Paro de octubre: supuesto intento de golpe de Estado no se incluirá en informe

ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.
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ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.
ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.
ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.
ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.
ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.
ANÁLISIS. La Comisión Ocasional que analiza los hechos del paro nacional sesionó ayer.

El Gobierno sostiene que durante el paro nacional del 2 al 13 de octubre hubo un intento de golpe de Estado. Sin embargo, esa tesis no estará en el informe que prepara la comisión ocasional que analiza esos hechos.

Los legisladores sesionaron ayer para debatir las conclusiones y recomendaciones, antes de que el documento pase al Pleno. La mayoría consensuó que ni en las comparecencias ni en los documentos existen elementos para sostener que hubo grupos insurgentes que intentaron desestabilizar al Estado.

Ese será uno de los “cabos sueltos” que tendrá el informe debido a la falta de información, indicó el presidente de la Comisión, Fernando Burbano. Durante la etapa de recopilación de datos, el director nacional de Inteligencia no acudió.

Burbano ratificó que no se pudieron sustentar “situaciones vinculadas al golpe de Estado”, frente a la insistencia de César Rohón (PSC) de que eso debe constar en el texto. Según él existiría un evidente entrenamiento militar de acción y defensa de ciertos grupos que actuaron para desestabilizar el orden.

Consensos y disensos
Están de acuerdo en que la causa de la protesta fue la emisión del Decreto 883, con el que se eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. También que se deben condenar “las expresiones de violencia extrema”, según Rosa Orellana (AP-Aliados), independientemente de dónde hayan provenido.

Todos insisten en la obligatoriedad de que se investiguen los hechos presuntamente delictivos, como la quema de la Contraloría. Igualmente, que exista reparación integral a las víctimas, tanto de los sectores sociales como de la fuerza pública, y que se llame a la reconciliación al país y a un diálogo plural entre el Gobierno y la sociedad.

En medio de la postura de que el informe debe ser contundente y no tibio, existen discrepancias sobre cómo describir la actuación de la fuerza pública.

Por un lado, Doris Soliz (RC) y Héctor Yépez (CREO) afirman que hubo un uso excesivo de la fuerza y que no se pueden obviar los muertos y las personas que perdieron sus ojos, producto de los gases lacrimógenos.

Mientras, Orellana y Rohón sostienen que el uso de la fuerza fue disuasivo y que la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia. Para ellos, el informe debe respaldar su labor.

La Comisión no culminó el informe y anoche se informó que a las 11:30 de hoy darán una rueda de prensa. (AGO)

El Gobierno sostiene que durante el paro nacional del 2 al 13 de octubre hubo un intento de golpe de Estado. Sin embargo, esa tesis no estará en el informe que prepara la comisión ocasional que analiza esos hechos.

Los legisladores sesionaron ayer para debatir las conclusiones y recomendaciones, antes de que el documento pase al Pleno. La mayoría consensuó que ni en las comparecencias ni en los documentos existen elementos para sostener que hubo grupos insurgentes que intentaron desestabilizar al Estado.

Ese será uno de los “cabos sueltos” que tendrá el informe debido a la falta de información, indicó el presidente de la Comisión, Fernando Burbano. Durante la etapa de recopilación de datos, el director nacional de Inteligencia no acudió.

Burbano ratificó que no se pudieron sustentar “situaciones vinculadas al golpe de Estado”, frente a la insistencia de César Rohón (PSC) de que eso debe constar en el texto. Según él existiría un evidente entrenamiento militar de acción y defensa de ciertos grupos que actuaron para desestabilizar el orden.

Consensos y disensos
Están de acuerdo en que la causa de la protesta fue la emisión del Decreto 883, con el que se eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. También que se deben condenar “las expresiones de violencia extrema”, según Rosa Orellana (AP-Aliados), independientemente de dónde hayan provenido.

Todos insisten en la obligatoriedad de que se investiguen los hechos presuntamente delictivos, como la quema de la Contraloría. Igualmente, que exista reparación integral a las víctimas, tanto de los sectores sociales como de la fuerza pública, y que se llame a la reconciliación al país y a un diálogo plural entre el Gobierno y la sociedad.

En medio de la postura de que el informe debe ser contundente y no tibio, existen discrepancias sobre cómo describir la actuación de la fuerza pública.

Por un lado, Doris Soliz (RC) y Héctor Yépez (CREO) afirman que hubo un uso excesivo de la fuerza y que no se pueden obviar los muertos y las personas que perdieron sus ojos, producto de los gases lacrimógenos.

Mientras, Orellana y Rohón sostienen que el uso de la fuerza fue disuasivo y que la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia. Para ellos, el informe debe respaldar su labor.

La Comisión no culminó el informe y anoche se informó que a las 11:30 de hoy darán una rueda de prensa. (AGO)

El Gobierno sostiene que durante el paro nacional del 2 al 13 de octubre hubo un intento de golpe de Estado. Sin embargo, esa tesis no estará en el informe que prepara la comisión ocasional que analiza esos hechos.

Los legisladores sesionaron ayer para debatir las conclusiones y recomendaciones, antes de que el documento pase al Pleno. La mayoría consensuó que ni en las comparecencias ni en los documentos existen elementos para sostener que hubo grupos insurgentes que intentaron desestabilizar al Estado.

Ese será uno de los “cabos sueltos” que tendrá el informe debido a la falta de información, indicó el presidente de la Comisión, Fernando Burbano. Durante la etapa de recopilación de datos, el director nacional de Inteligencia no acudió.

Burbano ratificó que no se pudieron sustentar “situaciones vinculadas al golpe de Estado”, frente a la insistencia de César Rohón (PSC) de que eso debe constar en el texto. Según él existiría un evidente entrenamiento militar de acción y defensa de ciertos grupos que actuaron para desestabilizar el orden.

Consensos y disensos
Están de acuerdo en que la causa de la protesta fue la emisión del Decreto 883, con el que se eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. También que se deben condenar “las expresiones de violencia extrema”, según Rosa Orellana (AP-Aliados), independientemente de dónde hayan provenido.

Todos insisten en la obligatoriedad de que se investiguen los hechos presuntamente delictivos, como la quema de la Contraloría. Igualmente, que exista reparación integral a las víctimas, tanto de los sectores sociales como de la fuerza pública, y que se llame a la reconciliación al país y a un diálogo plural entre el Gobierno y la sociedad.

En medio de la postura de que el informe debe ser contundente y no tibio, existen discrepancias sobre cómo describir la actuación de la fuerza pública.

Por un lado, Doris Soliz (RC) y Héctor Yépez (CREO) afirman que hubo un uso excesivo de la fuerza y que no se pueden obviar los muertos y las personas que perdieron sus ojos, producto de los gases lacrimógenos.

Mientras, Orellana y Rohón sostienen que el uso de la fuerza fue disuasivo y que la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia. Para ellos, el informe debe respaldar su labor.

La Comisión no culminó el informe y anoche se informó que a las 11:30 de hoy darán una rueda de prensa. (AGO)

El Gobierno sostiene que durante el paro nacional del 2 al 13 de octubre hubo un intento de golpe de Estado. Sin embargo, esa tesis no estará en el informe que prepara la comisión ocasional que analiza esos hechos.

Los legisladores sesionaron ayer para debatir las conclusiones y recomendaciones, antes de que el documento pase al Pleno. La mayoría consensuó que ni en las comparecencias ni en los documentos existen elementos para sostener que hubo grupos insurgentes que intentaron desestabilizar al Estado.

Ese será uno de los “cabos sueltos” que tendrá el informe debido a la falta de información, indicó el presidente de la Comisión, Fernando Burbano. Durante la etapa de recopilación de datos, el director nacional de Inteligencia no acudió.

Burbano ratificó que no se pudieron sustentar “situaciones vinculadas al golpe de Estado”, frente a la insistencia de César Rohón (PSC) de que eso debe constar en el texto. Según él existiría un evidente entrenamiento militar de acción y defensa de ciertos grupos que actuaron para desestabilizar el orden.

Consensos y disensos
Están de acuerdo en que la causa de la protesta fue la emisión del Decreto 883, con el que se eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel. También que se deben condenar “las expresiones de violencia extrema”, según Rosa Orellana (AP-Aliados), independientemente de dónde hayan provenido.

Todos insisten en la obligatoriedad de que se investiguen los hechos presuntamente delictivos, como la quema de la Contraloría. Igualmente, que exista reparación integral a las víctimas, tanto de los sectores sociales como de la fuerza pública, y que se llame a la reconciliación al país y a un diálogo plural entre el Gobierno y la sociedad.

En medio de la postura de que el informe debe ser contundente y no tibio, existen discrepancias sobre cómo describir la actuación de la fuerza pública.

Por un lado, Doris Soliz (RC) y Héctor Yépez (CREO) afirman que hubo un uso excesivo de la fuerza y que no se pueden obviar los muertos y las personas que perdieron sus ojos, producto de los gases lacrimógenos.

Mientras, Orellana y Rohón sostienen que el uso de la fuerza fue disuasivo y que la Policía y las Fuerzas Armadas actuaron con prudencia. Para ellos, el informe debe respaldar su labor.

La Comisión no culminó el informe y anoche se informó que a las 11:30 de hoy darán una rueda de prensa. (AGO)