CAL aprueba el trámite del juicio político contra Diana Atamaint, presidenta del CNE

Redacción QUITO

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la mañana de hoy, martes 10 de diciembre de 2019, por unanimidad, el proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La solicitud la realizaron los legisladores de CREO, Fernando Flores y Jeannine Cruz, con 44 firmas de respaldo, incluyendo miembros de la bancada oficialista (AP-Aliados), la Bancada de Integración Nacional (BIN), SUMA, la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) y algunos independientes.

De acuerdo con Cristina Reyes (PSC), una de las vocales del CAL, el pedido cumplió con los requisitos de ley para que la solicitud sea tramitada por la Comisión de Fiscalización. El presidente, César Litardo, señaló que el proceso será remitido a la Mesa Legislativa la primera semana de enero.

Los legisladores de CREO sustentaron su pedido en un supuesto incumplimiento de funciones de Atamaint por tres causales.

Primero, que se dictó una sentencia sin motivación, en relación al escrutinio en Los Ríos, cuando se destituyó al presidente del Tribunal Provincial.

Segundo, el incumplimiento del Reglamento de Auditoría de Procesos Electorales y la ausencia de acciones para investigar denuncias presentadas por los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto.

Finalmente, no haber dado una certificación al colectivo Yasunidos del cumplimiento del requisito de legitimidad democrática, en relación al pedido de consulta popular que había realizado la agrupación.

A estas tres causales se añadió una adicional, tras las denuncias de un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias, por el que se le investiga al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Tuárez, y en el que habría estado involucrado personal del CNE.

Posturas

Al salir de la sesión, la vocal Ana Belén Marín (AP-Aliados), confirmó que hubo asambleístas del oficialismo que firmaron la solicitud para que se investiguen las acciones de Atamaint pues existe una preocupación respecto de la posición de la presidenta frente a denuncias presentadas.

“Han existido denuncias a las que no se les ha dado el trámite respectivo. Cuando se está al frente de la institución, se tiene la obligación de velar por la institución y si existe una denuncia se la debe procesar; esa es una muestra de transparencia”, señaló.

Por su parte, Cruz indicó que existen “pruebas contundentes” en contra de Atamaint, por lo que considera que “la Asamblea tiene una gran responsabilidad con el país ya que estamos a puertas de elecciones”, pues dijo que se necesita transparencia.

A lo que Flores agregó que ante las elecciones de 2021 no se puede ir con un CNE que “no garantice que se respete nuestra decisión en las urnas”. El asambleísta no adelantó a quiénes se pedirá que comparezcan ante la Comisión, pues señaló que todavía no revelarán su estrategia.

Redacción QUITO

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la mañana de hoy, martes 10 de diciembre de 2019, por unanimidad, el proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La solicitud la realizaron los legisladores de CREO, Fernando Flores y Jeannine Cruz, con 44 firmas de respaldo, incluyendo miembros de la bancada oficialista (AP-Aliados), la Bancada de Integración Nacional (BIN), SUMA, la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) y algunos independientes.

De acuerdo con Cristina Reyes (PSC), una de las vocales del CAL, el pedido cumplió con los requisitos de ley para que la solicitud sea tramitada por la Comisión de Fiscalización. El presidente, César Litardo, señaló que el proceso será remitido a la Mesa Legislativa la primera semana de enero.

Los legisladores de CREO sustentaron su pedido en un supuesto incumplimiento de funciones de Atamaint por tres causales.

Primero, que se dictó una sentencia sin motivación, en relación al escrutinio en Los Ríos, cuando se destituyó al presidente del Tribunal Provincial.

Segundo, el incumplimiento del Reglamento de Auditoría de Procesos Electorales y la ausencia de acciones para investigar denuncias presentadas por los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto.

Finalmente, no haber dado una certificación al colectivo Yasunidos del cumplimiento del requisito de legitimidad democrática, en relación al pedido de consulta popular que había realizado la agrupación.

A estas tres causales se añadió una adicional, tras las denuncias de un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias, por el que se le investiga al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Tuárez, y en el que habría estado involucrado personal del CNE.

Posturas

Al salir de la sesión, la vocal Ana Belén Marín (AP-Aliados), confirmó que hubo asambleístas del oficialismo que firmaron la solicitud para que se investiguen las acciones de Atamaint pues existe una preocupación respecto de la posición de la presidenta frente a denuncias presentadas.

“Han existido denuncias a las que no se les ha dado el trámite respectivo. Cuando se está al frente de la institución, se tiene la obligación de velar por la institución y si existe una denuncia se la debe procesar; esa es una muestra de transparencia”, señaló.

Por su parte, Cruz indicó que existen “pruebas contundentes” en contra de Atamaint, por lo que considera que “la Asamblea tiene una gran responsabilidad con el país ya que estamos a puertas de elecciones”, pues dijo que se necesita transparencia.

A lo que Flores agregó que ante las elecciones de 2021 no se puede ir con un CNE que “no garantice que se respete nuestra decisión en las urnas”. El asambleísta no adelantó a quiénes se pedirá que comparezcan ante la Comisión, pues señaló que todavía no revelarán su estrategia.

Redacción QUITO

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la mañana de hoy, martes 10 de diciembre de 2019, por unanimidad, el proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La solicitud la realizaron los legisladores de CREO, Fernando Flores y Jeannine Cruz, con 44 firmas de respaldo, incluyendo miembros de la bancada oficialista (AP-Aliados), la Bancada de Integración Nacional (BIN), SUMA, la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) y algunos independientes.

De acuerdo con Cristina Reyes (PSC), una de las vocales del CAL, el pedido cumplió con los requisitos de ley para que la solicitud sea tramitada por la Comisión de Fiscalización. El presidente, César Litardo, señaló que el proceso será remitido a la Mesa Legislativa la primera semana de enero.

Los legisladores de CREO sustentaron su pedido en un supuesto incumplimiento de funciones de Atamaint por tres causales.

Primero, que se dictó una sentencia sin motivación, en relación al escrutinio en Los Ríos, cuando se destituyó al presidente del Tribunal Provincial.

Segundo, el incumplimiento del Reglamento de Auditoría de Procesos Electorales y la ausencia de acciones para investigar denuncias presentadas por los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto.

Finalmente, no haber dado una certificación al colectivo Yasunidos del cumplimiento del requisito de legitimidad democrática, en relación al pedido de consulta popular que había realizado la agrupación.

A estas tres causales se añadió una adicional, tras las denuncias de un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias, por el que se le investiga al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Tuárez, y en el que habría estado involucrado personal del CNE.

Posturas

Al salir de la sesión, la vocal Ana Belén Marín (AP-Aliados), confirmó que hubo asambleístas del oficialismo que firmaron la solicitud para que se investiguen las acciones de Atamaint pues existe una preocupación respecto de la posición de la presidenta frente a denuncias presentadas.

“Han existido denuncias a las que no se les ha dado el trámite respectivo. Cuando se está al frente de la institución, se tiene la obligación de velar por la institución y si existe una denuncia se la debe procesar; esa es una muestra de transparencia”, señaló.

Por su parte, Cruz indicó que existen “pruebas contundentes” en contra de Atamaint, por lo que considera que “la Asamblea tiene una gran responsabilidad con el país ya que estamos a puertas de elecciones”, pues dijo que se necesita transparencia.

A lo que Flores agregó que ante las elecciones de 2021 no se puede ir con un CNE que “no garantice que se respete nuestra decisión en las urnas”. El asambleísta no adelantó a quiénes se pedirá que comparezcan ante la Comisión, pues señaló que todavía no revelarán su estrategia.

Redacción QUITO

El Consejo de Administración Legislativa (CAL) aprobó la mañana de hoy, martes 10 de diciembre de 2019, por unanimidad, el proceso de juicio político en contra de la presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Diana Atamaint.

La solicitud la realizaron los legisladores de CREO, Fernando Flores y Jeannine Cruz, con 44 firmas de respaldo, incluyendo miembros de la bancada oficialista (AP-Aliados), la Bancada de Integración Nacional (BIN), SUMA, la Bancada de Acción Democrática Independiente (BADI) y algunos independientes.

De acuerdo con Cristina Reyes (PSC), una de las vocales del CAL, el pedido cumplió con los requisitos de ley para que la solicitud sea tramitada por la Comisión de Fiscalización. El presidente, César Litardo, señaló que el proceso será remitido a la Mesa Legislativa la primera semana de enero.

Los legisladores de CREO sustentaron su pedido en un supuesto incumplimiento de funciones de Atamaint por tres causales.

Primero, que se dictó una sentencia sin motivación, en relación al escrutinio en Los Ríos, cuando se destituyó al presidente del Tribunal Provincial.

Segundo, el incumplimiento del Reglamento de Auditoría de Procesos Electorales y la ausencia de acciones para investigar denuncias presentadas por los consejeros Enrique Pita y Luis Verdesoto.

Finalmente, no haber dado una certificación al colectivo Yasunidos del cumplimiento del requisito de legitimidad democrática, en relación al pedido de consulta popular que había realizado la agrupación.

A estas tres causales se añadió una adicional, tras las denuncias de un supuesto delito de oferta de tráfico de influencias, por el que se le investiga al expresidente del Consejo de Participación Ciudadana José Tuárez, y en el que habría estado involucrado personal del CNE.

Posturas

Al salir de la sesión, la vocal Ana Belén Marín (AP-Aliados), confirmó que hubo asambleístas del oficialismo que firmaron la solicitud para que se investiguen las acciones de Atamaint pues existe una preocupación respecto de la posición de la presidenta frente a denuncias presentadas.

“Han existido denuncias a las que no se les ha dado el trámite respectivo. Cuando se está al frente de la institución, se tiene la obligación de velar por la institución y si existe una denuncia se la debe procesar; esa es una muestra de transparencia”, señaló.

Por su parte, Cruz indicó que existen “pruebas contundentes” en contra de Atamaint, por lo que considera que “la Asamblea tiene una gran responsabilidad con el país ya que estamos a puertas de elecciones”, pues dijo que se necesita transparencia.

A lo que Flores agregó que ante las elecciones de 2021 no se puede ir con un CNE que “no garantice que se respete nuestra decisión en las urnas”. El asambleísta no adelantó a quiénes se pedirá que comparezcan ante la Comisión, pues señaló que todavía no revelarán su estrategia.