Pabón, Hernández y González van por un ‘round’ más

PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.
PREFECTA. Paola Pabón obtuvo un período de vacaciones otorgado por la Prefectura.

Tras el pedido de los abogados de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, en la Corte Provincial de Pichincha, la audiencia donde se decidirá si se revoca o ratifica la orden de prisión preventiva que pesa en su contra será el próximo lunes a las 08:00.

La presidenta de ese organismo, Patlova Guerra, será quien conozca este recurso interpuesto el pasado lunes. La defensa de los procesados por el delito de rebelión, buscan que sus patrocinados puedan defenderse en libertad.

Principalmente, en el caso de Pabón, este mecanismo le serviría para que no pierda su cargo de prefecta de Pichincha. La licencia de 60 días sin sueldo que sacó mientras enfrentó su detención y proceso legal, se venció el pasado domingo.

Sin embargo, la Prefectura le concedió el último lunes un período de vacaciones, pese a que ella no cumple un año en el cargo. Esto fue confirmado ese mismo día por medio de la cuenta de Twitter de la institución.

Medidas cautelares
El sábado anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los tres procesados. Esto representó un impulso para su defensa, pues Fausto Jarrín y Ramiro Aguilar presentaron en la Corte Provincial de Pichincha el recurso para revocar la prisión preventiva.

EL DATO
La Prefectura de Pichincha analiza darle a Pabón una licencia indefinida, según se dijo anoche en el noticiario ‘24 Horas’. Dolores Miño, abogada experta en el campo de Derechos Humanos, explicó que, como parte del cumplimiento de las medidas cautelares, el Estado debe garantizar primero la seguridad de los procesados en el lugar que estén. De demostrarse que corren algún riesgo, habría que considerar un cambio de centro de rehabilitación.

Aclaró que las medidas cautelares sí son vinculantes. “El hecho de que no sean convencionales y que estén en el Reglamento CIDH no exime al Estado de su cumplimiento. La propia CIDH lo ha indicado, en la resolución sobre medidas provisionales de la penitenciaría de Mendoza”, indicó.

Cumplimiento
El canciller José Valencia dijo ayer en Ecuavisa que el Estado está cumpliendo con la resolución de la CIDH en coordinación con otros organismos gubernamentales, para garantizar la vida de los procesados.

La Secretaría de Derechos Humanos es la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que estas, dispuestas por la CIDH, no significan una injerencia en la Justicia, pues el que Pabón, Hernández y González recuperen su libertad, está en manos del sistema judicial. (FLC)

Tras el pedido de los abogados de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, en la Corte Provincial de Pichincha, la audiencia donde se decidirá si se revoca o ratifica la orden de prisión preventiva que pesa en su contra será el próximo lunes a las 08:00.

La presidenta de ese organismo, Patlova Guerra, será quien conozca este recurso interpuesto el pasado lunes. La defensa de los procesados por el delito de rebelión, buscan que sus patrocinados puedan defenderse en libertad.

Principalmente, en el caso de Pabón, este mecanismo le serviría para que no pierda su cargo de prefecta de Pichincha. La licencia de 60 días sin sueldo que sacó mientras enfrentó su detención y proceso legal, se venció el pasado domingo.

Sin embargo, la Prefectura le concedió el último lunes un período de vacaciones, pese a que ella no cumple un año en el cargo. Esto fue confirmado ese mismo día por medio de la cuenta de Twitter de la institución.

Medidas cautelares
El sábado anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los tres procesados. Esto representó un impulso para su defensa, pues Fausto Jarrín y Ramiro Aguilar presentaron en la Corte Provincial de Pichincha el recurso para revocar la prisión preventiva.

EL DATO
La Prefectura de Pichincha analiza darle a Pabón una licencia indefinida, según se dijo anoche en el noticiario ‘24 Horas’. Dolores Miño, abogada experta en el campo de Derechos Humanos, explicó que, como parte del cumplimiento de las medidas cautelares, el Estado debe garantizar primero la seguridad de los procesados en el lugar que estén. De demostrarse que corren algún riesgo, habría que considerar un cambio de centro de rehabilitación.

Aclaró que las medidas cautelares sí son vinculantes. “El hecho de que no sean convencionales y que estén en el Reglamento CIDH no exime al Estado de su cumplimiento. La propia CIDH lo ha indicado, en la resolución sobre medidas provisionales de la penitenciaría de Mendoza”, indicó.

Cumplimiento
El canciller José Valencia dijo ayer en Ecuavisa que el Estado está cumpliendo con la resolución de la CIDH en coordinación con otros organismos gubernamentales, para garantizar la vida de los procesados.

La Secretaría de Derechos Humanos es la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que estas, dispuestas por la CIDH, no significan una injerencia en la Justicia, pues el que Pabón, Hernández y González recuperen su libertad, está en manos del sistema judicial. (FLC)

Tras el pedido de los abogados de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, en la Corte Provincial de Pichincha, la audiencia donde se decidirá si se revoca o ratifica la orden de prisión preventiva que pesa en su contra será el próximo lunes a las 08:00.

La presidenta de ese organismo, Patlova Guerra, será quien conozca este recurso interpuesto el pasado lunes. La defensa de los procesados por el delito de rebelión, buscan que sus patrocinados puedan defenderse en libertad.

Principalmente, en el caso de Pabón, este mecanismo le serviría para que no pierda su cargo de prefecta de Pichincha. La licencia de 60 días sin sueldo que sacó mientras enfrentó su detención y proceso legal, se venció el pasado domingo.

Sin embargo, la Prefectura le concedió el último lunes un período de vacaciones, pese a que ella no cumple un año en el cargo. Esto fue confirmado ese mismo día por medio de la cuenta de Twitter de la institución.

Medidas cautelares
El sábado anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los tres procesados. Esto representó un impulso para su defensa, pues Fausto Jarrín y Ramiro Aguilar presentaron en la Corte Provincial de Pichincha el recurso para revocar la prisión preventiva.

EL DATO
La Prefectura de Pichincha analiza darle a Pabón una licencia indefinida, según se dijo anoche en el noticiario ‘24 Horas’. Dolores Miño, abogada experta en el campo de Derechos Humanos, explicó que, como parte del cumplimiento de las medidas cautelares, el Estado debe garantizar primero la seguridad de los procesados en el lugar que estén. De demostrarse que corren algún riesgo, habría que considerar un cambio de centro de rehabilitación.

Aclaró que las medidas cautelares sí son vinculantes. “El hecho de que no sean convencionales y que estén en el Reglamento CIDH no exime al Estado de su cumplimiento. La propia CIDH lo ha indicado, en la resolución sobre medidas provisionales de la penitenciaría de Mendoza”, indicó.

Cumplimiento
El canciller José Valencia dijo ayer en Ecuavisa que el Estado está cumpliendo con la resolución de la CIDH en coordinación con otros organismos gubernamentales, para garantizar la vida de los procesados.

La Secretaría de Derechos Humanos es la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que estas, dispuestas por la CIDH, no significan una injerencia en la Justicia, pues el que Pabón, Hernández y González recuperen su libertad, está en manos del sistema judicial. (FLC)

Tras el pedido de los abogados de la prefecta de Pichincha, Paola Pabón y de los militantes del movimiento Revolución Ciudadana, Virgilio Hernández y Christian González, en la Corte Provincial de Pichincha, la audiencia donde se decidirá si se revoca o ratifica la orden de prisión preventiva que pesa en su contra será el próximo lunes a las 08:00.

La presidenta de ese organismo, Patlova Guerra, será quien conozca este recurso interpuesto el pasado lunes. La defensa de los procesados por el delito de rebelión, buscan que sus patrocinados puedan defenderse en libertad.

Principalmente, en el caso de Pabón, este mecanismo le serviría para que no pierda su cargo de prefecta de Pichincha. La licencia de 60 días sin sueldo que sacó mientras enfrentó su detención y proceso legal, se venció el pasado domingo.

Sin embargo, la Prefectura le concedió el último lunes un período de vacaciones, pese a que ella no cumple un año en el cargo. Esto fue confirmado ese mismo día por medio de la cuenta de Twitter de la institución.

Medidas cautelares
El sábado anterior, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelares a favor de los tres procesados. Esto representó un impulso para su defensa, pues Fausto Jarrín y Ramiro Aguilar presentaron en la Corte Provincial de Pichincha el recurso para revocar la prisión preventiva.

EL DATO
La Prefectura de Pichincha analiza darle a Pabón una licencia indefinida, según se dijo anoche en el noticiario ‘24 Horas’. Dolores Miño, abogada experta en el campo de Derechos Humanos, explicó que, como parte del cumplimiento de las medidas cautelares, el Estado debe garantizar primero la seguridad de los procesados en el lugar que estén. De demostrarse que corren algún riesgo, habría que considerar un cambio de centro de rehabilitación.

Aclaró que las medidas cautelares sí son vinculantes. “El hecho de que no sean convencionales y que estén en el Reglamento CIDH no exime al Estado de su cumplimiento. La propia CIDH lo ha indicado, en la resolución sobre medidas provisionales de la penitenciaría de Mendoza”, indicó.

Cumplimiento
El canciller José Valencia dijo ayer en Ecuavisa que el Estado está cumpliendo con la resolución de la CIDH en coordinación con otros organismos gubernamentales, para garantizar la vida de los procesados.

La Secretaría de Derechos Humanos es la encargada de dar seguimiento al cumplimiento de las medidas cautelares. La ministra de Gobierno, María Paula Romo, aseguró que estas, dispuestas por la CIDH, no significan una injerencia en la Justicia, pues el que Pabón, Hernández y González recuperen su libertad, está en manos del sistema judicial. (FLC)