La funcionaria encargada del Servicio Aduana de Ecuador habla de sus alcances y de las metas futuras desde su cargo.
María Alejandra Muñoz es la primera mujer en dirigir el Servicio Nacional de Aduana, cargo que ocupa desde septiembre de 2018. Su objetivo: constituir un sistema enfocado a la facilitación del comercio en la simplificación de los trámites y en la lucha contra la corrupción. En su política de gestión, la abogada guayaquileña también destaca la inserción de la mujer en un 85% en la entidad. Desde su despacho, en el piso 13 del incautado edificio La Previsora, cuenta algunos de los proyectos que ha podido cumplir en su gestión, así como los objetivos que espera cumplir en el futuro.
Hasta el momento, ¿qué resultados deja el Plan de Integridad Aduanera, que mantendrá hasta 2021?
Nuestra meta es reducir tiempos, simplificar procesos, mejorar la tecnología y que el funcionario se sienta bien. En Ecuador, el 74% de mercancías, después del trabajo de 2019, se desaduanizan en menos de dos horas. El 26% tiene un promedio de 3,5 días para salir: en 2017, eran 5,5 días. La meta es llegar a 2,5 días promedio hasta 2021. El ahorro, de acuerdo con la Organización Mundial de Aduanas y la Organización Mundial de Comercio, sería de hasta un 13% de sus costos, si cumplimos el objetivo.
¿La homologación del Código de Operador de Comercio Exterior en qué porcentaje ayudó?
Por primera vez se hizo el catastro real de los operadores de comercio internacional. Desde 2019, su único código es el RUC. Simplificamos los procesos con un solo código, el cual permite que SRI y Aduana manejen una información y se evita la defraudación tributaria y aduanera. De un universo de 58.000 usuarios, se quedaron en el catastro 26.000. Firmamos acuerdos tanto con la UAFE y el SRI para trabajar en conjunto. Esto permite reducir los tiempos, tener austeridad y, por último, tener un mayor control.
¿Cómo controla las exoneraciones tras el Plan Retorno?
Existen cuatro pilares de exoneración muy sensibles: menajes de casa, migrantes, vehículos para personas con discapacidad y diplomáticos y artículos artísticos. Hicimos la trazabilidad de información con el SRI para no permitir que se compren cupos y se utilicen a las personas con discapacidad para hacer importaciones y débitos.
¿Cuál es la cifra de obligaciones pendientes?
Encontramos un registro de 500 millones de dólares de obligaciones pendientes con la Aduana, sin que estuviera en el sistema definido el estatus de esas liquidaciones. Después de un año, identificamos cuáles están y no impugnadas. Estamos en un proceso de cobro de 65 millones dólares.
¿Cómo se mitiga el contrabando en el control técnico y abierto?
No se puede luchar ni con el contrabando técnico y abierto sino es en la misma mesa con el sector privado. En fronteras, firmamos acuerdos con las Fuerzas Armadas, la Unidad de Vigilancia Aduanera y la Policía, para actuar articuladamente. Trabajamos de forma binacional con Colombia y Perú. En esa línea, una de las formas más eficientes es la tecnología. Nosotros estamos en un proceso para conseguir fondos que nos permitan implementar mayores herramientas y actualizar la plataforma tecnológica.
¿Qué medidas se implementan en los puntos ilegales?
Tenemos registrado 95 pasos ilegales: 48 al norte y 47 al sur. Hacemos uso de las herramientas compartidas con la Policía y las Fuerzas Armadas. Vamos trabajando entre las instituciones y fortalecemos la coordinación para un control efectivo.
¿Está lejos la georreferenciación?
El país debiera ir hacia la georreferenciación de vehículos en la fronteras, hacia donde todos los procesos sean trazables. Los primeros pasos han sido la rectificación del acuerdo de facilitación del comercio, el fortalecimiento del perfilador de riesgo, el rompimiento de barreras no arancelarias, la reestructura orgánica y hemos implementado un convenio con EE.UU. para la perfilación de riesgos de contenedores.
¿Cómo está el trabajo en el interior institucional?
Mi primera firma la invertí en el fortalecimiento ético y lucha contra la corrupción. En términos de tecnología, incrementamos huellas de auditoría que permiten limitar accesos de funcionarios y realizar auditorías cruzadas para saber cómo están actuando los funcionarios. En 2018, se ajustaron 50 millones de dólares; en 2019, crecimos a más de 60 millones, y abriendo 5.000 contenedores menos.
¿La Aduana es un ente de confianza?
En los últimos años era utilizada como brazo ejecutor de las restricciones y reducción de importaciones. Hemos logrado pasar de una Aduana tradicional a una que debe responder a un acuerdo de facilitación del comercio.
¿La entidad sigue la austeridad del Gobierno?
El nuevo orgánico funcional fue presentado al Ministerio de Trabajo. Va a ajustar la estructura de la Aduana enfocándose en el usuario y el control técnico. Esto implica una reducción del tamaño de la institución en un 20%.
¿Implica despidos de personal?
Semanas atrás se compraron 95 renuncias. Hemos hecho todo un ejercicio de disminución, y esto es muy simple. Si teníamos 1.100 técnicos en 2007, cuando no existía una plataforma tecnológica, y en 2012 se compró una plataforma que le costó al país 30 millones de dólares, no puede ser que en 2017 haya 1.600 empleados. Cuando se empiezan a ejecutar compras de renuncia, que no hace feliz a cualquiera, no deja de ser duro, pero es legal. Debemos entender que no podemos ser quistes del Estado.
Perfil
° La actual ‘cabeza’ del Servicio de Aduana se ha desempeñado como subsecretaria de Agenda Presidencial Estratégica y subsecretaria general de Gobierno y Policía. Se graduó de Abogada en la Universidad Espíritu Santo de Guayaquil y es Máster en Prevención de violencia de género – Políticas de inclusión por la Universidad de Salamanca.
Gestión
En cifras
° 65 millones están en proceso de cobro en ajustes de la declaración.
° Desde su gestión se registran más de 110 millones de dólares aprehendidos y más de 150 millones ajustados en la declaración.
«No se puede luchar ni con el contrabando técnico y abierto sino es en la misma mesa con el sector privado”.