Informe de comisión ocasional sobre el paro nacional establece 10 conclusiones

Foto: Asamblea Nacional
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La Comisión Ocasional Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional llegó a 10 conclusiones, después de sistematizar la información de más de 70 comparecencias y documentos. Pero no estableció responsabilidades.

Con seis votos a favor y una abstención se aprobó el informe de 176 páginas, que también incluye recomendaciones. Este deberá pasar al Pleno para el debate. El asambleísta César Rohón (PSC) no estuvo presente en la votación.

Aquí les presentamos las 10 conclusiones que incluye el informe:

1. El decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, fue el principal detonante de la protesta de octubre. Se reprocha y bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció entre el 02 y el 13 de octubre de 2019.

2. Durante el paro se afectaron los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. «Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, ataques a zonas de paz, así como la afectación a los derechos económicos a terceros».

3. Las autoridades del Gobierno manifestaron que sus disposiciones fueron en el marco del respeto de los derechos humanos, la utilización de armas no letales y la aplicación del uso progresivo de la fuerza. En cambio, de acuerdo con los comparecientes «esto no se habría cumplido a cabalidad, y existiría un uso excesivo de la fuerza que debe ser investigado por las autoridades competentes».

4. «La suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley.»

5. «Se condenan todos los actos de violencia organizada, mediante la utilización de artefactos de fabricación artesanal tales como: bombas molotov, tubos metálicos lanza proyectiles y explosivos, que fueron utilizados por algunos manifestantes contra agentes estatales.»

6. Hubo afectaciones económicas sobre el comercio, la producción, la industria, turismo y las exportaciones. También a bienes y capitales privados por saqueos y acciones provocados por actores externos al paro. Hubo perjuicios a la economía emocional.

7. «Se condenan los ataques a los medios de comunicación de todo tipo y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra de su voluntad.»

8. «Resulta preocupante y condenable que efectivos de la Fuerza Pública hayan sido retenidos en contra de su voluntad, de la misma forma, los actos de violencia en contra de la integridad personal de policías mujeres por su condición de género.»

9. «Son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del paro nacional.»

10. «Se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión y no proporcionó información aduciendo el carácter de reservado, a pesar de que la sesión podía ser declarada previamente como reservada.»

La Comisión Ocasional Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional llegó a 10 conclusiones, después de sistematizar la información de más de 70 comparecencias y documentos. Pero no estableció responsabilidades.

Con seis votos a favor y una abstención se aprobó el informe de 176 páginas, que también incluye recomendaciones. Este deberá pasar al Pleno para el debate. El asambleísta César Rohón (PSC) no estuvo presente en la votación.

Aquí les presentamos las 10 conclusiones que incluye el informe:

1. El decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, fue el principal detonante de la protesta de octubre. Se reprocha y bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció entre el 02 y el 13 de octubre de 2019.

2. Durante el paro se afectaron los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. «Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, ataques a zonas de paz, así como la afectación a los derechos económicos a terceros».

3. Las autoridades del Gobierno manifestaron que sus disposiciones fueron en el marco del respeto de los derechos humanos, la utilización de armas no letales y la aplicación del uso progresivo de la fuerza. En cambio, de acuerdo con los comparecientes «esto no se habría cumplido a cabalidad, y existiría un uso excesivo de la fuerza que debe ser investigado por las autoridades competentes».

4. «La suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley.»

5. «Se condenan todos los actos de violencia organizada, mediante la utilización de artefactos de fabricación artesanal tales como: bombas molotov, tubos metálicos lanza proyectiles y explosivos, que fueron utilizados por algunos manifestantes contra agentes estatales.»

6. Hubo afectaciones económicas sobre el comercio, la producción, la industria, turismo y las exportaciones. También a bienes y capitales privados por saqueos y acciones provocados por actores externos al paro. Hubo perjuicios a la economía emocional.

7. «Se condenan los ataques a los medios de comunicación de todo tipo y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra de su voluntad.»

8. «Resulta preocupante y condenable que efectivos de la Fuerza Pública hayan sido retenidos en contra de su voluntad, de la misma forma, los actos de violencia en contra de la integridad personal de policías mujeres por su condición de género.»

9. «Son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del paro nacional.»

10. «Se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión y no proporcionó información aduciendo el carácter de reservado, a pesar de que la sesión podía ser declarada previamente como reservada.»

La Comisión Ocasional Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional llegó a 10 conclusiones, después de sistematizar la información de más de 70 comparecencias y documentos. Pero no estableció responsabilidades.

Con seis votos a favor y una abstención se aprobó el informe de 176 páginas, que también incluye recomendaciones. Este deberá pasar al Pleno para el debate. El asambleísta César Rohón (PSC) no estuvo presente en la votación.

Aquí les presentamos las 10 conclusiones que incluye el informe:

1. El decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, fue el principal detonante de la protesta de octubre. Se reprocha y bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció entre el 02 y el 13 de octubre de 2019.

2. Durante el paro se afectaron los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. «Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, ataques a zonas de paz, así como la afectación a los derechos económicos a terceros».

3. Las autoridades del Gobierno manifestaron que sus disposiciones fueron en el marco del respeto de los derechos humanos, la utilización de armas no letales y la aplicación del uso progresivo de la fuerza. En cambio, de acuerdo con los comparecientes «esto no se habría cumplido a cabalidad, y existiría un uso excesivo de la fuerza que debe ser investigado por las autoridades competentes».

4. «La suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley.»

5. «Se condenan todos los actos de violencia organizada, mediante la utilización de artefactos de fabricación artesanal tales como: bombas molotov, tubos metálicos lanza proyectiles y explosivos, que fueron utilizados por algunos manifestantes contra agentes estatales.»

6. Hubo afectaciones económicas sobre el comercio, la producción, la industria, turismo y las exportaciones. También a bienes y capitales privados por saqueos y acciones provocados por actores externos al paro. Hubo perjuicios a la economía emocional.

7. «Se condenan los ataques a los medios de comunicación de todo tipo y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra de su voluntad.»

8. «Resulta preocupante y condenable que efectivos de la Fuerza Pública hayan sido retenidos en contra de su voluntad, de la misma forma, los actos de violencia en contra de la integridad personal de policías mujeres por su condición de género.»

9. «Son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del paro nacional.»

10. «Se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión y no proporcionó información aduciendo el carácter de reservado, a pesar de que la sesión podía ser declarada previamente como reservada.»

La Comisión Ocasional Multipartidista que analiza los hechos del paro nacional llegó a 10 conclusiones, después de sistematizar la información de más de 70 comparecencias y documentos. Pero no estableció responsabilidades.

Con seis votos a favor y una abstención se aprobó el informe de 176 páginas, que también incluye recomendaciones. Este deberá pasar al Pleno para el debate. El asambleísta César Rohón (PSC) no estuvo presente en la votación.

Aquí les presentamos las 10 conclusiones que incluye el informe:

1. El decreto ejecutivo 883, que eliminó el subsidio a la gasolina extra y al diésel, fue el principal detonante de la protesta de octubre. Se reprocha y bajo ninguna circunstancia se justifica la violencia excesiva que se evidenció entre el 02 y el 13 de octubre de 2019.

2. Durante el paro se afectaron los derechos a la vida, la integridad personal, la salud, el trabajo, la libertad personal, la libre movilidad, la libertad de expresión y el acceso a la justicia. «Existe una especial preocupación por las personas fallecidas y sus familiares, los heridos con lesiones irreversibles, los periodistas agredidos, los agentes del orden público agredidos, los detenidos de forma arbitraria, ataques a zonas de paz, así como la afectación a los derechos económicos a terceros».

3. Las autoridades del Gobierno manifestaron que sus disposiciones fueron en el marco del respeto de los derechos humanos, la utilización de armas no letales y la aplicación del uso progresivo de la fuerza. En cambio, de acuerdo con los comparecientes «esto no se habría cumplido a cabalidad, y existiría un uso excesivo de la fuerza que debe ser investigado por las autoridades competentes».

4. «La suspensión de servicios públicos de agua potable, energía eléctrica y telecomunicaciones, la paralización de la actividad hidrocarburífera, daños contra ambulancias, instituciones, bienes públicos, los incendios del edificio de la Contraloría General del Estado y el ingreso a la Asamblea Nacional son delitos que presumiblemente se cometieron y deben ser investigados conforme manda la ley.»

5. «Se condenan todos los actos de violencia organizada, mediante la utilización de artefactos de fabricación artesanal tales como: bombas molotov, tubos metálicos lanza proyectiles y explosivos, que fueron utilizados por algunos manifestantes contra agentes estatales.»

6. Hubo afectaciones económicas sobre el comercio, la producción, la industria, turismo y las exportaciones. También a bienes y capitales privados por saqueos y acciones provocados por actores externos al paro. Hubo perjuicios a la economía emocional.

7. «Se condenan los ataques a los medios de comunicación de todo tipo y periodistas que provinieron de la fuerza pública y de los manifestantes, y se rechaza las retenciones cometidas a los periodistas en contra de su voluntad.»

8. «Resulta preocupante y condenable que efectivos de la Fuerza Pública hayan sido retenidos en contra de su voluntad, de la misma forma, los actos de violencia en contra de la integridad personal de policías mujeres por su condición de género.»

9. «Son inadmisibles todo tipo de acciones, expresiones y declaraciones racistas, misóginas, xenofóbicas y discriminatorias realizadas durante y después del paro nacional.»

10. «Se reprueba la actitud del representante del Centro de Inteligencia Estratégica que no asistió a esta Comisión y no proporcionó información aduciendo el carácter de reservado, a pesar de que la sesión podía ser declarada previamente como reservada.»