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, esperan conocer la motivación de la Corte Constitucional para archivar la iniciativa.

Ambas anticiparon que estudiarán el texto del fallo para pronunciarse sobre posibles alternativas de legislación. “Si efectivamente es de obligatorio cumplimiento, por ser el organismo máximo de interpretación de la Ley, no hay nada que hacer. No obstante, en mi opinión, la Corte no tiene un análisis adecuado de lo que se debería hacer porque este registro no necesariamente es discriminatorio”.

“No hay otra opción que conocer el dictamen, archivar y esperar que los violadores de niños sean los profesores de las escuelas de nuestros niños, que quien ha salido de la cárcel por haber violado a una niña le enseñe ballet”, cuestiona Cuesta al recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad por todos los bloques legislativos.

También critica el argumento de la Corte de una discriminación por el pasado judicial de los violadores. “Con ese argumento se pone en entredicho el mandato de la consulta popular de que los corruptos no vuelvan a trabajar en el Estado”. (JCER)

El contexto

La norma que establecía el registro fue aprobada en agosto anterior tras lo cual el presidente Lenín Moreno la vetó parcialmente y el cuerpo ingresó a la Corte Constitucional para un fallo definitivo y en última instancia.

Pese a que la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea archivar el proyecto de ley que buscaba establecer un registro de personas sentenciadas por violar a niños, todavía hay caminos para lograr reformas legales en este ámbito.

La presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Verónica Moya; el presidente del Foro de la Niñez, Manuel Martínez; y la representante del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos de Mujeres, Surkuna, Ana Cristina Vera sostienen que en las reformas al Código de la Niñez se puede establecer no solo un registro sino un sistema de información sobre responsables de violación y otros delitos contra la niñez.

Agregan que esto debe articularse con el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.

“Esta articulación dará más sentido y más fuerza para que la iniciativa de registro no quede archivada”, dice Martínez.

Señala que con una adecuada técnica legislativa, dicho sistema garantizaría el interés superior del niño por sobre los derechos legítimos de rehacer su vida de quienes, en teoría, salieron rehabilitados tras cumplir condenas por violación.

Argumentos

Vera considera que la Corte no valoró el derecho superior del niño ni los criterios científicos al calificar el registro como una “diferenciación no justificada”. Ella plantea hacer un nuevo proyecto mucho más concreto y con criterios claros de constitucionalidad, señalando “para que servirá el registro, con qué fines y quién lo administraría sin discriminación”.

La activista además pide a los asambleísta corregir el error de destinar recursos irrisorios para la prevención de violencia a los niños en el Presupuesto General del Estado.

Moya puntualiza que la alternativa que le quedaría a la Asamblea es incluir, en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo registro en el que consten todos los sentenciados por violación de niños y no únicamente, como planteaba el proyecto de Ley, a personas que laboran o tienen relación directa con menores.

En espera

La proponente del proyecto de Ley, Lourdes Cuesta; y la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, esperan conocer la motivación de la Corte Constitucional para archivar la iniciativa.

Ambas anticiparon que estudiarán el texto del fallo para pronunciarse sobre posibles alternativas de legislación. “Si efectivamente es de obligatorio cumplimiento, por ser el organismo máximo de interpretación de la Ley, no hay nada que hacer. No obstante, en mi opinión, la Corte no tiene un análisis adecuado de lo que se debería hacer porque este registro no necesariamente es discriminatorio”.

“No hay otra opción que conocer el dictamen, archivar y esperar que los violadores de niños sean los profesores de las escuelas de nuestros niños, que quien ha salido de la cárcel por haber violado a una niña le enseñe ballet”, cuestiona Cuesta al recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad por todos los bloques legislativos.

También critica el argumento de la Corte de una discriminación por el pasado judicial de los violadores. “Con ese argumento se pone en entredicho el mandato de la consulta popular de que los corruptos no vuelvan a trabajar en el Estado”. (JCER)

El contexto

La norma que establecía el registro fue aprobada en agosto anterior tras lo cual el presidente Lenín Moreno la vetó parcialmente y el cuerpo ingresó a la Corte Constitucional para un fallo definitivo y en última instancia.

Pese a que la Corte Constitucional ordenó a la Asamblea archivar el proyecto de ley que buscaba establecer un registro de personas sentenciadas por violar a niños, todavía hay caminos para lograr reformas legales en este ámbito.

La presidenta del Consejo de Protección de Derechos de Quito, Verónica Moya; el presidente del Foro de la Niñez, Manuel Martínez; y la representante del Centro de Apoyo y Protección de Derechos Humanos de Mujeres, Surkuna, Ana Cristina Vera sostienen que en las reformas al Código de la Niñez se puede establecer no solo un registro sino un sistema de información sobre responsables de violación y otros delitos contra la niñez.

Agregan que esto debe articularse con el Sistema de Protección de la Niñez y Adolescencia.

“Esta articulación dará más sentido y más fuerza para que la iniciativa de registro no quede archivada”, dice Martínez.

Señala que con una adecuada técnica legislativa, dicho sistema garantizaría el interés superior del niño por sobre los derechos legítimos de rehacer su vida de quienes, en teoría, salieron rehabilitados tras cumplir condenas por violación.

Argumentos

Vera considera que la Corte no valoró el derecho superior del niño ni los criterios científicos al calificar el registro como una “diferenciación no justificada”. Ella plantea hacer un nuevo proyecto mucho más concreto y con criterios claros de constitucionalidad, señalando “para que servirá el registro, con qué fines y quién lo administraría sin discriminación”.

La activista además pide a los asambleísta corregir el error de destinar recursos irrisorios para la prevención de violencia a los niños en el Presupuesto General del Estado.

Moya puntualiza que la alternativa que le quedaría a la Asamblea es incluir, en el Código Orgánico Integral Penal, el mismo registro en el que consten todos los sentenciados por violación de niños y no únicamente, como planteaba el proyecto de Ley, a personas que laboran o tienen relación directa con menores.

En espera

La proponente del proyecto de Ley, Lourdes Cuesta; y la presidenta de la Comisión de Justicia, Ximena Peña, esperan conocer la motivación de la Corte Constitucional para archivar la iniciativa.

Ambas anticiparon que estudiarán el texto del fallo para pronunciarse sobre posibles alternativas de legislación. “Si efectivamente es de obligatorio cumplimiento, por ser el organismo máximo de interpretación de la Ley, no hay nada que hacer. No obstante, en mi opinión, la Corte no tiene un análisis adecuado de lo que se debería hacer porque este registro no necesariamente es discriminatorio”.

“No hay otra opción que conocer el dictamen, archivar y esperar que los violadores de niños sean los profesores de las escuelas de nuestros niños, que quien ha salido de la cárcel por haber violado a una niña le enseñe ballet”, cuestiona Cuesta al recordar que el proyecto fue aprobado por unanimidad por todos los bloques legislativos.

También critica el argumento de la Corte de una discriminación por el pasado judicial de los violadores. “Con ese argumento se pone en entredicho el mandato de la consulta popular de que los corruptos no vuelvan a trabajar en el Estado”. (JCER)

El contexto

La norma que establecía el registro fue aprobada en agosto anterior tras lo cual el presidente Lenín Moreno la vetó parcialmente y el cuerpo ingresó a la Corte Constitucional para un fallo definitivo y en última instancia.