La cabeza de un reo en medio de un patio. Un hombre mutilado e incinerado. Armas y drogas entrado en ambulancias o sobrevolando muros son algunas de las imágenes que dejó el sistema penitenciario ecuatoriano en este 2019.
La crisis fue tal que el Gobierno dispuso Estado de Excepción en las 68 prisiones del país. En ese lapso (mayo-agosto) se registraron 14 de las 32 muertes violentas de este año.
Desde junio, Edmundo Moncayo fue designado director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
El general en servicio pasivo reconoce que el presupuesto limita la lucha contra la corrupción. Aunque destaca que el último trimestre el balance es alentador.
¿Cuál es su evaluación del sistema en 2019?
El año empezó con un aparente ambiente de tranquilidad. Tuvo su pico más alto de violencia a fines de mayo. A partir de ahí, el Gobierno decretó Estado de Excepción y de Emergencia, a fin de facilitar las actividades para que el sistema penitenciario tenga los recursos económicos que faltaban para poder devolver a los centros una tranquilidad. Pienso que estamos finalizando el año con una tendencia hacia la baja (de tensiones).
¿Qué factores influyeron para la crisis y emergencia carcelaria?
Consideramos que lo que pasa en la parte exterior de los centros se refleja a la interna. Hubo una confrontación de organizaciones delictivas por la lucha de ciertos espacios de poder que ocasionaron ese incremento de la violencia en los centros de privación de libertad.
El hacinamiento es uno de los grandes conflictos. ¿Qué reflejan las estadísticas?
En hacinamiento, el punto más alto de este año fue 42,7% (marzo) y estamos terminando con el 33,1%.
¿Cómo redujeron las cifras?
Esto se ha logrado bajo dos parámetros fundamentales. El uno, la creación de jueces de garantías penitenciarias, en un convenio firmado con el Consejo de la Judicatura.
Antes, la acción de garantías penitenciarias era encargada a los jueces penales. Por lo que el enfoque hacia la brevedad de los trámites se frenó o se paraba por la carga o cantidad de trabajo que tenían los jueces penales. Con la creación de estos jueces (ocho en cuatro provincias), el proceso se ve más activo y más ágil.
¿Cómo ayuda al sistema la incorporación de estos jueces?
Las estadísticas indicaban que había 8.000 personas privadas de la libertad (PPL) que ya tenían ganados sus beneficios penitenciarios, de acuerdo con lo que dice el COIP (Código Orgánico Integral Penal), que indica que, cuando cumplió el 60% de la pena y asistió a los ejes de tratamiento (educativo, laboral, sicológico, deportivo y cultural) pueda mejorar su informe y dar un resultado favorable, para que en la carpeta de beneficios que va (dirigida) al juez de garantías penitenciarias sea positiva y así determine si su conducta aprueba para que salga a un sistema semiabierto. El SNAI sigue manteniendo y controlando a quienes están en este sistema a fin que su proceso de inclusión sea positivo y paulatino.
¿Cuál fue el otro factor de reducción de hacinamiento?
Se hicieron adecuaciones de infraestructura en varios centros. Se incorporaron 909 camas, se construyeron comedores y se mejoró la calidad de alimentación.
¿En qué porcentaje reinciden los reos que salen libres?
Hay entre el 15 y 20% de reincidencia.
En este año se han filtrado videos desde adentro de las cárceles. ¿Cuáles son las medidas de control, tomando en cuenta que los presos no deberían tener teléfonos?
Desde que nos hicimos cargo del sistema penitenciario, tratamos de buscar medidas a corto, mediano y largo plazo. Estrategias que nos permitan ir fortaleciendo los sistemas de control del ingreso de productos; sin embargo, hacemos requisas casi todas las semanas, con la Policía Nacional, y seguimos encontrando que a la interna siguen existiendo celulares y sustancias de ingreso prohibido.
¿Cómo ven 2020 en tema presupuestario?
Nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Finanzas 113 millones de dólares. De estos, 17 millones se destinan a inversión y el restante es un presupuesto de gasto corriente.
Una gran cantidad (46%) de este dinero, que parece enorme, se destina a la alimentación ($2,50 por preso).
El resto es para los agentes de seguridad penitenciaria y la otra parte de gasto corriente se va al personal operativo y de mantenimiento (abogados, sicólogos, educadores).
La nueva proforma presupuestaria presentaba una reducción. ¿Han tenido acercamientos?
Tenemos un informe positivo y se va a hacer un esfuerzo con el sistema penitenciario para que nos atiendan lo solicitado.
¿Se descarta la reducción de presupuesto?
Aparentemente se descartaría, pero hay que ver lo que pase durante el año. Este 2019 estamos terminando con una ejecución del 86% del presupuesto y tuvimos 102 millones de dólares, incluidos los dineros facilitados durante la emergencia.
¿Qué harán con el déficit de 2.500 guías penitenciarios?
Hemos hecho un proceso de selección, durante seis meses, de jóvenes que quieran abrazar esta profesión delicada y compleja. Tenemos seleccionados alrededor de 500, esperamos que Finanzas nos dé el visto bueno del presupuesto para arrancar con la formación de agentes de seguridad penitenciaria.
¿Cómo erradicar la corrupción y evitar que los agentes penitenciarios sean parte?
La educación es fundamental para los cambios. Pensamos que con la profesionalización y jerarquización de acuerdo con su capacitación y tiempo de servicio debe ser evaluada y mejorada. (AVV)
La cabeza de un reo en medio de un patio. Un hombre mutilado e incinerado. Armas y drogas entrado en ambulancias o sobrevolando muros son algunas de las imágenes que dejó el sistema penitenciario ecuatoriano en este 2019.
La crisis fue tal que el Gobierno dispuso Estado de Excepción en las 68 prisiones del país. En ese lapso (mayo-agosto) se registraron 14 de las 32 muertes violentas de este año.
Desde junio, Edmundo Moncayo fue designado director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
El general en servicio pasivo reconoce que el presupuesto limita la lucha contra la corrupción. Aunque destaca que el último trimestre el balance es alentador.
¿Cuál es su evaluación del sistema en 2019?
El año empezó con un aparente ambiente de tranquilidad. Tuvo su pico más alto de violencia a fines de mayo. A partir de ahí, el Gobierno decretó Estado de Excepción y de Emergencia, a fin de facilitar las actividades para que el sistema penitenciario tenga los recursos económicos que faltaban para poder devolver a los centros una tranquilidad. Pienso que estamos finalizando el año con una tendencia hacia la baja (de tensiones).
¿Qué factores influyeron para la crisis y emergencia carcelaria?
Consideramos que lo que pasa en la parte exterior de los centros se refleja a la interna. Hubo una confrontación de organizaciones delictivas por la lucha de ciertos espacios de poder que ocasionaron ese incremento de la violencia en los centros de privación de libertad.
El hacinamiento es uno de los grandes conflictos. ¿Qué reflejan las estadísticas?
En hacinamiento, el punto más alto de este año fue 42,7% (marzo) y estamos terminando con el 33,1%.
¿Cómo redujeron las cifras?
Esto se ha logrado bajo dos parámetros fundamentales. El uno, la creación de jueces de garantías penitenciarias, en un convenio firmado con el Consejo de la Judicatura.
Antes, la acción de garantías penitenciarias era encargada a los jueces penales. Por lo que el enfoque hacia la brevedad de los trámites se frenó o se paraba por la carga o cantidad de trabajo que tenían los jueces penales. Con la creación de estos jueces (ocho en cuatro provincias), el proceso se ve más activo y más ágil.
¿Cómo ayuda al sistema la incorporación de estos jueces?
Las estadísticas indicaban que había 8.000 personas privadas de la libertad (PPL) que ya tenían ganados sus beneficios penitenciarios, de acuerdo con lo que dice el COIP (Código Orgánico Integral Penal), que indica que, cuando cumplió el 60% de la pena y asistió a los ejes de tratamiento (educativo, laboral, sicológico, deportivo y cultural) pueda mejorar su informe y dar un resultado favorable, para que en la carpeta de beneficios que va (dirigida) al juez de garantías penitenciarias sea positiva y así determine si su conducta aprueba para que salga a un sistema semiabierto. El SNAI sigue manteniendo y controlando a quienes están en este sistema a fin que su proceso de inclusión sea positivo y paulatino.
¿Cuál fue el otro factor de reducción de hacinamiento?
Se hicieron adecuaciones de infraestructura en varios centros. Se incorporaron 909 camas, se construyeron comedores y se mejoró la calidad de alimentación.
¿En qué porcentaje reinciden los reos que salen libres?
Hay entre el 15 y 20% de reincidencia.
En este año se han filtrado videos desde adentro de las cárceles. ¿Cuáles son las medidas de control, tomando en cuenta que los presos no deberían tener teléfonos?
Desde que nos hicimos cargo del sistema penitenciario, tratamos de buscar medidas a corto, mediano y largo plazo. Estrategias que nos permitan ir fortaleciendo los sistemas de control del ingreso de productos; sin embargo, hacemos requisas casi todas las semanas, con la Policía Nacional, y seguimos encontrando que a la interna siguen existiendo celulares y sustancias de ingreso prohibido.
¿Cómo ven 2020 en tema presupuestario?
Nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Finanzas 113 millones de dólares. De estos, 17 millones se destinan a inversión y el restante es un presupuesto de gasto corriente.
Una gran cantidad (46%) de este dinero, que parece enorme, se destina a la alimentación ($2,50 por preso).
El resto es para los agentes de seguridad penitenciaria y la otra parte de gasto corriente se va al personal operativo y de mantenimiento (abogados, sicólogos, educadores).
La nueva proforma presupuestaria presentaba una reducción. ¿Han tenido acercamientos?
Tenemos un informe positivo y se va a hacer un esfuerzo con el sistema penitenciario para que nos atiendan lo solicitado.
¿Se descarta la reducción de presupuesto?
Aparentemente se descartaría, pero hay que ver lo que pase durante el año. Este 2019 estamos terminando con una ejecución del 86% del presupuesto y tuvimos 102 millones de dólares, incluidos los dineros facilitados durante la emergencia.
¿Qué harán con el déficit de 2.500 guías penitenciarios?
Hemos hecho un proceso de selección, durante seis meses, de jóvenes que quieran abrazar esta profesión delicada y compleja. Tenemos seleccionados alrededor de 500, esperamos que Finanzas nos dé el visto bueno del presupuesto para arrancar con la formación de agentes de seguridad penitenciaria.
¿Cómo erradicar la corrupción y evitar que los agentes penitenciarios sean parte?
La educación es fundamental para los cambios. Pensamos que con la profesionalización y jerarquización de acuerdo con su capacitación y tiempo de servicio debe ser evaluada y mejorada. (AVV)
La cabeza de un reo en medio de un patio. Un hombre mutilado e incinerado. Armas y drogas entrado en ambulancias o sobrevolando muros son algunas de las imágenes que dejó el sistema penitenciario ecuatoriano en este 2019.
La crisis fue tal que el Gobierno dispuso Estado de Excepción en las 68 prisiones del país. En ese lapso (mayo-agosto) se registraron 14 de las 32 muertes violentas de este año.
Desde junio, Edmundo Moncayo fue designado director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
El general en servicio pasivo reconoce que el presupuesto limita la lucha contra la corrupción. Aunque destaca que el último trimestre el balance es alentador.
¿Cuál es su evaluación del sistema en 2019?
El año empezó con un aparente ambiente de tranquilidad. Tuvo su pico más alto de violencia a fines de mayo. A partir de ahí, el Gobierno decretó Estado de Excepción y de Emergencia, a fin de facilitar las actividades para que el sistema penitenciario tenga los recursos económicos que faltaban para poder devolver a los centros una tranquilidad. Pienso que estamos finalizando el año con una tendencia hacia la baja (de tensiones).
¿Qué factores influyeron para la crisis y emergencia carcelaria?
Consideramos que lo que pasa en la parte exterior de los centros se refleja a la interna. Hubo una confrontación de organizaciones delictivas por la lucha de ciertos espacios de poder que ocasionaron ese incremento de la violencia en los centros de privación de libertad.
El hacinamiento es uno de los grandes conflictos. ¿Qué reflejan las estadísticas?
En hacinamiento, el punto más alto de este año fue 42,7% (marzo) y estamos terminando con el 33,1%.
¿Cómo redujeron las cifras?
Esto se ha logrado bajo dos parámetros fundamentales. El uno, la creación de jueces de garantías penitenciarias, en un convenio firmado con el Consejo de la Judicatura.
Antes, la acción de garantías penitenciarias era encargada a los jueces penales. Por lo que el enfoque hacia la brevedad de los trámites se frenó o se paraba por la carga o cantidad de trabajo que tenían los jueces penales. Con la creación de estos jueces (ocho en cuatro provincias), el proceso se ve más activo y más ágil.
¿Cómo ayuda al sistema la incorporación de estos jueces?
Las estadísticas indicaban que había 8.000 personas privadas de la libertad (PPL) que ya tenían ganados sus beneficios penitenciarios, de acuerdo con lo que dice el COIP (Código Orgánico Integral Penal), que indica que, cuando cumplió el 60% de la pena y asistió a los ejes de tratamiento (educativo, laboral, sicológico, deportivo y cultural) pueda mejorar su informe y dar un resultado favorable, para que en la carpeta de beneficios que va (dirigida) al juez de garantías penitenciarias sea positiva y así determine si su conducta aprueba para que salga a un sistema semiabierto. El SNAI sigue manteniendo y controlando a quienes están en este sistema a fin que su proceso de inclusión sea positivo y paulatino.
¿Cuál fue el otro factor de reducción de hacinamiento?
Se hicieron adecuaciones de infraestructura en varios centros. Se incorporaron 909 camas, se construyeron comedores y se mejoró la calidad de alimentación.
¿En qué porcentaje reinciden los reos que salen libres?
Hay entre el 15 y 20% de reincidencia.
En este año se han filtrado videos desde adentro de las cárceles. ¿Cuáles son las medidas de control, tomando en cuenta que los presos no deberían tener teléfonos?
Desde que nos hicimos cargo del sistema penitenciario, tratamos de buscar medidas a corto, mediano y largo plazo. Estrategias que nos permitan ir fortaleciendo los sistemas de control del ingreso de productos; sin embargo, hacemos requisas casi todas las semanas, con la Policía Nacional, y seguimos encontrando que a la interna siguen existiendo celulares y sustancias de ingreso prohibido.
¿Cómo ven 2020 en tema presupuestario?
Nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Finanzas 113 millones de dólares. De estos, 17 millones se destinan a inversión y el restante es un presupuesto de gasto corriente.
Una gran cantidad (46%) de este dinero, que parece enorme, se destina a la alimentación ($2,50 por preso).
El resto es para los agentes de seguridad penitenciaria y la otra parte de gasto corriente se va al personal operativo y de mantenimiento (abogados, sicólogos, educadores).
La nueva proforma presupuestaria presentaba una reducción. ¿Han tenido acercamientos?
Tenemos un informe positivo y se va a hacer un esfuerzo con el sistema penitenciario para que nos atiendan lo solicitado.
¿Se descarta la reducción de presupuesto?
Aparentemente se descartaría, pero hay que ver lo que pase durante el año. Este 2019 estamos terminando con una ejecución del 86% del presupuesto y tuvimos 102 millones de dólares, incluidos los dineros facilitados durante la emergencia.
¿Qué harán con el déficit de 2.500 guías penitenciarios?
Hemos hecho un proceso de selección, durante seis meses, de jóvenes que quieran abrazar esta profesión delicada y compleja. Tenemos seleccionados alrededor de 500, esperamos que Finanzas nos dé el visto bueno del presupuesto para arrancar con la formación de agentes de seguridad penitenciaria.
¿Cómo erradicar la corrupción y evitar que los agentes penitenciarios sean parte?
La educación es fundamental para los cambios. Pensamos que con la profesionalización y jerarquización de acuerdo con su capacitación y tiempo de servicio debe ser evaluada y mejorada. (AVV)
La cabeza de un reo en medio de un patio. Un hombre mutilado e incinerado. Armas y drogas entrado en ambulancias o sobrevolando muros son algunas de las imágenes que dejó el sistema penitenciario ecuatoriano en este 2019.
La crisis fue tal que el Gobierno dispuso Estado de Excepción en las 68 prisiones del país. En ese lapso (mayo-agosto) se registraron 14 de las 32 muertes violentas de este año.
Desde junio, Edmundo Moncayo fue designado director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de Libertad y a Adolescentes Infractores del Ecuador (SNAI).
El general en servicio pasivo reconoce que el presupuesto limita la lucha contra la corrupción. Aunque destaca que el último trimestre el balance es alentador.
¿Cuál es su evaluación del sistema en 2019?
El año empezó con un aparente ambiente de tranquilidad. Tuvo su pico más alto de violencia a fines de mayo. A partir de ahí, el Gobierno decretó Estado de Excepción y de Emergencia, a fin de facilitar las actividades para que el sistema penitenciario tenga los recursos económicos que faltaban para poder devolver a los centros una tranquilidad. Pienso que estamos finalizando el año con una tendencia hacia la baja (de tensiones).
¿Qué factores influyeron para la crisis y emergencia carcelaria?
Consideramos que lo que pasa en la parte exterior de los centros se refleja a la interna. Hubo una confrontación de organizaciones delictivas por la lucha de ciertos espacios de poder que ocasionaron ese incremento de la violencia en los centros de privación de libertad.
El hacinamiento es uno de los grandes conflictos. ¿Qué reflejan las estadísticas?
En hacinamiento, el punto más alto de este año fue 42,7% (marzo) y estamos terminando con el 33,1%.
¿Cómo redujeron las cifras?
Esto se ha logrado bajo dos parámetros fundamentales. El uno, la creación de jueces de garantías penitenciarias, en un convenio firmado con el Consejo de la Judicatura.
Antes, la acción de garantías penitenciarias era encargada a los jueces penales. Por lo que el enfoque hacia la brevedad de los trámites se frenó o se paraba por la carga o cantidad de trabajo que tenían los jueces penales. Con la creación de estos jueces (ocho en cuatro provincias), el proceso se ve más activo y más ágil.
¿Cómo ayuda al sistema la incorporación de estos jueces?
Las estadísticas indicaban que había 8.000 personas privadas de la libertad (PPL) que ya tenían ganados sus beneficios penitenciarios, de acuerdo con lo que dice el COIP (Código Orgánico Integral Penal), que indica que, cuando cumplió el 60% de la pena y asistió a los ejes de tratamiento (educativo, laboral, sicológico, deportivo y cultural) pueda mejorar su informe y dar un resultado favorable, para que en la carpeta de beneficios que va (dirigida) al juez de garantías penitenciarias sea positiva y así determine si su conducta aprueba para que salga a un sistema semiabierto. El SNAI sigue manteniendo y controlando a quienes están en este sistema a fin que su proceso de inclusión sea positivo y paulatino.
¿Cuál fue el otro factor de reducción de hacinamiento?
Se hicieron adecuaciones de infraestructura en varios centros. Se incorporaron 909 camas, se construyeron comedores y se mejoró la calidad de alimentación.
¿En qué porcentaje reinciden los reos que salen libres?
Hay entre el 15 y 20% de reincidencia.
En este año se han filtrado videos desde adentro de las cárceles. ¿Cuáles son las medidas de control, tomando en cuenta que los presos no deberían tener teléfonos?
Desde que nos hicimos cargo del sistema penitenciario, tratamos de buscar medidas a corto, mediano y largo plazo. Estrategias que nos permitan ir fortaleciendo los sistemas de control del ingreso de productos; sin embargo, hacemos requisas casi todas las semanas, con la Policía Nacional, y seguimos encontrando que a la interna siguen existiendo celulares y sustancias de ingreso prohibido.
¿Cómo ven 2020 en tema presupuestario?
Nosotros habíamos solicitado al Ministerio de Finanzas 113 millones de dólares. De estos, 17 millones se destinan a inversión y el restante es un presupuesto de gasto corriente.
Una gran cantidad (46%) de este dinero, que parece enorme, se destina a la alimentación ($2,50 por preso).
El resto es para los agentes de seguridad penitenciaria y la otra parte de gasto corriente se va al personal operativo y de mantenimiento (abogados, sicólogos, educadores).
La nueva proforma presupuestaria presentaba una reducción. ¿Han tenido acercamientos?
Tenemos un informe positivo y se va a hacer un esfuerzo con el sistema penitenciario para que nos atiendan lo solicitado.
¿Se descarta la reducción de presupuesto?
Aparentemente se descartaría, pero hay que ver lo que pase durante el año. Este 2019 estamos terminando con una ejecución del 86% del presupuesto y tuvimos 102 millones de dólares, incluidos los dineros facilitados durante la emergencia.
¿Qué harán con el déficit de 2.500 guías penitenciarios?
Hemos hecho un proceso de selección, durante seis meses, de jóvenes que quieran abrazar esta profesión delicada y compleja. Tenemos seleccionados alrededor de 500, esperamos que Finanzas nos dé el visto bueno del presupuesto para arrancar con la formación de agentes de seguridad penitenciaria.
¿Cómo erradicar la corrupción y evitar que los agentes penitenciarios sean parte?
La educación es fundamental para los cambios. Pensamos que con la profesionalización y jerarquización de acuerdo con su capacitación y tiempo de servicio debe ser evaluada y mejorada. (AVV)