Abogado de correístas pide su liberación

Tras las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, su excolaborador Christian González y el exasambleísta Virgilio Hernández, su abogado Ramiro Aguilar sostiene que la única forma de cumplirlas es “la restauración de su libertad”.

Aguilar dio ayer en la tarde una rueda de prensa en la que sostuvo que espera que el lunes sea recibido por la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Cancillería, como representantes del Estado, para llegar a un acuerdo sobre las medidas de protección que deberán ser otorgadas a favor de sus defendidos.

A su criterio, que la Justicia les retire la prisión preventiva es la forma de proteger su vida y su integridad, en función de lo que solicita la CIDH. Los tres son investigados por presuntamente haber cometido rebelión durante las protestas de octubre.

“El Estado está en la obligación de hacerlo porque es parte del Sistema Interamericano; en ello se va la reputación y el prestigio del Ecuador”, señaló Aguilar, quien cree que de no cumplir, Ecuador se convertiría en un “Estado paria”.

Derechos políticos

En el caso específico de Pabón, Aguilar señaló que la CIDH enfatizó en que sus derechos políticos podrían verse vulnerados si ella pierde el cargo. El organismo, en su resolución, hace un llamado al Estado a que “respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

Por eso, el abogado dijo que la única alternativa es que la medida cautelar de privación de libertad sea cambiada o revocada. (AGO)

Tras las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, su excolaborador Christian González y el exasambleísta Virgilio Hernández, su abogado Ramiro Aguilar sostiene que la única forma de cumplirlas es “la restauración de su libertad”.

Aguilar dio ayer en la tarde una rueda de prensa en la que sostuvo que espera que el lunes sea recibido por la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Cancillería, como representantes del Estado, para llegar a un acuerdo sobre las medidas de protección que deberán ser otorgadas a favor de sus defendidos.

A su criterio, que la Justicia les retire la prisión preventiva es la forma de proteger su vida y su integridad, en función de lo que solicita la CIDH. Los tres son investigados por presuntamente haber cometido rebelión durante las protestas de octubre.

“El Estado está en la obligación de hacerlo porque es parte del Sistema Interamericano; en ello se va la reputación y el prestigio del Ecuador”, señaló Aguilar, quien cree que de no cumplir, Ecuador se convertiría en un “Estado paria”.

Derechos políticos

En el caso específico de Pabón, Aguilar señaló que la CIDH enfatizó en que sus derechos políticos podrían verse vulnerados si ella pierde el cargo. El organismo, en su resolución, hace un llamado al Estado a que “respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

Por eso, el abogado dijo que la única alternativa es que la medida cautelar de privación de libertad sea cambiada o revocada. (AGO)

Tras las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, su excolaborador Christian González y el exasambleísta Virgilio Hernández, su abogado Ramiro Aguilar sostiene que la única forma de cumplirlas es “la restauración de su libertad”.

Aguilar dio ayer en la tarde una rueda de prensa en la que sostuvo que espera que el lunes sea recibido por la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Cancillería, como representantes del Estado, para llegar a un acuerdo sobre las medidas de protección que deberán ser otorgadas a favor de sus defendidos.

A su criterio, que la Justicia les retire la prisión preventiva es la forma de proteger su vida y su integridad, en función de lo que solicita la CIDH. Los tres son investigados por presuntamente haber cometido rebelión durante las protestas de octubre.

“El Estado está en la obligación de hacerlo porque es parte del Sistema Interamericano; en ello se va la reputación y el prestigio del Ecuador”, señaló Aguilar, quien cree que de no cumplir, Ecuador se convertiría en un “Estado paria”.

Derechos políticos

En el caso específico de Pabón, Aguilar señaló que la CIDH enfatizó en que sus derechos políticos podrían verse vulnerados si ella pierde el cargo. El organismo, en su resolución, hace un llamado al Estado a que “respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

Por eso, el abogado dijo que la única alternativa es que la medida cautelar de privación de libertad sea cambiada o revocada. (AGO)

Tras las medidas cautelares otorgadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) a favor de la prefecta de Pichincha Paola Pabón, su excolaborador Christian González y el exasambleísta Virgilio Hernández, su abogado Ramiro Aguilar sostiene que la única forma de cumplirlas es “la restauración de su libertad”.

Aguilar dio ayer en la tarde una rueda de prensa en la que sostuvo que espera que el lunes sea recibido por la Fiscalía, el Consejo de la Judicatura y la Cancillería, como representantes del Estado, para llegar a un acuerdo sobre las medidas de protección que deberán ser otorgadas a favor de sus defendidos.

A su criterio, que la Justicia les retire la prisión preventiva es la forma de proteger su vida y su integridad, en función de lo que solicita la CIDH. Los tres son investigados por presuntamente haber cometido rebelión durante las protestas de octubre.

“El Estado está en la obligación de hacerlo porque es parte del Sistema Interamericano; en ello se va la reputación y el prestigio del Ecuador”, señaló Aguilar, quien cree que de no cumplir, Ecuador se convertiría en un “Estado paria”.

Derechos políticos

En el caso específico de Pabón, Aguilar señaló que la CIDH enfatizó en que sus derechos políticos podrían verse vulnerados si ella pierde el cargo. El organismo, en su resolución, hace un llamado al Estado a que “respete integralmente los derechos políticos de aquellas personas elegidas mediante el voto popular”.

Por eso, el abogado dijo que la única alternativa es que la medida cautelar de privación de libertad sea cambiada o revocada. (AGO)