Denuncia contra Karina Arteaga por gestión de cargos públicos

DOCUMENTO. El asambleísta Fabricio Villamar presentó la denuncia en Gestión Documental de la Asamblea.
DOCUMENTO. El asambleísta Fabricio Villamar presentó la denuncia en Gestión Documental de la Asamblea.

El legislador Fabricio Villamar ingresó ayer una denuncia en la Asamblea en contra de la oficialista Karina Arteaga. De acuerdo con Villamar, la legisladora por Manabí habría incurrido en la prohibición de gestionar cargos públicos, tras las denuncias de sus excolaboradores de presunto cobro de ‘diezmos’ para mantenerse en sus cargos.

Villamar sustentó su pedido en videos y otras pruebas, con las que sostiene que “una de las causales para la destitución de un asambleísta es por gestión de cargos públicos”. A esto se sumaría que en Manabí miembros cercanos a su familia ejercen cargos en instituciones públicas. Él solicitará que los exfuncionarios que han señalado que fueron objeto de extorsión den sus versiones en la Asamblea.

Arteaga es profesora y fue concejala de Chone. Este es su primer periodo en la Asamblea, en el que ha sido parte de la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que actualmente preside, y de Fiscalización. Según su despacho, hoy dará una rueda de prensa en la que se pronunciará sobre la denuncia.

Procedimiento

EL DATO
La asambleísta tiene una indagación previa abierta en la Fiscalía por un presunto caso de ‘diezmos’. Según la Ley Orgánica de la Función Legislativa, cuando los legisladores incurren una prohibición se puede realizar una investigación, para lo cual se requiere una denuncia juramentada, suscrita por uno o más asambleístas. Esta debe estar motivada y dirigida al presidente de la Asamblea, quien debe poner en conocimiento del Consejo de Administración Legislativa (CAL).

El CAL debe calificar la solicitud en un plazo máximo de cinco días desde la fecha de presentación. Si es que pasa, se conforma una comisión multipartidista, con un máximo de tres asambleístas, que debe emitir un informe en 10 días, después de haber permitido al investigado ejercer su derecho a la defensa. Finalmente, el caso se trata en el Pleno, donde el asambleísta puede ser destituido. (AGO)