Feliz año de infelices

Diego Cazar Baquero

“Creo que debes conocer que es un asunto de derechos laborales, por lo tanto la responsabilidad está en otro ministerio…”. La cita es de un tuit que me dirigió Amelia Ribadeneira, jefa de Despacho de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La funcionaria hablaba del caso de esclavitud en haciendas abacaleras denunciado por la Defensoría del Pueblo en febrero del 2019, que continúa impune.

Ese tuit evasivo del 12 de diciembre revela la postura de todo un Estado ante las viola-ciones de la empresa Furukawa desde su fundación, en 1963: reírse de nosotros.

Hasta la publicación de esta columna, nueve mecanismos de Naciones Unidas consultaron sobre el caso. El Comité DESC de la ONU mostró preocupación por las inacciones estatales y hace pocos días, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU dijo estar “profundamente preocupado por los informes de impunidad y las continuas violaciones de derechos humanos”, y exhortó a iniciar acciones de reparación integral, expropiar las tierras y cerrar la empresa.

Pero a los burócratas ‘felices’ esto les importa poco. Ante los pedidos, enviaron información falsa y quisieron dar por cerrado el caso.

Siete días antes de Navidad, el juez Carlos David Vera, de Santo Domingo, inadmitió una acción de protección presentada por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más a favor de los abacaleros. Dijo que “se encuentra vedado de conocer acciones jurisdiccionales fuera de la competencia que en razón de territorio la Ley le otorga”, cuando durante 56 años la esclavitud se encubrió desde esa misma jurisdicción.

El pasado 23 –víspera de Nochebuena–, la empresa demolió un campamento donde vivían algunos abacaleros, contraviniendo el proceso que la Fiscalía General del Estado lleva adelante, que está en etapa de investigación previa, y alterando sitios que deben someterse a inspección ocular.

Concluye un año infeliz mientras esos funcionarios ‘felices’ degustan su cena y tuitean acerca del paraíso que nos quieren vender. Ahora mismo, los abacaleros y sus familias no entienden por qué esos ‘felices’ les tratan como se trata a la basura.

[email protected]

Diego Cazar Baquero

“Creo que debes conocer que es un asunto de derechos laborales, por lo tanto la responsabilidad está en otro ministerio…”. La cita es de un tuit que me dirigió Amelia Ribadeneira, jefa de Despacho de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La funcionaria hablaba del caso de esclavitud en haciendas abacaleras denunciado por la Defensoría del Pueblo en febrero del 2019, que continúa impune.

Ese tuit evasivo del 12 de diciembre revela la postura de todo un Estado ante las viola-ciones de la empresa Furukawa desde su fundación, en 1963: reírse de nosotros.

Hasta la publicación de esta columna, nueve mecanismos de Naciones Unidas consultaron sobre el caso. El Comité DESC de la ONU mostró preocupación por las inacciones estatales y hace pocos días, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU dijo estar “profundamente preocupado por los informes de impunidad y las continuas violaciones de derechos humanos”, y exhortó a iniciar acciones de reparación integral, expropiar las tierras y cerrar la empresa.

Pero a los burócratas ‘felices’ esto les importa poco. Ante los pedidos, enviaron información falsa y quisieron dar por cerrado el caso.

Siete días antes de Navidad, el juez Carlos David Vera, de Santo Domingo, inadmitió una acción de protección presentada por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más a favor de los abacaleros. Dijo que “se encuentra vedado de conocer acciones jurisdiccionales fuera de la competencia que en razón de territorio la Ley le otorga”, cuando durante 56 años la esclavitud se encubrió desde esa misma jurisdicción.

El pasado 23 –víspera de Nochebuena–, la empresa demolió un campamento donde vivían algunos abacaleros, contraviniendo el proceso que la Fiscalía General del Estado lleva adelante, que está en etapa de investigación previa, y alterando sitios que deben someterse a inspección ocular.

Concluye un año infeliz mientras esos funcionarios ‘felices’ degustan su cena y tuitean acerca del paraíso que nos quieren vender. Ahora mismo, los abacaleros y sus familias no entienden por qué esos ‘felices’ les tratan como se trata a la basura.

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Diego Cazar Baquero

“Creo que debes conocer que es un asunto de derechos laborales, por lo tanto la responsabilidad está en otro ministerio…”. La cita es de un tuit que me dirigió Amelia Ribadeneira, jefa de Despacho de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La funcionaria hablaba del caso de esclavitud en haciendas abacaleras denunciado por la Defensoría del Pueblo en febrero del 2019, que continúa impune.

Ese tuit evasivo del 12 de diciembre revela la postura de todo un Estado ante las viola-ciones de la empresa Furukawa desde su fundación, en 1963: reírse de nosotros.

Hasta la publicación de esta columna, nueve mecanismos de Naciones Unidas consultaron sobre el caso. El Comité DESC de la ONU mostró preocupación por las inacciones estatales y hace pocos días, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU dijo estar “profundamente preocupado por los informes de impunidad y las continuas violaciones de derechos humanos”, y exhortó a iniciar acciones de reparación integral, expropiar las tierras y cerrar la empresa.

Pero a los burócratas ‘felices’ esto les importa poco. Ante los pedidos, enviaron información falsa y quisieron dar por cerrado el caso.

Siete días antes de Navidad, el juez Carlos David Vera, de Santo Domingo, inadmitió una acción de protección presentada por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más a favor de los abacaleros. Dijo que “se encuentra vedado de conocer acciones jurisdiccionales fuera de la competencia que en razón de territorio la Ley le otorga”, cuando durante 56 años la esclavitud se encubrió desde esa misma jurisdicción.

El pasado 23 –víspera de Nochebuena–, la empresa demolió un campamento donde vivían algunos abacaleros, contraviniendo el proceso que la Fiscalía General del Estado lleva adelante, que está en etapa de investigación previa, y alterando sitios que deben someterse a inspección ocular.

Concluye un año infeliz mientras esos funcionarios ‘felices’ degustan su cena y tuitean acerca del paraíso que nos quieren vender. Ahora mismo, los abacaleros y sus familias no entienden por qué esos ‘felices’ les tratan como se trata a la basura.

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Diego Cazar Baquero

“Creo que debes conocer que es un asunto de derechos laborales, por lo tanto la responsabilidad está en otro ministerio…”. La cita es de un tuit que me dirigió Amelia Ribadeneira, jefa de Despacho de la ministra de Gobierno, María Paula Romo. La funcionaria hablaba del caso de esclavitud en haciendas abacaleras denunciado por la Defensoría del Pueblo en febrero del 2019, que continúa impune.

Ese tuit evasivo del 12 de diciembre revela la postura de todo un Estado ante las viola-ciones de la empresa Furukawa desde su fundación, en 1963: reírse de nosotros.

Hasta la publicación de esta columna, nueve mecanismos de Naciones Unidas consultaron sobre el caso. El Comité DESC de la ONU mostró preocupación por las inacciones estatales y hace pocos días, el Grupo de Trabajo de Expertos sobre Afrodescendientes de la ONU dijo estar “profundamente preocupado por los informes de impunidad y las continuas violaciones de derechos humanos”, y exhortó a iniciar acciones de reparación integral, expropiar las tierras y cerrar la empresa.

Pero a los burócratas ‘felices’ esto les importa poco. Ante los pedidos, enviaron información falsa y quisieron dar por cerrado el caso.

Siete días antes de Navidad, el juez Carlos David Vera, de Santo Domingo, inadmitió una acción de protección presentada por el Comité de Solidaridad Furukawa Nunca Más a favor de los abacaleros. Dijo que “se encuentra vedado de conocer acciones jurisdiccionales fuera de la competencia que en razón de territorio la Ley le otorga”, cuando durante 56 años la esclavitud se encubrió desde esa misma jurisdicción.

El pasado 23 –víspera de Nochebuena–, la empresa demolió un campamento donde vivían algunos abacaleros, contraviniendo el proceso que la Fiscalía General del Estado lleva adelante, que está en etapa de investigación previa, y alterando sitios que deben someterse a inspección ocular.

Concluye un año infeliz mientras esos funcionarios ‘felices’ degustan su cena y tuitean acerca del paraíso que nos quieren vender. Ahora mismo, los abacaleros y sus familias no entienden por qué esos ‘felices’ les tratan como se trata a la basura.

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